La Base de Manta, primera parada

La pista y los hangares de la Base Aérea de Manta, un puerto ecuatoriano en el Pacífico, que se ha convertido en uno de los centros clave en la estrategia anti narcóticos estadounidense en Suramérica, se habilitarán en los próximos meses para la operación de los Awacs, los aviones más sofisticados para el control del tráfico de drogas. Para los Gobiernos de Ecuador y de Estados Unidos estos trabajos no tienen ninguna trascendencia política, pues se ajustan a un cronograma establecido de antemano. Varios sectores de opinión consideran, sin embargo, que los soldados y aviones de Estados Unidos asentados en Manta desde hace poco más de un año "han hecho sonar los tambores de guerra del conflicto colombiano", del que el Ecuador había conseguido mantenerse al margen durante más de medio siglo.

El convenio que autoriza la presencia militar estadounidense durante 10 años fue suscrito en 1999

Teóricamente, Estados Unidos puede utilizar las instalaciones militares únicamente para detectar el tráfico aéreo, marítimo y terrestre de la droga y no para operaciones militares.

"Desde aquí no se va a perseguir a ningún guerrillero", advierte el coronel José Bohórquez, jefe de la base aérea de Manta, en una entrevista telefónica con EL PAÍS. Añade, sin embargo, que "si [la guerrilla] está, como se dice, relacionada con el tráfico de drogas, se va a sentir herida" con la presencia estadounidense en la base ecuatoriana, aunque aclara que los aviones que operan en Manta sirven sólo para tareas de comunicación y "no están preparados para la fumigación de los cultivos de coca ni para llevar armamento".

El convenio que autoriza la presencia militar estadounidense en Manta durante diez años, y por el que el Ecuador no ha recibido pago alguno, fue suscrito en noviembre de 1999 por el defenestrado presidente Jamil Mahuad. Desde hace poco más de un año, los aviones de vigilancia P-3, pintados con una anodina franja gris y dotados de radares altamente sensibles, han utilizado a Manta como base de operaciones para detectar cargamentos de droga e informar a las fuerzas de seguridad de cada país de los movimientos ilícitos.

La pista será preparada ahora para la operación de "aviones de más peso y de más envergadura", dice Bohórquez. Estados Unidos invertirá 63,5 millones de dólares en la reparación de la pista y en montar los sistemas de radar y de iluminación.Al menos 200 estadounidenses, entre civiles y militares, se instalarán cuando la pista esté en pleno funcionamiento.

La Base de Manta ha reemplazado a la de Base Aérea de Howard en Centroamérica, que Estados Unidos debió abandonar en cumplimiento de los acuerdos sobre el Canal de Panamá. Junto a las instalaciones en el Caribe y El Salvador, el puerto ecuatoriano forma parte de la nueva estructura de vigilancia del narcotráfico en la región. Manta ofrece una ventaja operativa, desde la perspectiva estadounidense, pues la mayoría de las 136.000 hectáreas de cultivos de coca que existen en Colombia se concentran a pocos minutos de vuelo de la Base, en las regiones del Putumayo, en la frontera con el Ecuador, y en la región del Caquetá, pocos kilómetros al norte.

Los soldados estadounidenses han intentado, desde su llegada a este nuevo puesto militar, tender puentes con la población de 200.000 habitantes. Han hecho donativos de maquinaria pesada a los Ayuntamientos de la zona y pupitres a las escuelas más pobres. Médicos militares ofrecen atención gratuita y la banda de músicos de la Armada estadounidense se presenta en las noches de fiesta de las pequeñas y abandonadas poblaciones aledañas.

La estrategia ha resultado eficaz. Encabezadas por el alcalde de la ciudad, Jorge Zambrano, se han realizado varias marchas en respaldo de la presencia estadounidense que, suponen, atraerá en el futuro grandes inversiones. No se piensa lo mismo en todo el país.

"Ecuador cometió un nefasto error al entregar la Base de Manta (...). No se actuó con mesura, no se avizoró el futuro. Hemos pasado a ser parte de una guerra que no es nuestra", dice la diputada Nina Pacari, de Pachakutik, un partido mayoritariamente indígena, de oposición al régimen del presidente, Gustavo Noboa.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos y partidos políticos de izquierda impugnaron la legalidad de la presencia estadounidense en Manta ante el Tribunal Constitucional de Ecuador, que falló a favor del convenio.

El debate sobre la Base de Manta se tornó aún más agrio, tras el inicio del Plan Colombia, la multimillonaria iniciativa del Gobierno de Estados Unidos, que cuenta con 1.300 millones de dólares para dar asistencia militar a las Fuerzas Armadas colombianas para el combate al narcotráfico y la erradicación de los cultivos de la hoja de coca. Una guerra que se libra ya en una zona muy próxima a la frontera norte ecuatoriana.

"Ecuador había mantenido hasta ahora la política de no involucrarse en el conflicto colombiano (...) y hasta había convivido con la presencia de los guerrilleros que cruzaban desarmados la frontera para abastecerse, pero la Base de Manta ha hecho sonar los tambores de guerra y Ecuador ha pasado a convertirse en un actor más del conflicto de Colombia", dice Simón Pachano, profesor de política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, una universidad con sede en Quito.

Pachano opina que Ecuador debería declarar la neutralidad ante ese conflicto y exigir el pago de reparaciones e indemnizaciones por los posibles efectos de la fumigación de los cultivos o por los desplazamientos de personas que puedan producirse por la intensificación de los combates en el otro lado de la frontera.

En lugar de ello, "se ha involucrado en un conflicto ajeno", una situación que sólo puede explicarse por "una visión errónea, muchas presiones y la profunda crisis que vive el país". La Embajada estadounidense en Quito ha insistido en sus comunicados de prensa en que no existe ningún vínculo entre las acciones previstas en la Base de Manta y el Plan Colombia, aunque "los dos tienen el objetivo común de luchar contra el narcotráfico en la región".

El ministro de Gobierno, Juan Manrique, asegura que el convenio que suscribió Ecuador con Estados Unidos fue anterior al inicio del polémico plan y, por lo tanto, ambos no guardan relación alguna. Reconoce, en cambio, que la nueva estrategia anti narcóticos prevista en el Plan Colombia ha aumentado la inseguridad en el país, especialmente en la frontera norte.

Tres misiones de congresistas estadounidenses han llegado a Ecuador para analizar los efectos del nuevo programa anti narcóticos. Finalmente, tras largas gestiones, Estados Unidos ha comprometido 150 millones de dólares para un programa de seguridad y desarrollo fronterizos.