Justicia y política

La sucesión de hechos sería la siguiente: semanas atrás la sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional había tomado por dos votos contra uno la decisión de excarcelar a siete de los 14 miembros de Ekin acusados por Garzón. Antes de que se comunicara la resolución a los abogados, la decisión del tribunal se filtró a los medios de comunicación. Se desencadenó una avalancha de críticas. El tribunal desconvocó a los abogados de los afectados, lo cual fue entendido como signo de rectificación. Finalmente, los magistrados han mantenido sus posiciones -que por otra parte tienen un precedente reciente en la puesta en libertad de tres integrantes de Xaki, el llamado ministerio de asuntos exteriores de ETA- y siete miembros de Ekin han sido excarcelados. Es de prever que la borrasca de opinión se convierta en tormenta.

Los temas del debate abierto son recurrentes: la debilidad de la justicia en la lucha contra el terrorismo, las dificultades de entender las razones de la justicia cuando desafían al sentido común. El propio Gobierno, a través del ministro portavoz, Pío Cabanillas, se pronunció sobre este caso, cuando los jueces aún no habían oficializado su posición: 'Esta decisión', dijo, 'va contra una parte sustancial de los mecanismos que tenemos en derecho para combatir el terrorismo'.

La lucha antiterrorista ha padecido siempre las dificultades para actuar contra el entorno civil de ETA. A Baltasar Garzón, el que más ha avanzado en este terreno, debemos en buena parte que hoy casi nadie, ni siquiera en el País Vasco, ponga en duda que ETA y HB son dos caras de una misma cosa. Los jueces deben ser conscientes de su responsabilidad en la acción antiterrorista. Pero los jueces son también deudores de unas leyes y de unos procedimientos que les corresponde aplicar con plena independencia. Probablemente haya indicios suficientes para mantener a los miembros de Ekin en la cárcel. Pero la imagen de los jueces rectificando por presiones externas no habría sido nada positiva. Cuando la justicia se hace permeable a las presiones nunca se sabe dónde acabará.

El Gobierno del PP está cada vez más empeñado en decirles a los jueces cómo tienen que resolver. Hace tiempo que parece interpretar el sufragio universal como un argumento para derivar el sistema hacia la unidad de poderes -en torno al ejecutivo, por supuesto- y la simple división de funciones. No es tarea del Gobierno lamentarse de las discrepancias entre magistrados o calificar de 'especialmente grave' una supuesta apreciación de los jueces. Y menos en un procedimiento en curso, porque sabe que está condicionando su resolución y las interpretaciones posteriores. Una vez más se corre el riesgo de confundirse: actuar con la máxima dureza contra ETA no equivale a aceptar que contra ETA vale todo. Respetar las reglas del Estado de derecho quiere decir también respetar la independencia de los jueces. Esta independencia incluye naturalmente la posibilidad de equivocarse. Pero la sensación de que las decisiones judiciales pueden enmendarse desde fuera puede ser peor para el funcionamiento del sistema que un error concreto.

No hay duda de que la justicia se debe a la sociedad a la que sirve. Y que, por tanto, los criterios de la justicia tienen que conjugar en líneas generales con los valores de la sociedad. Precisamente por eso es la sociedad a través de sus representantes la que hace y determina las leyes que los jueces aplican. Un desajuste continuado entre los criterios de los jueces y los de la sociedad sería indicativo de una falta de adecuación entre las leyes y la evolución del país. Pero la concordancia entre justicia y opinión pública tiene unos límites que vienen dados por los principios constitucionales y los derechos fundamentales, que los jueces están obligados a proteger. La justicia no puede ser justiciera, cuando en algunos momentos la opinión pública sí lo es. Y la justicia no puede ser dependiente, por eso la presión política sobre ella es negativa. Que en este caso la presión ejercida pudiera haber sido para bien no salva el problema de fondo. La credibilidad de la justicia pasa por una independencia contrastada, que otorga a los jueces toda la responsabilidad de sus decisiones. La aplicación de la justicia no puede depender de criterios de excepcionalidad política.