Centroamérica batalla contra la corrupción de las instituciones

'Esto es una bomba de relojería', opina Maribel Sánchez,una de las pocas periodistas hondureñas independientes, sobre la situación de su país. 'Creímos que, tras el huracán Mitch, se entraría en una nueva etapa de transparencia. Hubo una efervescencia inicial. Pero nos equivocamos'.

Tres años después de que el Mitch arrasara Honduras, se han hecho muchas obras de reconstrucción. 'Pero nadie habla de fortalecer las instituciones', y continúa dándose una corrupción galopante, se queja Sánchez. Esta periodista dirige un controvertido programa de radio, Contrapunto, desde el que ha denunciado numerosos casos de malversación, nepotismo y tráfico de influencias. 'La gente está harta, la menor cosa va a provocar una reacción violenta', dice. 'Lo sé por las llamadas que recibo a diario en mi emisora'.

Casi el 60% de los centroamericanos viven por debajo de la línea de la pobreza. La situación económica, en algunos casos agravada por desastres naturales que han supuesto retrocesos de décadas, es un caldo de cultivo para la corrupción.

De acuerdo con el último informe de percepción de corrupción elaborado por Transparencia Internacional, Honduras -en el puesto 94, entre 99 países- es el país más corrupto de Latinoamérica. De la región centroamericana, le siguen Nicaragua (70), Guatemala (68), El Salvador (49) y Costa Rica (32). España, por ejemplo, quedó en la posición 22, junto con Francia.

Así como la pobreza y el subdesarrollo crean condiciones aptas para el florecimiento de prácticas corruptas, la corrupción es, a su vez, una especie de impuesto a la pobreza. El Banco Mundial calcula que los proyectos en países corruptos pueden costar entre un 15 y un 30% más que un ambiente de transparencia.

Los expertos coinciden en que un paso clave en el desarrollo de estos países es el fortalecimiento de las instituciones, especialmente las supervisoras, como las contralorías -que vigilan las cuentas estatales-, las fiscalías generales y los órganos legislativo y judicial. Muchas de estas entidades son inoperantes.

En Honduras, por ejemplo, se dan situaciones absurdas como que el presupuesto general de la nación se presenta 'minutos' antes de su votación en la Asamblea, o 'se nombra a personas corruptas en la comisión que debe reformar el sistema judicial', asegura Sánchez. Según esta periodista hondureña, el Gobierno manipuló los datos sobre los efectos del Mitch y la forma en la que se manejaron las ayudas, y benefició con contratos a empresas de familiares.

Más recientemente, en El Salvador, hay quejas semejantes sobre la poca transparencia con que se han manejado las ayudas a los damnificados. Ricardo Córdova, un economista que trabaja para una ONG, ha denunciado una excesiva concentración e ineficacia en los esfuerzos de asistencia tras los terremotos de principios de año.

Pero estos países también experimentan iniciativas contrarias a la corrupción. Agustín Artiga, fiscal general de El Salvador, por ejemplo, ha puesto en marcha un plan de depuración en el Ministerio Público. Sus objetivo es terminar con el 'alto grado de corrupción' dentro de la institución, donde, según dice, 'las paredes oyen...'. 'No empezábamos a diseñar la estrategia de una investigación, cuando los delincuentes ya la conocían', explica.

Cuando llegó del sector privado a la Fiscalía General hace poco más de un año, Artiga se dio cuenta de que la principal entidad fiscalizadora del país tenía que ser investigada para ser operativa. Como consecuencia de su plan de depuración, 50 personas fueron separadas de sus cargos, unos 60 fiscales han sido encausados y otros 60 jueces, investigados.

Entretanto, descubrió desde ejemplos de negligencia dirigida a favorecer a alguna parte en un conflicto judicial, hasta historias de horror como la de un fiscal que atendía quejas de violencia familiar que abusó en su despacho de una mujer maltratada, o el de una ordenanza que, tras quedar embarazada por un fiscal, abortó en la misma oficina. 'Hemos tenido que clasificar las faltas, de forma que determinemos cuáles ameritan destitución', dice Artiga.

En cuestión de un par de meses, este fiscal planea diseñar un plan que parta del 'borrón y cuenta nueva' con los funcionarios que queden. Pero 'la corrupción está a todos los niveles. Todas las instituciones deben hacer este mismo proceso', asegura.

Artiga nombró a Roberto Vidales, del Centro de Estudios Jurídicos, fiscal especial encargado de investigar la obtención de títulos universitarios falsos o concedidos de forma irregular a miembros del órgano judicial. Era la primera vez en la historia que se nombraba uno.

'Universidad de garaje'

Vidales apenas acaba de comenzar a indagar, y lo que ha descubierto lo tiene boquiabierto: uno de cada tres jueces, magistrados del Tribunal Supremo, abogados en ejercicio y fiscales obtuvo su título en una Universidad de garaje. La lista contiene, sin mencionar nombres propios, 'un hermano de un ministro, un hermano del superintendente de la comisión de electricidad, la esposa de un magistrado de la Corte Suprema, un ex magistrado, el primo de un magistrado, los gerentes de los mayores bancos, el staff legal completo de varios de los mayores bancos, dos personas del Departamento Jurídico de Seguridad Pública...'. La lista sigue y sigue.

Durante los años de la guerra, se cerró la Universidad de El Salvador, y muchos estudiantes se quedaron en el aire. Al calor del cerrojazo, surgieron Universidades que se dedicaron a vender títulos o a concederlos sin los requisitos mínimos. 'El problema va a ser encontrar al juez imparcial que quiera perseguir estos casos', dice un abrumado Vidales. Artiga, por su lado, se pregunta '¿qué clase de justicia se puede esperar de un juez que obtuvo su título así?'

En Honduras, este movimiento de reacción ante la corrupción se ha manifestado entre organizaciones no gubernamentales y periodistas independientes, que tratan de organizarse para exigir cambios. Interforos, una iniciativa que agrupa a varias ONGs, está también haciendo énfasis en la necesidad de depurar los organismos auditores. La agrupación denunció recientemente los 'débiles mecanismos de coordinación que el Gobierno mantiene con todos los sectores de la sociedad civil y la poca transparencia con éstos en sus políticas de información'. Para Sáchez, la clave está en la transformación del legislativo, donde trabajó durante años, el organismo que tiene la clave de cualquier cambio. Nadie audita a la Asamblea, dice, pero es esta institución la que elige al contralor y al fiscal general.

En Nicaragua, también hubo una ola anti-corrupción, pero ha sufrido serios reveses, hasta el punto de que varias agencias de cooperación se retiraron del país tras detectar casos de malversación de fondos. Agustín Jarquín, antiguo contralor y actual impulsor de una alianza política con fines electorales para los comicios de noviembre, cuenta cómo 'personas que fueron buenos amigos dejaron de serlo' cuando asumió su cargo, en 1996. El ex contralor investigó al ex ministro de Gobernación y al de Economía, a altos funcionarios del Banco Central, al ex director del Seguro Social, al ex director de Instituto de Vivienda, al director de Correos y al ex director de Aduanas y al de Ingresos de las administraciones de Violeta Chamorro y Arnoldo Alemán. 'Fue una gestión fuerte, que despertó muchas críticas', admite. En julio pasado, Jarquín renunció en medio de la polémica, después de haber sido acusado de corrupción él mismo, aunque rechaza las acusaciones como parte de una trampa tendida por Alemán.

Jim Wesberry, del programa Americas Accountability/Anti-corruption (AAA), resume que se dan dos tendencias, igualmente potentes y contrarias: la 'erupción de la corrupción' y la 'erupción de la anti-corrupción'. La primera evoluciona a la misma velocidad que la tecnología que la hace posible; la segunda 'es la reacción espontánea de repulsión, rechazo y repudio' de una población cada vez más intolerante con la corrupción.