Interpelación parlamentaria

El 8 de marzo, y a petición de la oposición, compareció el conseller Manuel Tarancón en las Cortes para responder en nombre del Gobierno a una pregunta cuyo enunciado es mucho más claro y contundente que la previsible y escurridiza respuesta: ¿por qué solamente un uno por ciento de los puestos de trabajo de la Administración de la Generalitat requieren un determinado grado de conocimiento del valenciano para ser ocupados? De esta comparecencia, la prensa escrita del día siguiente destacó el ofrecimiento de Tarancón de un modelo de lengua 'propio y científico' que supere la confrontación entre 'talibanes' de uno y otro signo, el secesionismo y el catalanismo. Curiosamente, casi todo el mundo se olvidó de la pregunta y se tragó la respuesta.

Es normal, por habitual, que los debates parlamentarios se parezcan a partidos de tenis con escasísimas jugadas maestras y aún con menores resultados en lo tocante al ejercicio real de control del Gobierno por la oposición. Tenemos la impresión de que si el parlamentarismo al uso tuviese que ser la escuela donde aprender la profesión dedicarse a la política, las deserciones superarían la falta de vocaciones. Para bien y para mal, son otros los estímulos. Pero volvamos a los hechos: en aquella ocasión, el control parlamentario fue burlado con toda premeditación y, además, el Gobierno impuso el tema del que le interesaba hablar, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, al tiempo que aprovechó, una vez más, para presentar de forma tácita su candidato a presidirla: Manuel Tarancón. Lo cierto es que, al desaparecer de hecho la pregunta, se desvaneció también la tarea de oposición y control sobre el Gobierno, o al menos así lo reflejó la prensa, la más afecta al régimen y también la otra.

Con todo y con eso, todo tuvo su interés y ligazón: la interpelación original y la oportunista intervención del representante del Consell. Conviene advertir, además, que nada de lo sucedido fue producto de la improvisación.

En primer lugar, a la pregunta de por qué la Administración valenciana deja de lado el conocimiento del valenciano, debería haber contestado el conseller concernido, el de Justicia y Administraciones Públicas, Carlos González Cepeda. Las razones por las que no se cumple la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano después de dieciocho años de vigencia -de los que doce han sido presididos por gobierno socialistas y el resto por populares- son, por sí mismas, potencialmente interesantes, tanto desde un punto de vista político como socio-lingüístico. Pero lo que tenía más interés, si cabe, era saber que piensa hacer el gobierno actual de ahora en adelante, aunque González Cepeda lo tuviese que explicar necesariamente en castellano.

Al fin y al cabo, aunque no figure en el diario de sesiones de las Cortes, no ha faltado la respuesta ¿por qué habría de ser precisamente un gobierno popular el que cambiara el rumbo de la política lingüística seguida en la Administración desde hace casi veinte años? ¿Por qué González Cepeda habría de mostrar más aptitudes para la política lingüística que los conselleres que lo han precedido o el mismo Eduardo Zaplana? ¿Por qué hablar de política lingüística cuando se puede hablar, con total actualidad, de lo que son capaces de hacer los 'talibanes' con la cultura? Y ya, por fin ¿no es Manuel Tarancón el conseller competente para hablar de cultura y, por tanto, de talibanes? He aquí la magia del filibusterismo parlamentario.

El 8 de marzo, el Gobierno envió a las Cortes al candidato a presidir una Acadèmia Valenciana de la Llengua donde no se hablará nunca de política lingüística. En palabras de Tarancón, un modelo de lengua 'extraño' para la población (el que avala l'Institut d'Estudis Catalans, ahora con sede en Castellón, l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana y la universidad de todo el mundo; el que congrega todos los años decenas de miles de personas en las Trobades por la lengua: el que aprenden en paz más de 132.000 alumnos de las enseñanzas básicas y en el que se publican centenares de libros todos los días desde hace 70 años) es lo que crea rechazo social al uso del valenciano. Ésta debe ser también la respuesta a la pregunta: no ha de extrañar a nadie que no se hable valenciano en la Administración porque, si se hablara y se hablara bien, podría crear más rechazo social a la lengua. Lástima de interpelación parlamentaria.

Vicent Esteve es maestro de Educación Primaria y sindicalista del STEPV.