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Entrevista:Carla del Ponte | Fiscal jefe del Tribunal de la Haya

'MILOSEVIC DEBE SER JUZGADO EN LA HAYA'

La fiscal jefe para los dos tribunales internacionales establecidos para los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia y en Ruanda dice no sólo estar preparada para la inminente entrega del ex dictador yugoslavo Sloboda Milosevic sino también para lograr que se tipifique como crímenes de guerra la corrupción sistemática a nivel estatal, al igual que se logró el relativo a las violaciones sistemáticas.

Mientras el presunto criminal de guerra más buscado por la justicia internacional, el ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic, resistía ayer en su casa asediado por la policía, el Tribunal de La Haya trataba de evitar que una vez detenido escape a su jurisdicción. Igual que ha lanzado una espectacular operación de detención, el Gobierno de Belgrado libra los últimos días una intensa actividad diplomática en Washington y otras capitales para que se acepte su criterio de que el ex dictador sea juzgado en su propio país únicamente por los delitos de los que allí se le acusa. Pero Carla del Ponte, la fiscal jefe y principal encargada de llevar a Milosevic ante el tribunal con sede en La Haya, deja claro en esta entrevista, realizada poco antes de los últimos acontecimientos en Belgrado, que no es alguien que suelte a su presa fácilmente.

Pregunta. La prensa de Belgrado asegura que Milosevic ha contratado ya a un abogado, Toma Fila, famoso por la defensa que ha hecho de otros acusados en La Haya, en previsión de una posible entrega, ¿se ha puesto ya en contacto con usted?

Respuesta. No, porque el abogado defensor sólo puede ponerse en contacto conmigo después de la entrega o del arresto. Hasta entonces el acusado es un fugitivo, y yo no hablo con fugitivos, ésa es una situación ilegal para mí. Ahora bien, si se confirma la noticia de que Milosevic ha contactado con alguien que ya trabaja aquí, es toda una indicación de que se prepara para presentarse muy pronto ante el tribunal, como espero. Estoy convencida de que no tardará mucho; este año será la buena.

P. Trece de los 38 detenidos se han entregado voluntariamente, incluida la acusada de más alto rango en su custodia, la ex presidenta de la república serbobosnia Sprska, Viljana Plavsic, que se presentó en La Haya en enero. ¿No han negociado con ellos algún tipo de condición antes de su entrega?

R. Ninguna. El primer contacto que he tenido con los abogados de los que se han entregado voluntariamente ha sido cuando me han llamado por teléfono para anunciarme cómo y cuándo llegaban, en qué vuelo, para que enviara a alguien a buscarlos.

P. De tener bajo su jurisdicción sólo a acusados de bajo rango, o 'peces pequeños' como han sido llamados por los medios de comunicación, han pasado en el último año a tener 'peces gordos' como generales al mando de las matanzas de Sbrenica y Sarajevo, o la ex presidenta de la república Sprska, cuarta en la cadena de mando, como mano derecha de uno de los tres criminales de guerra más buscados, el líder serbobosnio Karadzic, ¿es otra indicación de que se está cerrando el cerco sobre los principales responsables?

R. Creo que estamos llegando a ello, y creo que todas las partes están tomando conciencia de que hay que llegar a ello lo antes posible. Porque éste es un tribunal ad hoc, no permanente, que las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad quieren cerrar lo antes posible, pero no sin establecer antes las más altas responsabilidades por los crímenes horribles que se juzgan.

P. Después de su primer encuentro con Viljana Plavsic, ¿ha obtenido información relevante para la causa?

R. No puedo hablar del contenido de la conversación, ya que a los primeros a los que corresponde conocerlo es a los jueces del tribunal. Pero, aunque es verdad que en nuestras cárceles tenemos ya a 38 detenidos, a muchos de los que se ha estado persiguiendo durante años, y que con Plavsic nos acercamos al núcleo duro de los principales responsables -Milosevic, Karadzic y el general Mladic-, no hay que olvidar que quedan aun más de una veintena de acusados fuera, además de unos 150 sospechosos que podrían convertirse también en acusados. Sólo si nos damos mucha prisa y los Estados colaboran, calculo que para el año 2004 podríamos tener listas todas las actas de acusación, a lo que habría que añadir otros ocho años para culminar los juicios y apelaciones, siendo optimistas.

P. En vísperas de su intervención, la OTAN habló de la posibilidad de encontrar 100.000 cadáveres en Kosovo, víctimas de la limpieza étnica, cifra que posteriormente las mismas fuentes occidentales bajaron a unos 10.000, ¿se tiene ya un panorama general de lo que pasó?

R. Las cifras reales de cadáveres encontrados en las exhumaciones no pasan de 4.000; ahora bien, no hemos podido completar la investigación de todas las fosas comunes, y es difícil con los medios que tenemos que podamos hacerlo por el momento, así que desgraciadamente es difícil hacer un inventario completo, pero no es de excluir que las cifras pasen de 10.000. Las dificultades y la falta de cooperación en las investigaciones que encontramos a nivel local tampoco facilitan demasiado las cosas para poder tener aún un panorama general o hacer un retrato político y sociológico del conflicto.

P. ¿Tras su encuentro fallido con el presidente Vojislav Kostunica en Belgrado el pasado enero, ve algún signo de cambio que indique una mayor disposición de las autoridades yugoslavas a colaborar con el Tribunal Internacional?

R. Con el encuentro que tuve con el primer presidente de la nueva democracia partimos de una situación de no cooperación. Ahora están llegándome algunos indicios de cambio, sobre todo por parte del Gobierno serbio, que se ha manifestado más dispuesto a colaborar que el presidente. Pero estoy aún a la espera de un signo claro; la realidad es que nada concreto se ha producido. Y yo soy como santo Tomás: sólo creo en aquello que llega y tengo sobre mi mesa. Las declaraciones sirven de poco; lo que yo necesito es la cooperación concreta, y no sólo del Gobierno serbio, sino también del presidente de la Federación Yugoslava.

P. ¿En qué medida depende la captura de Milosevic de la colaboración del presidente Kostunica?

R. No es el único del que depende, pero es importante. Son muchos los que pueden intervenir para que Milosevic sea entregado, dentro de la misma Yugoslavia, como el Gobierno serbio, pero también desde fuera. Es muy importante el apoyo de la comunidad internacional para hacer comprender a la Federación Yugoslava que si quiere ser un miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas está obligada a colaborar con el Tribunal Internacional. Al no tener una policía judicial propia tal como vengo reclamando a la ONU desde hace tiempo, dependemos para nuestro trabajo de la voluntad de colaboración de los Estados, así como de la actuación de la OTAN, al mando de las fuerzas de las Naciones Unidas encuadradas en la Sfor que controlan el territorio donde se encuentran dos de los criminales más buscados, Karadzic y Mladic, principales responsables de los crímenes de guerra en Bosnia.

P. ¿Qué opina de que la Sfor no sea capaz de capturar a criminales a los que se ha visto recientemente paseando por las calles de Sarajevo y en un bar de Pale, la capital serbobosnia?

R. Hay que preguntar al secretario general de la OTAN, George Robertson, qué están haciendo para localizar y detener a los acusados que están en un territorio bajo su control. Deploro que se contente con responder que sus fuerzas no saben dónde están y que se niegue a ordenar una investigación específica. Lo deploro y lo reclamo.

P. ¿Es imprescindible que Milosevic pase por La Haya cuando se plantea la posibilidad de que sea juzgado en su país por crímenes económicos?

R. Absolutamente. Además, ya no veo motivos para posponer su detención. Ya no pueden escudarse en las situaciones políticas difíciles que han esgrimido hasta ahora, como lo impopular de la medida, puesto que las últimas encuestas muestran un cambio en la opinión pública, con más de un 50% a favor de entregar a Milosevic.

P. ¿Cree que el paso previo por un tribunal nacional es un ardid para retrasar y eludir al tribunal internacional o, por el contrario, que podría servir de catarsis nacional y preparación para su entrega a La Haya?

R. Estoy de acuerdo en que un juicio dentro de la misma Yugoslavia podría aportar elementos para la reconciliación nacional, pero no hay que olvidar que allí se le acusa de crímenes de derecho común, como la compra de una casa, o por corrupción, que son menores comparados con los crímenes tan graves contra la humanidad por los que se le acusa en el Tribunal Internacional, así que me da la sensación de que no es más que un ardid para retrasar el proceso en La Haya. Los cargos por los que se le acusa dentro de Yugoslavia servirían para presentarnos sus crímenes como algo mucho más leve. Si Milosevic es culpable de genocidio, y puede ser condenado a prisión de por vida, ¿qué puede importar que se le condene o no por la compra ilegal de una casa? Por ello no acepto de ninguna manera esta solución, y pido a la comunidad internacional que no la acepte.

P. Parece que el presidente Bush ya la ha aceptado, tras la visita que recibió en Washington del primer ministro serbio, Zoran Djindjic, la pasada semana.

R. No creo que Bush acepte que Milosevic eluda al tribunal de La Haya. Si juzgarlo antes en su país significa un retraso de dos o tres meses, no tengo nada que decir. Pero no voy a aceptar más retrasos, no estoy dispuesta a esperar más allá de fin de año.

CRÍMENES ECONÓMICOS

P. ¿La acusación por corrupción no responde a una preocupación de los ciudadanos yugoslavos por un tipo de delitos económicos para los que no tiene competencias el Tribunal de La Haya y que parecen estar detrás de la mayoría de guerras y dictaduras actuales?

R. Es cierto que no tenemos jurisdicción para los delitos económicos y que no podemos condenar a Milosevic y a sus colaboradores por ellos. Pero ¿quién dice que no podamos llegar a algún tipo de condena por crímenes económicos como crímenes contra la humanidad al estilo de lo que hemos hecho con la violencia sexual y las violaciones sistemáticas? Son delitos que por primera vez en la historia hemos conseguido que sean tipificados como crímenes de guerra y contra la humanidad con las tres últimas condenas. Son las investigaciones que estamos llevando a cabo las que nos permitirán determinar en qué medida los patrones de actuación criminal están directamente relacionados con actividades económicas, como la compraventa de armas o expropiaciones forzosas. A la vista de ciertas actuaciones, creo que es hora de que la corrupción sistemática a nivel estatal empiece a ser contemplada como un posible crimen contra la humanidad. De momento, aunque sólo tenemos jurisdicción para juzgar crímenes de guerra, nuestras investigaciones se ocupan también de aspectos financieros. Tengo una unidad financiera específica destinada a investigar los movimientos de dinero y que ha bloqueado muchas cuentas bancarias de los fugitivos en todo el mundo. Los objetivos de todo proceso penal son de dos tipos: la condena de los culpables y la indemnización de las víctimas. Quiero colaborar con el Gobierno de Belgrado para que este dinero sea restituido a su país. Por ello, tal como le dije ya a Kostunica en Belgrado, he dicho al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que estoy preparada para unir en un solo proceso los delitos económicos y crímenes por genocidio y contra la humanidad, en un juicio total contra Milosevic y sus colaboradores, si se me da jurisdicción para ello. Si Belgrado se empeña en celebrar su propio juicio sobre un delito económico común, bien, que lo haga, pero que lo haga después de que Milosevic haya pasado por La Haya, ya que nosotros lo tenemos todo preparado para juzgarlo, y ellos no. De ninguna manera esto debe servir de excusa para sustraerlo a la acción de la justicia internacional, ya que ello significaría crear una situación de excepción para Yugoslavia, dándole un tratamiento diferente del que han recibido Bosnia y Croacia, a las que se ha obligado a colaborar desde el principio con nosotros. Para que impere la justicia, todos los países deben sentir que son tratados de la misma manera.

P. Precisamente una de las acusaciones que dirige el presidente Kostunica contra el Tribunal Internacional es la de ser un 'instrumento al servicio de EEUU y la OTAN contra Yugoslavia'. ¿Cómo trata de convencerle de lo contrario?

R. Se nos critica porque entre los acusados hay más serbios que croatas o musulmanes, pero ello se debe sólo a que las partes contrarias nos han facilitado la investigación. Cuando hemos tenido indicios para ello, hemos actuado con igual diligencia contra los del otro bando, sean croatas, musulmanes o de la guerrilla albanokosovar. Este tribunal, como todos, trabaja con lo que tiene. Abres investigaciones sólo cuando tienes indicios concretos, y si encima, cuando abres investigaciones y envías a alguien a buscar pruebas en los Balcanes, te encuentras con que nadie colabora sobre el terreno, puedes imaginar lo difícil que es llegar a inculpaciones. Es muy fácil hacer críticas por lo que hacemos o no hacemos. Dicen que hacemos política con cada una de nuestras decisiones, pero no es verdad, tenemos tantas necesidades concretas, nos encontramos con tantas dificultades sobre el terreno, que tenemos muy poco tiempo para todo aquello que no sea nuestro trabajo. Estamos todo el tiempo dedicados a remar corriente arriba.

P. ¿Cómo cree que afectó a la credibilidad del tribunal el que la OTAN se apoyara en los argumentos que le daba el acta de acusación que emitió contra Milosevic para bombardear Yugoslavia?

R. Aunque no tenemos nada que ver con la actuación de la OTAN, es uno de los pretextos que Yugoslavia ha utilizado desde el principio para negarnos su cooperación. De igual manera que ahora tratan de instrumentalizar y politizar nuestra negativa a abrir una investigación sobre los bombardeos de la OTAN, en busca de nuevos pretextos.

P. ¿Por qué se han negado a investigar unos bombardeos que han causado cientos de víctimas civiles cuando tienen jurisdicción para ello?

R. Como fiscal instructora debo investigar crímenes presuntamente cometidos con datos en la mano y sólo aquellos para los que tengo jurisdicción. No está en nuestra jurisdicción juzgar si los bombardeos eran o no legales, sino juzgar la actuación de los individuos en episodios concretos. Estimamos que los elementos y los argumentos que se nos presentaron no eran suficientes para abrir una investigación sobre crímenes de guerra o genocidio tal como se nos pedía, pero no estamos cerrados a abrir una investigación en cuanto alguien nos presente los elementos suficientes. Y no es de descartar que suceda en cualquier momento.

P. ¿Es bueno que un Consejo de Seguridad dominado por cinco potencias sea el que decida a qué países hay que juzgar y a cuáles no? ¿No habría que esperar a democratizar los órganos de decisión de las Naciones Unidas antes de establecer estos tribunales internacionales?

R. Es verdad que esto crea una situación poco satisfactoria en este sentido. Por ello, es algo que trata de corregirse con la creación del próximo Tribunal Penal Internacional, el cual dependerá de las decisiones tomadas por todos los miembros de pleno derecho de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

P. ¿En qué medida los dos tribunales internacionales en funcionamiento de los que usted es fiscal jefa, el creado para los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia y el de Ruanda, servirán de modelo y de precedente?

R. Estos dos tribunales, que además comparten elementos como el fiscal jefe, se pueden considerar la primera piedra del futuro Tribunal Penal Internacional que se acordó crear en Roma en 1998. Hemos abierto brecha en un campo nuevo, por ello la experiencia acumulada por nosotros será un elemento base de la futura justicia penal internacional.

EL 'EFECTO PINOCHET'

P. ¿Cómo se compara la actividad de los dos tribunales con los juicios que se siguen contra Pinochet, la dictadura argentina o Suharto en Indonesia?, ¿estamos asistiendo a un proceso internacional por el que veremos pasar uno a uno a todos los antiguos dictadores?

R. Sería maravilloso que fuera así. Pero creo que se trata de episodios independientes. Aunque sea Garzón quien haya hecho detener a Pinochet en Londres, no es un tribunal internacional, sino un tribunal nacional el que se encarga de juzgarle. Y lo mismo puede decirse de otros procesos en curso como los que se siguen contra Suharto o las diligencias abiertas contra la dictadura argentina. En este sentido, no puede hablarse de justicia internacional, pero sí de un efecto positivo y una activación de las justicias nacionales como respuesta a una justicia que se internacionaliza. El patrón de Chile se acenturará y tenderá a imponerse cuando entre en funcionamiento el Tribunal Penal Internacional. Tal como está constituido, éste sólo deberá actuar en caso de que los Estados nacionales no se ocupen de juzgar a sus grandes criminales, lo que hará que los Estados se vuelvan más activos a la hora de juzgar a sus nacionales.

P. Siguiendo el ejemplo de Garzón, otros jueces están emitiendo ya acusaciones contra los responsables de crímenes en terceros países, como es el caso de un tribunal norteamericano que ha abierto un proceso en paralelo contra Karadzic a instancias de familiares de víctimas en Bosnia. ¿Corremos el riesgo de que el modelo se generalice y de llegar a encontrarnos con un escenario en el que tanto un ex jefe de Estado como Yeltsin o en activo como Bush puedan ser detenidos en visita a otro país, acusados ya sea de crímenes de guerra en Chechenia o de los bombardeos sobre Irak por los familiares de las víctimas?

R. Es un panorama que puede parecer fantástico, porque aún falta mucho tiempo para llegar a ello, pero sin duda existen ya numerosos signos que apuntan en esa dirección.

El azote del crimen internacional

Carla del Ponte, 53 años, nacida en la Suiza italiana, Lugano, llegaba a su doble cargo de fiscal jefe para los dos tribunales internacionales en activo, establecidos para los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia y en Ruanda, hace poco más de año y medio precedida de una sólida reputación en la persecución del crimen internacional. Desde que en 1981 iniciara su colaboración con el juez italiano Falcone en las investigaciones contra la Cosa Nostra y a partir de 1984 como Fiscal General de Suiza, Del Ponte se dedicó a escudriñar y bloquear las cuentas suizas de mafiosos y políticos corruptos de medio mundo, entre ellas las de Benazir Butto y Borís Yeltsin. Tras la orden de detención de Milosevic, que se encontró ya sobre la mesa cuando tomó el relevo de la canadiense Louise Harbour, no le queda a Carla del Ponte otra misión más importante que la de apresarlo. Y no parece dispuesta a abandonar el despacho que ocupa en La Haya sin lograrlo. Pequeña pero compacta, con un cuerpo de remadora bajo su traje chaqueta, como le gusta visualizarse a sí misma, la misma forma en que gesticula y se mueve por su despacho parece la de alguien dedicado a dar brazadas corriente arriba. Uno de sus enemigos en Suiza la definió como 'un misil sin guía', lo que no es más que otra manera de describir la imagen ciega de la justicia que Carla del Ponte encarna a la perfección. Contundente, pero de sonrisa relajada, tiene fama de hincar el diente hasta el hueso. Frente al proceso más politizado del mundo, y con un tribunal que depende en todo de la colaboración de los menos interesados en que se haga justicia, como muchos de los responsables del aparato del estado de la antigua Yugoslavia, o cuando menos de los que tienen motivos para recelar de una justicia internacional que escapa ya a todo control político, Del Ponte quiere dejar claro que no se casa con nadie. Sorda a razonamientos políticos, huye de grandes declaraciones, se remite constantemente a los hechos, pero no oculta su convicción de que el tercer poder en un ordenamiento democrático corresponde a la justicia, lo que parece dispuesta a hacer valer hasta sus últimas consecuencias de cara a un nuevo orden internacional.

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