El conflicto laboral de Rota 'enturbia' la renegociación del tratado con EE UU

El tiempo se echa encima. El Gobierno español pretendía, como declaró el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, en la entrevista publicada por EL PAÍS el 25 de septiembre de 2000, que el conflicto laboral de Rota estuviese resuelto antes de que se iniciara la renegociación formal del tratado. Pero la pasada semana, mientras una delegación de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa viajaba a Washington para presentar las propuestas españolas de modificación del convenio, la base de Rota vivía la huelga más larga de su historia, de seis días de duración.

El desencadenante de este conflicto -que puede 'enturbiar' la renegociación del convenio militar, según ha advertido el Gobierno español a EE UU- está en la Ley de Acompañamiento de los Presupuesto Generales del Estado de 2000, que eliminó la exención fiscal que desde 1971 disfrutaba el llamado 'complemento salarial americano'. Esta reforma legal supuso para los trabajadores españoles la pérdida de entre el 10% y el 30% de sus retribuciones. Ello se sumó a una congelación de los salarios reales desde 1989 y a la imposibilidad de negociar su poder adquisitivo, por impedirlo el convenio con EE UU.

La reivindicación de los trabajadores ha encontrado un apoyo social y político sin precedentes. La Comisión de Defensa del Congreso aprobó el pasado 7 de noviembre, por unanimidad, una moción de respaldo y la pasada semana, en plena huelga, sus representantes fueron recibidos en las Cortes por diputados de los Grupos Popular y Socialista.

Amnistía fiscal

La Administración norteamericana aduce que su legislación interna le impide conceder un aumento como el que pretenden los trabajadores y que el problema 'lo ha creado unilateralmente el Gobierno español al eliminar la exención fiscal, por lo que es éste quien debe resolverlo'. Como máximo, está dispuesta a buscar alguna 'fórmula de compensación' sufragada conjuntamente.

Pero el Gobierno español replica que él ya ha asumido su parte. La Ley de Acompañamiento de 2000 incluyó también una amnistía fiscal en virtud de la cual Hacienda renunció a cobrar los impuestos pendientes de los cinco años anteriores y levantó los embargos que, por valor de unos 3.000 millones de pesetas, pesaban sobre los trabajadores.

El problema no es sólo salarial. Desde 1997, el personal local empleado en la base ha pasado de casi 1.600 a menos de 1.200. El Gobierno español autorizó en enero a EE UU a potenciar Rota con la construcción de 16 aparcamientos para aviones de transporte estratégico, por valor de 125 millones de dólares (más de 23.000 millones de pesetas), alegando que ello redundaría en el desarrollo económico de la zona.

Pero el Comité de Establecimiento acaba de revelar un documento norteamericano que anuncia ocho nuevos despidos en los próximos meses. Defensa sostiene que está atado de pies y manos. Aunque formalmente es este ministerio el que despide, el convenio dice que, si en 90 días no da luz verde a las peticiones de reducción de plantilla, EE UU deja de pagar los salarios.

Las retribuciones de los trabajadores españoles suponen, además, el único beneficio indirecto para el Ayuntamiento de Rota, que no percibe ningún impuesto sobre las actividades económicas que se desarrollan en la base, a pesar de que ésta ocupa un tercio de su término municipal.En estas condiciones, el punto más urgente del documento presentado en Washington por los representantes del Gobierno español es la resolución del conflicto de Rota y el segundo, la modificación del anejo ocho del convenio, sobre asuntos laborales.

Defensa no quiere seguir sirviendo de intermediario entre los trabajadores españoles y la Administración de EE UU, cuyos intereses y decisiones está obligado legalmente a defender, sin posibilidad de influir en ellos, como se ha visto en la práctica. En 1997 se firmó el primer, y hasta ahora último, convenio colectivo.

Las movilizaciones de los trabajadores, que bloquearon la entrada de la base durante seis meses el año pasado, han supuesto un centenar de sanciones administrativas, por valor de más de 19 millones de pesetas, y una decena de procesos judiciales. Dos miembros del Comité de Establecimiento, entre ellos su presidente, Julio Malvido, han sido ya condenados a seis meses de cárcel por resistencia a la autoridad. Y a Malvido, con dos trabajadores más, le espera otro juicio en el que el fiscal pide hasta tres años de prisión por desórdenes públicos, atentado y lesiones.

Con este panorama convulso, el Rey tiene previsto visitar Rota durante la segunda quincena de mayo. Será su primera visita a la base de utilización conjunta en más de una década, desde 1990.