Las declaraciones de 'ruina inminente' se han triplicado tras el derrumbe en la calle de Gaztambide

'En marzo hemos decretado 15 declaraciones de ruina, cuando hasta ahora había una media mensual de cinco', señala el gerente de Urbanismo, Luis Armada. En 1999 hubo 38 declaraciones de ruina inminente, según la memoria de actividad publicada en el año 2000. Tres de los 15 edificios a los que Urbanismo ha incluido este mes en dicha clasificación -ubicados en las calles de la Palma, 51; Lavapies, 13, y Oviedo, 16- se encuentran protegidos; su deterioro confirma, según la concejal socialista Matilde Fernández, el abandono 'del PP del patrimonio madrileño'. 'Parece que, con la excusa de que se han caído dos edificios, van a dar luz verde al derribo de inmuebles. El hecho de que apenas en un mes haya un número tan significativo de decretos que ordenan obras de seguridad revela todo lo que no se ha hecho en estos años', afirma Fernández.

'Está claro que la alarma social ha generado el temor de que se caigan más casas y en Gerencia se han puesto a tomar medidas', opina Justo Calcerrada, de IU. 'Hay un claro incremento en el número de actuaciones; cuando estos días hemos preguntado por algún edificio, enseguida aparecía anotada en el expediente una actuación reciente', añade.

Desde el grupo socialista se muestran más críticos. 'Ha hecho falta que se caigan varios inmuebles para que se pongan a hacer cosas y, sobre todo, para que el gerente se entere de cómo está el patrimonio. Esas ruinas son siempre provocadas a favor del mercado inmobiliario, y el Ayuntamiento no hace nada para parar eso', enfatiza Fernández. Urbanismo tiene en tramitación 60 expedientes de ruina, y, según el gerente, se concede en torno al 50% de las solicitadas.

Derribos encubiertos

La declaración de ruina autoriza a los propietarios a desalojar a los inquilinos, generalmente personas muy mayores que pagan una renta antigua, y a derribar el inmueble. Algo que ocurre también, en ocasiones, al amparo de los decretos que ordenan tomar medidas de seguridad. 'El departamento de control de la edificación actúa de tal forma que las obras a realizar como medidas de seguridad se convierten de hecho en licencias encubiertas de reestructuración, sustitución y demolición', admiten técnicos de Urbanismo.

'La empresa se presenta en la casa con la excusa de que tiene que hacer obras ordenadas por Gerencia y pide un desalojo provisional. Poco a poco van demoliendo tabiques y muros de carga hasta que el edificio se convierte en un cascarón hueco', explica un vecino afectado. 'Cuando del inmueble protegido apenas queda nada, la empresa solicita la licencia necesaria para una rehabilitación integral, y de un piso de 180 metros cuadrados sacan tres apartamentos que venden a 700.000 pesetas el metro cuadrado. Los vecinos desalojados nunca consiguen volver a su casa, porque ha desaparecido', concluye uno de los técnicos de Urbanismo.

Luis Armada reconoce que varios de los expedientes abiertos en el departamento de Disciplina Urbanística responden a ese tipo de actuaciones. Precisamente por extralimitarse en las obras de seguridad decretadas, Gerencia paralizó el pasado 9 de marzo los trabajos que se llevaban a cabo en el número 8 de la calle de La Bola. Una inspección, realizada tras reiteradas denuncias del único vecino que queda en el inmueble, reveló que se habían tirado más de setenta tabiques, 'sobrepasando más que en exceso los trabajos ordenados', según el informe que elaboró Urbanismo a primeros de marzo. Una nueva inspección efectuada el día 26 puso de manifiesto que la empresa no había acatado la orden de paralización. Los técnicos han observado el mismo tipo de actuación en otros dos edificios protegidos y adquiridos por el mismo grupo inmobiliario.

'En el número 4 de la calle de Calderón de la Barca, frente a la plaza de la Villa, han derribado la escalera, que estaba protegida; en la plaza de San Martín, 2, donde también se realizaban obras de seguridad, han demolido parte de la fachada', explica Luis Armada.

En ese último edificio la empresa tendrá que 'reconstruir la parte de la fachada derruida', mientras que por los daños causados en los otros dos edificios 'se les impondrá una multa'. 'En todos los casos se abre un expediente sancionador que concluye con una multa cuya cuantía económica depende de cada caso. Suele ser el doble del valor de lo demolido o construido abusivamente', continúa Armada, que el pasado viernes se reunió con el representante de las empresas que han demolido sin licencia parte de los inmuebles de Bola, 8; plaza de San Martín, 2, y Calderón de la Barca, 4.

El portavoz de dichas empresas, José Antonio Lobato, rechaza que se haya producido un derribo intencionado. 'No se ha derribado nada. Se han derruido ciertas cosas por el mal estado del edificio y las lluvias. En la plaza de San Martín lo importante es que no se nos ha quedado nadie debajo de lo derrumbado, porque ahí no nos han dejado actuar como debíamos', dice Lobato.

Gerencia paralizó también el pasado viernes las obras que se realizan en la calle del Príncipe de Vergara, 79, donde se ha derribado la fachada de un inmueble que contaba con protección ambiental. 'La empresa tiene una licencia muy amplia para actuar en el edificio, pero en ningún caso podía demoler la fachada', advierte Armada. En este caso no se le va a imponer a la empresa la reconstrucción de lo derruido. 'Sanción va a tener, pero, cuando se trata de protección ambiental, el grado más bajo de protección, la Comisión de Patrimonio está más en la línea de que se produzca una actuación de arquitectura de calidad de hoy', concluye el gerente.