La Junta critica al Gobierno por su desinterés en el pacto de la inmigración

A pesar de ello, Pedro Moya -(Córdoba, 1947), doctor en Filosofía y Letras, licenciado en Derecho y diputado en el Congreso durante seis legislaturas- descarta contemplar 'el escenario del fracaso de la vía persuasiva' para convencer a las administraciones locales, entidades y partidos de la necesidad de remediar las condiciones de alojamiento de los extranjeros que trabajan en la comarca de Poniente.

La política de alojamientos constituye, para Moya, la principal 'sombra' en materia de medidas inmigratorias de las que competen a la Junta, aunque insiste en que 'requiere un esfuerzo coordinado por parte de todas las administraciones'. No obstante, defiende que 'se han encarrilado los problemas' en el ámbito sanitario, educativo y de asistencia social: 'Siendo la tercera comunidad en número de inmigrantes, es la primera en políticas de inmigración; las tareas están bien hechas'.

Más crítico se muestra con el papel del Gobierno, al que reprocha el haber 'fomentado' la inmigración irregular 'al no poner una política de cupos razonable ni gestionar convenios con otros países'. La gestión de los flujos legales de la inmigración constituye, en su opinión, 'el fracaso más clamoroso' del Ejecutivo.

El responsable de políticas migratorias lamenta, asimismo, la falta de respuesta de la Administración central para firmar un convenio con la andaluza, que le planteó el presidente Manuel Chaves al secretario de Estado para la Inmigración y la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, el pasado enero. Moya defiende que la Junta mantiene una clara predisposición a la colaboración, a pesar de que fracasó el intento de consensuar la Ley de Extranjería en el Congreso: 'Veníamos de un escenario en el que no se había producido pacto a nivel nacional y, sin embargo, no ha sido obstáculo para hacer ese esfuerzo a nivel andaluz'.

En los últimos meses, el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, ha reiterado por escrito al Gobierno su disposición a cerrar un acuerdo que contemple la creación de una comisión mixta entre ambas administraciones, donde se determinen las responsabilidades y las aportaciones presupuestarias de cada una. 'Estamos dispuestos a que las políticas que tuvieran responsabilidades compartidas tengan financiaciones compartidas', expone Moya, antes de denunciar la falta de respuesta y el silencio de la Administración central a la oferta andaluza. 'Estamos convencidos de que para que tengan éxito las políticas de inmigración requerirán de un esfuerzo coordinado, pero eso no es una frase ni una pose', apostilla.

La dirección general de Políticas Migratorias está volcada en la elaboración del primer plan integral de la inmigración, que se presentará en el Parlamento y en el Foro Andaluz de la Inmigración, una vez constituido. Moya sostiene que, a diferencia del plan GRECO del Gobierno, 'no se va a contentar con ser un catálogo de medidas' y, además, tendrá 'su reflejo presupuestario' que considera fundamental para 'la credibilidad' del plan.