Otra visita de los fantasmas del pasado
La denegación de los ocho recursos de amparo presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) por once de los doce condenados en el caso Marey no es sino el reverso de la validación de la sentencia impugnada del Tribunal Supremo (TS). Centrado exclusivamente en la tarea de dilucidar si los derechos y libertades fundamentales de los recurrentes fueron conculcados o no en algún tramo del proceso penal, el TC llega a la conclusión prácticamente unánime de que el Poder Judicial respetó las garantías de los acusados durante la instrucción y la vista oral. No se trata, así pues, de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, ni de la repetición del anterior juicio, ni de una nueva condena del ex ministro Barrionuevo, del ex secretario de Estado Vera y de sus compañeros de banquillo: el alto tribunal no es una última instancia penal sino el guardián de los derechos fundamentales también de las personas implicadas en actuaciones judiciales. Dentro de esa lógica garantista, los condenados tienen ahora la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH); es probable que la inexistencia de una segunda instancia en el caso Marey, debida a cuestiones de fuero procesal, sea la alegación principal de los apelantes.
Los hechos han demostrado que las expectativas albergadas por los condenados de recibir el amparo del TC y ver así anulada la sentencia del TS eran desmesuradas; tras la entrada en prisión de Barrionuevo y Vera, la esperpéntica verbena organizada por los socialistas extramuros de la cárcel de Guadalajara sirvió quizás para elevar la moral de los dos internos, pero significó una afrenta para las instituciones judiciales y democráticas. En esa campaña solidaria de apoyo, entendible en términos partidistas, los militantes del PSOE mas exaltados traspasaron fronteras que nunca deberían haber cruzado: en el ámbito judicial, con sus descalificaciones a los magistrados del Supremo que habían condenado a Barrionuevo y Vera, y en el terreno histórico, al equiparar una sentencia dictada por el tribunal más representativo del Estado de Derecho con la persecución a los discrepantes durante el franquismo. Salvo algunas reacciones extemporáneas facilmente previsibles, esta vez los socialistas han reaccionado de manera razonable ante el adverso pronunciamiento.
Los motivos y los argumentos de los condenados para solicitar la anulación de la sentencia del TS han sido estudiados de forma minuciosa por los magistrados antes de proceder a su rechazo. Tal vez el único método para no extraviarse en la frondosa espesura jurídica de las ocho sentencias denegadoras del amparo sea limitarse a señalar las líneas maestras de sus principales conclusiones. El derecho de defensa y al juez predeterminado por la ley quedaron respetados. La instrucción realizada primero por el juez Garzón y después por el magistrado Moner fue imparcial. En la vista oral hubo actividad probatoria suficiente para contrarrestar la presunción de inocencia. El aforamiento de Barrionuevo en el TS hacía inevitable la instancia única. La interpretación jurisprudencial sobre la interrupción del plazo de prescripción era lícita.
Llegado el caso Marey al final de su trayecto jurídico-penal, quedan todavía en la Audiencia Nacional medio arrumbados otros sumarios relacionados con los crímenes perpetrados entre 1983 y 1986 por los GAL: los fantasmas del pasado se resisten a desaparecer pese al tiempo transcurrido. Si el establecimiento de la verdad judicial de unos acontecimientos producidos hace más de quince años ha sido muy tardío, resulta demasiado pronto, en cambio, para esclarecer la verdad histórica de la guerra sucia. La lucha ilegal contra ETA arrancó en tiempos del franquismo, prosiguió con los primeros gobiernos de la transición, mantuvo su curso durante los tiempos de UCD y reapareció bajo la primera legislatura del PSOE, dirigida siempre por agentes de los aparatos del Estado que utilizaban a la misma cuadrilla de mercenarios para los trabajos sucios. Aunque resulte comprensible la amargura de los socialistas por haber sido los únicos paganos de esos sangrientos episodios, el gran error del PSOE fue creer que las responsabilidades compartidas con los anteriores gobiernos eran una eximente de caracter penal invocable ante los tribunales y un argumento político capaz de conseguir la indulgencia o la complicidad de la opinión pública.
