El último barrote

No son pocos los historiadores extranjeros a los que les sorprende el velo que cubre la época de la dictadura en el intelecto común de los españoles. Desde que Franco murió en su cama, de la transición, sí que hay datos y protagonistas que los cuentan, pero el compromiso del perdón y reconciliación que significó la venida de la democracia no se ha traducido en una digestión íntegra de lo que aconteció en España desde el alzamiento fascista hasta la agonía de su caudillo.

Así lo piensa Eduardo Saborido, un sindicalista que por concebir la sociedad de determinada manera vagó por distintas cárceles y métodos de represión de 1968 a 1975 y que ahora vive un calvario para poder justificar al menos tres años de privación de libertad para poder acceder a las indemnizaciones que ofrece la Junta de Andalucía.

Tras la experiencia sufrida, Saborido asegura que los archivos de los presos políticos de esa época están troceados y que se les rehuye como si fueran papeles leprosos.

En enero pasado, la Junta de Andalucía aprobó un decreto en el que se fijaban las indemnizaciones para ex presos y represaliados políticos como consecuencia de la dictadura franquista y que no hubieran sido compensados con anterioridad. En total, con esta iniciativa -luchada y auspiciada por la CGT- se espera que se beneficien unos 200 andaluces. Pero la tarea no es fácil.

Los aspirantes tiene que demostrar que sufrieron una privación de su libertad por un espacio de tiempo superior a tres años. También pueden solicitar la indemnización económica, que nunca superará el millón y medio de pesetas, las viudas o los hijos de los que padecieron la represión. Pero muchas de las privaciones de libertad no fueron algo tan sencillo de probar como el haber estado en una cárcel. La represión de la dictadura franquista tenía muchos métodos para manifestarse, desde el destierro a los confinamientos en pequeñas y aisladas poblaciones, las cárceles o, incluso, algunos arrestos domiciliarios.

Aquellas personas, ahora ancianos, que vieron cercenada su libertad en la década de los 40 tienen muy difícil probarlo. Pero no son sólo ellos. Algunos presos políticos de los estertores de la dictadura y tan famosos como Eduardo Saborido, Fernando Soto o Francisco Acosta, vinculados al proceso 1.001 de Burgos, también se las ven y se las desean para demostrar unos hechos de sobra conocidos por cualquiera que viviera esos años.

Saborido cuenta cómo inició sus trámites con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en el mismo mes de enero -el plazo para las solicitudes termina el 27 de julio próximo- y que dibujan una burocracia atrasada y con la memoria atomizada. Por ejemplo, siempre según el relato de Saborido, en la primera respuesta a su petición de fe de sus años encerrado, el Ministerio del Interior le recriminaba que en la solicitud echaban en falta el nombre de sus progenitores y le pedían que usara uno de sus impresos; eso sí, este último se lo enviaban adjunto. Después recibió una carta en la que le justificaban dos meses y medio que pasó en la cárcel de Segovia. Saborido entró y salió de diversas cárceles e incluso estuvo un mes confinado en Santiago de la Espada (Jaén) desde 1968 hasta la muerte de Franco.

Él y Soto salieron de la prisión de Jaén con el indulto del rey Juan Carlos I tras la muerte del dictador. Pero los archivos de la antigua cárcel de Jaén están en el Archivo Histórico Provincial, desde el informaron a Interior que no disponían de archivos 'de la Guerra Civil' posteriores a 1969, comenta entre risas Saborido. Con suficientes puñaladas en el alma como para callarse nada, asegura que ya tiene todo su expediente gracias a la ayuda de sus compañeros de CC OO. Y, además, por partida doble, porque Interior se lo envió después. Acosta, que fue puesto en libertad en Carabanchel, tiene más problemas para juntar el papeleo. Por su parte, Soto bromea y asegura que prefirió experimentar en carne ajena el calvario y empezó sus trámites más tarde.