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Zaplana pugna por suceder a Lucas al frente del PP en el Comité de Regiones

El presidente de la Generalitat defiende un fortalecimiento del actual órgano consultivo

El CdR es un órgano consultivo de la Comisión y el Consejo de la Unión Europea en el que están representadas regiones y ciudades europeas. Sus dictámenes, hasta la fecha, no tienen carácter vinculante, pero constituyen el vehículo de expresión de las reivindicaciones territoriales de las autoridades regionales y municipales al margen de sus respectivos gobiernos centrales.

Lucas asumió la presidencia y portavocía del Grupo del PP Europeo en el CdR de acuerdo con un reparto orgánico entre los populares de los 15 estados miembros de la UE. Su obligada renuncia a la presidencia de la Junta de Castilla y León fuerza su relevo entre los representantes españoles del PP en el foro regional. Zaplana se disputa la plaza con los presidentes regionales de Galicia, Cantabria, Madrid, La Rioja, Navarra y Murcia; con el alcalde de Madrid y con la propia alcaldesa de Valencia. Pero parece que la suerte ya está echada, según confirma una fuente de la Generalitat.

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El cargo es meramente orgánico, pero obligará a Zaplana a desplazarse a Bruselas con frecuencia. El calendario del PP Europeo prevé al menos seis reuniones de la dirección del grupo en el seno del CdR en lo que queda de año. Una de ellas en Salamanca que, previsiblemente, se trasladará a territorio valenciano.

Una fuente de la dirección nacional del PP abunda en el carácter orgánico del puesto y sugiere con sorna que el cargo resulta muy vistoso a efectos de currículo político.

Pero al margen de vanidades, Zaplana tendrá la oportunidad de impulsar el fortalecimiento del CdR que defendía cuando sólo era candidato a la presidencia de la Generalitat y que reitera con convicción en su libro El acierto de España.

Según Zaplana, el CdR debe superar su condición de órgano consultivo para convertirse en 'instancia codecisoria en relación con asuntos que son competencia exclusiva de los entes regionales'. El presidente concede que las comunidades autónomas deben renunciar a una política exterior propia, pero pide que se reconozca su autoridad en materia de turismo, promoción comercial y cooperación al desarrollo; incluso apunta que los gobiernos regionales deben establecer las prioridades de inversión en áreas como I+D al margen del Estado.

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