La naturaleza pasa factura

El principio de 'quien contamina, paga' es fácil de enunciar, pero tremendamente difícil de aplicar. Algunos de los impuestos que, en el ámbito nacional o autonómico, se apoyan en esta máxima han fracasado por distintos motivos. No siempre es posible establecer, con criterios justos, el baremo por el que se regirán estos tributos, como ha ocurrido, por ejemplo, en Baleares, donde el Impuesto sobre Instalaciones que Inciden en el Medio Ambiente (IMA), se calculaba en función de los ingresos brutos de la actividad en cuestión, por lo que pagaba más quien más producía, con independencia de la carga contaminante asociada. El Tribunal Constitucional terminó, el pasado año, declarando nulo el impuesto.

En otros casos, la dificultad estriba en la propia recaudación del tributo y en las inspecciones necesarias para hacerlo efectivo. Así ocurre con el Canon de Vertidos que, a escala nacional, gestionan las confederaciones hidrográficas y cuyo fin es gravar la emisión de sustancias nocivas a los cauces públicos. Pocos son los que abonan esta tasa y el recaudador no tiene capacidad para extender su aplicación a todas las actividades que deberían verse afectadas por la misma, con lo que el impuesto no cumple su finalidad y, además, se crean situaciones de agravio difíciles de solventar.

Hay, sin embargo, otros modelos que sí se están desarrollando con cierto éxito. En Galicia, y desde 1995, las instalaciones industriales que vierten determinadas sustancias químicas a la atmósfera deben someterse a un sistema de control específico y hacer frente a un impuesto que se calcula en función de la cantidad de contaminantes producidos. El dinero obtenido se emplea en actuaciones públicas destinadas a la conservación de la naturaleza y es, por tanto, un tributo finalista.

En el marco de la OCDE, asegura José Manuel Castillo, profesor de Economía Política y de Hacienda Pública de la Universidad de Granada, 'existen más de 150 instrumentos económico-financieros que ya se están usando para frenar la degradación de algunos recursos naturales, al mismo tiempo que sirven para incrementar la recaudación de fondos públicos destinados, precisamente, a solucionar este tipo de problemas'.

En países como Dinamarca, Bélgica, Alemania o Francia existen tributos que se aplican sobre los residuos arrojados a vertederos o al agua, sobre los combustibles de uso doméstico, los fertilizantes y pesticidas, bolsas de plástico no biodegradables, bebidas en envases no retornables, bombillas de baja eficiencia energética o lubricantes.

De alguna manera, la efectividad de estos instrumentos se basa en su aplicación a actividades o elementos concretos, sobre los que puede organizarse un sistema impositivo racional y de fácil gestión. El asunto se complica, advierte Castillo, 'cuando se trata de aplicar esta fórmula a todas aquella actuaciones que pueden causar daños en el medio ambiente, a un conjunto demasiado extenso y variopinto de actividades, tal y como ha propuesto en el Parlamento el presidente de la Junta de Andalucía'.

No es sencillo delimitar el ámbito de aplicación de un tributo de esta naturaleza, adaptarlo a las múltiples actuaciones que se verían gravadas, establecer baremos para los diferentes contaminantes e impactos, controlar cada uno de ellos, disponer de los mecanismos de recaudación necesarios y contar con los servicios de inspección adecuados. 'Si un impuesto tan consolidado como el IRPF, cuya gestión está respaldada por un aparato administrativo de gran envergadura, registra un fraude muy elevado, ¿qué ocurriría con un tributo ecológico de este calibre gestionado por algún organismo de la comunidad autónoma?'. En definitiva, Castillo está convencido de que esta es 'una fórmula inviable, que terminaría creando situaciones injustas, ya que unos pagarían el impuesto y otros no, al ser prácticamente imposible controlar su justa aplicación'. Y ésta es la idea que ha transmitido a los representantes de los diferentes grupos políticos que en los últimos meses han requerido de su asesoramiento como especialista en fiscalidad ecológica.

'Apostar por un modelo tan generalista es la antesala para no llegar a ningún sitio', insiste, aunque confía en que este proyecto, apenas un esbozo, se vaya depurando y se concrete en alguna fórmula que presente ciertas garantías de eficacia. Mejores perspectivas de desarrollo presentan, a su juicio, algunos impuestos específicos, como la ecotasa turística o los tributos que podrían aplicarse al saneamiento de vertidos residuales o a la circulación de vehículos a motor en las grandes ciudades. Aún así, habría que vencer la oposición de algunos colectivos sociales, reacios a gravar determinadas actividades a pesar de su incidencia en el mantenimiento de los recursos naturales que las hacen posibles, como ocurre con el turismo.

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