Siete catedráticos contradicen a los cuatro consultados por Múgica

Frente a los cuatro catedráticos de Derecho Constitucional consultados por el Defensor del Pueblo que consideran constitucional la Ley de Extranjería, otros siete juristas consultados recientemente por EL PAÍS ven inconstitucionales los preceptos de dicha Ley que niegan a los inmigrantes sin permiso de residencia los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga.

Gregorio Peces-Barba, catedrático de Filosofía del Derecho, asegura que estos derechos fundamentales 'no se pueden vincular a la autorización de estancia o residencia, porque son derechos de la persona'. Juan José Solozabal, catedrático de Derecho Constitucional, cree que 'negar a un inmigrante derechos como el de asociación es inconstitucional, porque son derechos ligados a la dignidad humana'. Otro catedrático constitucional, Gregorio Cámara, insiste en la inconstitucionalidad de esa diferencia entre extranjeros legales e ilegales 'en relación con el ejercicio de unos derechos fundamentales vinculados con la dignidad de la persona, a la que nuestra Constitución erige en 'fundamento del orden político y de la paz social', como principio antropológico central sobre el que se edifica el Estado de derecho'.

Fernando Mariño, catedrático de Derecho Internacional, explica que 'teniendo en cuenta los estándares jurídicos internacionales que obligan a España, privar a los extranjeros en situación irregular de esos derechos es contrario a la Constitución'. Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo, estima que 'es discutible suprimir esos derechos fundamentales, ya que son reconocidos no a los ciudadanos de los países, sino a las personas'.

Guillermo Portilla, catedrático de Derecho Penal, va más lejos y estima 'obvia la inconstitucionalidad de una ley que condiciona el ejercicio de derechos de la persona al cumplimiento de requisitos administrativos', lo que 'puede llevar a los funcionarios que apliquen una Ley que ampara delitos a incurrir en ellos'. José Luis Mazón, abogado experto en Derechos Humanos, cree inconstitucional la Ley por 'violar compromisos internacionales sobre derechos humanos'.