Chile busca inversores para empresas de servicio de aguas
El Gobierno del socialista Ricardo Lagos ha dado a conocer esta semana el futuro de las ocho compañías chilenas de abastecimiento de aguas que todavía están en manos del sector público y que dan servicio a uno de cada cuatro usuarios de agua potable. En vez de privatizarlas, su administración será ofrecida en régimen de concesión y por un periodo de dos a tres décadas. La operación se iniciará este año con las empresas de Servicios Sanitarios del Maule (Essam) y la de la Araucanía (Essar) y prosiguirá hasta el 2003 con las seis restantes.
El anuncio, que ha abierto un fuerte debate con la derecha, implica modificar el sistema que se había previsto en la Concertación, la alianza de centro izquierda que gobierna Chile por tercera vez consecutiva desde 1990, cuando terminó la dictadura de Pinochet. Aunque en 1997, durante la presidencia del democratacristiano Frei, se dictó una ley que permitía privatizar o adjudicar en concesión este tipo de compañías, hasta ahora el destino de las mayores (Esval, Emos, Essel, Essal y Essbío, que abastecen al 74% de los usuarios de agua potable del país) ha sido su traspaso al sector privado después de una licitación, con el esquema de un aumento de capital.
El proceso para licitar la concesión de Essam y Essar será rápido, pues el Gobierno estima que el déficit de inversión asciende en cada una de estas empresas a cien millones de dólares. La fórmula será un contrato de gestión con inversión, en el que el concesionario se compromete a administrar la empresa por el periodo determinado y a cumplir un plan previo de inversión.
Tarifas negociadas
La próxima semana serán convocados los bancos de inversión a participar en el proceso, con la idea de tener definidas las bases a fines de julio, abrir la recepción de ofertas entre octubre y noviembre para terminar en diciembre con la definición de los nuevos gestores. El concesionario deberá negociar las tarifas con la autoridad reguladora del sector, podrá gestionar nuevas concesiones, externalizar funciones y será multado si no cumple sus compromisos o baja la calidad del servicio.
El presidente del Sistema Administrador de Empresas (SAE) del sector público, Felipe Sandoval, explicó que a los trabajadores se les finiquitarán los contratos cuando la administración de la compañía sea traspasada, se evalúa la continuidad de sus convenios colectivos y, para prevenir despidos, se fijará un pago por 'vulnerabilidad'.
La oposición ha aprovechado esta medida, en un año de elecciones parlamentarias, para lanzar una andanada contra Lagos. La derecha acusó al Gobierno de poner en jaque el modelo económico al frenar las privatizaciones, desestimular la inversión, cuestionar a quienes compraron antes este tipo de empresas y buscar resolver los problemas internos de su coalición con una decisión 'tibia y mediocre'. En el plano técnico, criticaron que el mecanismo inhibe la inversión del concesionario en los últimos años de la concesión.
