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Los sindicalistas: en el punto de mira

La cifra es escalofriante: en los dos meses largos que lleva este año 25 líderes sindicales han sido asesinados en Colombia. Siete han caído en última semana. En la lista figuran cinco trabajadores del sector energético y el presidente y vicepresidente del sindicato de la multinacional del carbón Drummond. A los líderes de la carbonífera, que opera en la costa caribe, los bajaron del bus que los llevaba a la empresa .Al primero lo asesinaron delante de sus compañeros; al segundo se lo llevaron y su cuerpo apareció, horas después, tirado en un zanja.

Esta violación sistemática de los derechos humanos es el motivo central del paro de trabajadores que se realizó la semana pasada en Colombia convocado por las tres grandes centrales obreras. En 1999 el numero de sindicalistas muertos fue de 69; el año pasado subió a 128. El agravamiento de este año, le dijo a EL PAÍS Jesús Antonio González, director de la oficina de Derechos Humanos de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), se debe "a la degradación misma del conflicto que afecta a todo el país".

Todos los dirigentes sindicales del país, a nivel nacional o regional han sido declarados objetivos militares por Carlos Castaño, jefe paramilitar. "Los paramilitares nos cobran que estemos trabajando por propiciar un diálogo de paz", asegura González .

Para Jorge Rojas, de Paz Colombia ,cada vez que hay avances en un proceso de paz o informes que dan cuenta de la situación de derechos humanos en el país "se ponen en marcha operativos de eliminación física de los activistas de derechos humanos, paz, movimientos sociales y sindicalistas". Para este defensor de los derechos humanos, los asesinatos y masacres muestran que está en ejecución el programa de exterminio. "Nos preocupa", dice, "que puedan estar apoyados por agentes del Estado como ocurrió con Wilson Borja", presidente del sindicato de trabajadores del Estado.

Desmentidos

Borja resultó herido en un atentado a la salida de su casa en Bogotá el pasado 15 de diciembre . Luego de desmentidos, el jefe paramilitar Carlos Castaño aceptó que estaba detrás del atentado que según él fue un intento de secuestro. Las investigaciones involucran ya a un capitán de la policía y a un oficial del Ejército.

El paro de trabajadores, en protesta también por las políticas económicas y sociales, por el despido programado de l00 mil trabajadores por el ajuste fiscal, empezó 24 horas antes para los trabajadores de Ecopetrol, la estatal petrolera.Lo hicieron entre otras para llamar la atención por las más de 150 muertes que ha dejado este año la guerra sucia en Barrancabermeja sede de la mayor refinería del país. Allí, desde comienzos del año andan como Pedro por su casa los paras , matando, amenazando provocando éxodo.

Hasta las Brigadas Internacionales de paz que realizan una labor de protección a los defensores de los derechos humanos y líderes cívicos, recibieron amenazas. Los paras llegaron a la sede de esta organización internacional en enero pasado, les arrebataron papeles y documentos y los conminaron a retirarse de la zona. Ellos siguen ahí , al igual que otros amenazados, rodeados de solidaridad nacional e internacional. "Lo más grave que le pueda pasar a Colombia donde no hay referentes humanitarios en el conflicto, es que se cierren los espacios para la acción humanitaria", opina Rojas..

Líderes sindicales y de derechos humanos viajaran esta semana a Ginebra para la reunión anual sobre derechos humanos. Llevaran un completo documento para respaldar su propuesta: que Naciones Unidas nombre un relator especial para Colombia. Solicitaran además a la OIT una sanción por el no respeto a los derechos humanos de los trabajadores colombianos.

El informe de la ONU sobre la situación colombiana, adelantado por la prensa, fue rechazado ya por el Gobierno. Aseguran que es "sesgado, fragmentario, inexacto y contradictorio". Entre otras, el informe de 68 páginas, asegura que el compromiso del Estado frente al fenómeno del paramilitarismo es "débil e inconsistente" y asegura que la violencia que afecta al país se ha proyectado particularmente sobre los dirigentes sindicales. Registra también el alarmante aumento de "amenazas , hostigamiento ataques y atentados contra defensores de DH" y habla de la constante violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos guerrilleros. "La toma de rehenes por las FARC y las exigencias de pagos por las liberaciones han sido reiteradas e impunes", dice.

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