El alcalde pide ayuda a la oposición para que Aznar ceda parte del IRPF al municipio

El alcalde de la capital, José María Álvarez del Manzano, del PP, quiere que el Gobierno de José María Aznar ceda a los ayuntamientos la gestión del 25% del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) para compensarles por la reducción de ingresos que las corporaciones locales sufrirán tras la supresión del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) a la que se comprometió el PP en su programa electoral. Álvarez del Manzano aprovechó el debate, durante el pleno de ayer, sobre las consecuencias que tendrá la revisión catastral en el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) para pedir a PSOE-Progresistas e IU que le ayuden a conseguir esta nueva vía de financiación.

'No dejemos que sólo las autonomías dispongan del IRPF. Hagamos que los ayuntamientos también tengan una parte, como yo ya le he planteado al Gobierno de la nación. Ayúdenme, por favor, a conseguirlo', dijo Álvarez del Manzano mirando a los ediles de la oposición.

Concluido el pleno, el alcalde explicó a este periódico que, cuando se suprima el IAE, los ayuntamientos deberían tener un porcentaje en el IRPF igual al que piden las comunidades autónomas porque, 'si no, el sistema fiscal queda desequilibrado'. Según él, las negociaciones para la cesión de ese porcentaje del impuesto sobre la renta deberían plantearse simultáneamente entre las tres administraciones: 'Que se contemple de forma uniforme y al mismo tiempo a las autonomías y a los ayuntamientos'. Álvarez del Manzano se mostró contrario a que el nuevo sistema de financiación pueda suponer una subida del impuesto. 'No soy partidario de las recargas al contribuyente, sino de que se ceda una parte proporcional a los ayuntamientos', especificó.

La propuesta del alcalde es calcada a la que defienden desde hace ocho años el PSC (Partido Socialista de Cataluña) e Iniciativa per Catalunya: el 50% del IRPF para las arcas estatales, el 25% para las comunidades y otro 25% para las corporaciones locales. No obstante, los socialistas catalanes, encabezados por Pasqual Maragall, han modificado su postura y proponen ahora un reparto del 40% para la Hacienda central, 30% para las autonomías y 30% para los ayuntamientos.El Gobierno central cede a las autonomías hasta un máximo del 30% del IRPF, en función (entre otros criterios) de que tengan ya transferidas las competencias de Educación y Sanidad. La Comunidad de Madrid recibe actualmente el 25% porque aún no tiene transferidas las competencias en Sanidad. Los ayuntamientos reciben para su financiación una partida del Estado que, en parte, procede de los ingresos que éste recauda por IRPF. Pero esta cantidad no aparece específicamente consignada como procedente del impuesto sobre la renta. El secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, anunció el pasado martes en Barcelona que su departamento revisará 'todo el marco financiero local' y precisó que los ayuntamientos podrían participar de los tributos estatales, principalmente del IVA, el IRPF e impuestos especiales.

La propuesta de Álvarez del Manzano para que los alcaldes gestionen parte del impuesto sobre la renta cuenta con el respaldo de otros regidores del PP. Así se lo trasladaron varios de ellos al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante un encuentro celebrado en enero pasado en Valencia a instancias de la alcaldesa Rita Barberá, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias.

El encuentro tenía como objetivo explicar a los alcaldes cómo afecta a los ayuntamientos la ley de estabilidad presupuestaria, pero los regidores del PP en municipios de más de 20.000 habitantes plantearon a Montoro que las corporaciones deben tener más participación en los ingresos del Estado. El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, afirmó incluso que los ayuntamientos podrían atender servicios sociales con más eficacia que las autonomías, pero siempre que se les transfieran los fondos correspondientes.

Los regidores del PP reclamaron a Montoro que la negociación sobre el sistema de financiación se aborde globalmente con ayuntamientos y comunidades, criterio que no compartió el ministro. Fuentes del departamento afirmaron ayer tarde que se va a negociar primero con las autonomías, ya que el sistema de negociación autonómica debe revisarse este año. Una vez cerrado ese proceso, se hablará con los ayuntamientos, porque la distribución de fondos a las corporaciones está pactada hasta 2002 en virtud de acuerdos que comparten los dos grandes partidos de ámbito nacional.

Revisión catastral

En ese contexto, no es extraño que Álvarez del Manzano, pidiera ayer a IU y PSOE-Progresistas que le ayuden. El regidor cerró con esa petición el debate sobre la subida que registrará el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI, la llamada contribución urbana) como consecuencia de la revisión catastral en la capital. La propuesta del gobierno municipal salió adelante sólo con los votos del PP. Así, el año próximo el 97 % de los propietarios de inmuebles pagarán un incremento máximo del 3,5% en el IBI, y el valor catastral de las viviendas se fijará en torno al 50% de su valor de mercado, que hasta ahora rondaba el 19%. Tras la revisión, el valor catastral de los 1.621.831 inmuebles de la capital pasará de 10,1 a 23,2 billones, lo que equivale a un incremento medio del 129%.

La revisión del valor catastral aprobada por el PP considera tres categorías: una que comprende las viviendas cuyo valor catastral llegue a 40 millones, que suponen el 97% de los pisos; otra que englobe a las casas cuyo valor catastral vaya desde los 40 a los 100 millones, que equivalen a un 2% del total, y, por último, otra para las viviendas cuyo valor catastral supere los 100 millones. Así, en 2002 el incremento máximo del pago del IBI para la primera categoría -ese 97% de las viviendas- será del 3,5%, mientras los dueños de pisos de la segunda categoría (de 40 a 100 millones) tendrán que pagar un 8%, y los de la tercera (más de 100 millones), un 25% de tope.

Gerardo del Val consideró que la distribución que ha hecho el gobierno municipal para el pago del IBI penaliza a 1.600.000 inmuebles cuyo valor catastral no supera los 20 millones, y beneficia a 47.000 viviendas de lujo. Por ello, Del Val propuso repartir la subida en tres tramos diferentes: las viviendas de 10 a 15 millones pagarían lo mismo que este año; las de 20 a 40 millones pagarían un 2% más, y al resto se les subiría entre un 3,5% y un 5%. Esta alternativa supondría 379 millones de pesetas menos de recaudación para el Ayuntamiento, pero daría lugar a una situación 'más equilibrada y equitativa', dijo Del Val.

Ruth Porta, portavoz socialista, afirmó que la subida del IBI es 'desmesurada' y responde a la 'errónea y demagógica política fiscal del PP'. A su juicio, esconde una 'trampa', ya que la subida se notará en la próxima legislatura. Pidió por ello al concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, que explicara qué hará entonces. Fue en esa hipótesis de futuro cuando el alcalde planteó la necesidad de contar con la oposición para conseguir parte del IRPF.