Polémica universitaria

Los planes del Gobierno de establecer un sistema de selección del profesorado mediante un examen de habilitación único organizado por el Estado y de crear un sistema de elección de los rectores por sufragio universal ponderado en la comunidad universitaria van a provocar probablemente disputas de envergadura en el seno de las universidades y roces de algunas de ellas con los poderes políticos. Es dudoso que tales medidas -contempladas en los borradores de la nueva Ley Universitaria con la que el Ministerio de Educación pretente sustituir la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983- acaben con la endogamia universitaria y moderen el poder del claustro de profesores en la elección de rector.

La Universidad española adolece de problemas importantes relacionados sobre todo con el sistema de selección del profesorado. Sin embargo, a pesar de que el actual método presenta inconvenientes, la apuesta por una solución drástica en la que el Estado se otorga el papel protagonista en la revisión de la cualificación de los futuros profesores peca de centralismo. Éste ya se ha podido ver, por otra parte, en los planes del deparatamento de crear una reválida tras el bachillerato, también para todo el Estado. Actualmente, el problema de la endogamia radica en que la elección del mejor candidato para una plaza se hace entre varios expertos de un área de conocimiento -con la peculiaridad de que en algunas sólo hay cinco en toda España-, elegidos por sorteo junto con los nombrados por la universidad en la que se convoca la plaza.

Es dudoso que el problema de la endogamia se corrija con una prueba de habilitación nacional, a veces demagógicamente utilizada, puesto que las universidades podrían sólo aceptar a unos determinados profesores habilitados. Con ella se corre además el riesgo de violentar la autonomía universitaria y de crear en realidad un nuevo cuerpo, al que se acceda a través de un concurso de oposición con plazas cerradas, basado en un viejo sistema ya descartado. Alemania es uno de los pocos países que todavía lo mantienen, pero está en camino de desmontarlo. Alternativa mejor y más razonable sería someter a los departamentos de las universidades a evaluaciones periódicas de su profesorado, cuyos resultados repercutirían directamente en su financiación, como se hace en el Reino Unido. Si a menudo las universidades españolas no logran captar a docentes e investigadores es por la sencilla razón de que los bajos salarios que les pueden ofrecer no son mínimamente competitivos y acaban marchándose a empresas privadas o al extranjero.

En cuanto a la elección del rector con los votos ponderados de todos los estudiantes, profesores y personal no docente, se trata de una medida considerada populista por numerosos colectivos, que podría poner en peligro la independencia política de estas elecciones. La posible ventaja de abrir el voto a toda la comunidad universitaria y de acercar a ella la figura del rector se contrapone al riesgo de que se politice en exceso esta figura y, junto a él, la universidad. La intención de aplicar esta medida para acabar con las deudas que contraen los rectores con los miembros del claustro que actualmente los elige podría llevar a sustituir estas deudas por otras contraídas con sectores políticos, sindicales o empresariales. Pero, sobre todo, al analizar la idoneidad de esta iniciativa hay un dato contundente: no existe nada similar en los países cuyos sistemas educativos sirven de referencia a España y esto hace que las dudas sobre su conveniencia sean especialmente razonables.