La madre de un preso que murió tras ser golpeado pide abrir el caso

María Fornás aguanta con temple la ausencia de su hijo muerto en la càrcel de Picassent 22 días después de que acusara a cinco funcionarios de haberle propinado una paliza. 'Una de las últimas veces', comenta María, 'que vi a mi hijo estaba hecho un Ecce Homo, lloraba sangre. Mamá, me dijo, me han dado una paliza y no se porqué...' El caso ha pasado durante cinco largos años por los rigores de la administración de justicia hasta que hace aproximadamente un mes la juez que inició las diligencias decidió archivar el asunto.

Según la juez, las marcas que aparecieron en el cuerpo de Manuel Pérez Fornás después de muerto eran consecuencia de su estado grave de salud. Ninguno de los funcionarios 'actuó más allá de sus límites de la fuerza necesaria para reducir, sostener, inmovilizar a quien se encontraba en un estado de agresividad no minorado por su estado físico', concluyó la magistrada. La acusación particular, sin embargo, considera que la juez está en un error y ha recurrido el archivo en la Audiencia de Valencia que deberá decidir si se inicia o no la apertura del juicio oral.

Manuel tenía arruinada su salud a causa de una larga adicción de quince años a las drogas. En 1995 hacía ya cuatro años que sabía de su condición de enfermo de sida. Hepatis B crónica, tuberculosis pulmonar, herpes zoster generalizado y candidiasis oral eran las enfermedades que padecía como consecuencia de la inmunodeficiencia. A finales de octubre de 1995 los médicos de la prisión sospecharon que, además, podía ser víctima también de una toxoplasmosis cerebral, una grave infección que le producía parálisis en varias partes de su cuerpo así como dificultades para caminar y para hablar. Por eso decidieron que visitara La Fe con el fin de afinar un diagnóstico. Los exámenes médicos no dejaron lugar a dudas y el 26 de aquel mes Manuel reingresaba en prisión, ahora con la certeza de padecer toxoplasmosis.

El doctor del módulo número 7, consciente del delicado estado de salud del reo, ordenó que ingresara de inmediato en la enfermería de la prisión. A las tres de la tarde dos funcionarios de Picassent acudieron a la celda de Manuel con el fin de trasladarlo a la enfermería. Entonces y según consta en el escrito de los letrados de la acusación, Manuel les pidió a los funcionarios 'con habla confusa, que le permitieran antes recoger sus pertenencias, petición que le fue denegada, diciéndole los funcionarios que iba de cachondeo, que estaba borracho'. El traslado continuó, con el concurso de tres funcionarios más. Alguno de ellos advirtió de que el recluso iba 'colocado' justo en el momento en que comenzó a protestar por habérsele negado que pudiera recoger sus cosas. En ese momento empezaron los golpes y más tarde la aplicación excepcional del régimen de aislamiento, los grilletes y el cacheo. Los funcionarios desnudaron a Manuel y, enguantados, procedieron a escudriñar cada rincón de su cuerpo. Tres horas más tarde, una doctora de la prisión iba al encuentro de Manuel. Lo encontró sentado en la cama, acurrucado.

La doctora confirmó las lesiones del paciente y ordenó el levantamiento del aislamiento. Veintidós días después, un 16 de noviembre, Manuel Pérez Fornás falleció en el hospital Universitario de Valencia. Poco después, dos letrados, personados como acusación particular y popular, iniciaron un largo procedimiento de cinco años en el que han intentado probar que los cinco funcionarios que golpearon a Manuel se aplicaron con rigor extremo y desproporcionado a la situación. 'Sin duda', explica la letrada Mercé Teodoro, 'la paliza influyó en el desenlace de su muerte'. La madre de Manuel, María, sólo pide justicia. 'Mi hijo era cariñoso, amable... La droga fue lo que le lanzó a perder. Después simplemente se limitó a cumplir su pena con dignidad... Lo peor es que muriera con la indignidad con que murió. No me cansaré nunca de luchar por su justicia'.

'La tortura', -explica Jorge Del Cura, presidente de la Asociación contra la Tortura, personada en la causa- 'existe todavía en España de forma generalizada. Cuando los torturadores son agentes del orden público, los jueces y los fiscales se muestran a menudo reacios a profundizar en las denuncias, parecen no querer atacar a sus más próximos colaboradores. La sociedad misma, y así lo reconoce el Defensor del Pueblo en uno de sus informes, teme denunciar la tortura una práctica que asombrosamente ha acabado por ser asumida por la gente... La tortura a presos de ETA, violadores, delincuentes o homicidas ha terminado por ser una práctica inconscientemente tolerada'.

Sólo el interés por la verdad de un tribunal de la Audiencia de Valencia puede ahora rescatar la memoria de Manuel, humanizarlo, alejarlo de esa extraña sensación de carne de reo que invade su recuerdo.