El Consejo Consultivo censura a los organismos por usar en su provecho el silencio administrativo

La presidenta del Consejo Consultivo, Elisa Pérez Vera, en su intervención, subrayó la conveniencia de que las administraciones públicas andaluzas comuniquen a los ciudadanos la resolución de todos los procedimientos emprendidos, incluso cuando éstos hayan prescrito o caducado. En tales supuestos, especifica el resumen de la memoria, 'la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables'.

Esta obligación de las instituciones abarca incluso los asuntos en los que haya 'entrado en juego la institución del silencio administrativo'. 'No es correcta', agrega el consejo, 'la práctica administrativa consistente en que, unez vez producido un silencio administrativo e interpuesto el correspondiente recurso contencioso, la Administración abandone la instrucción del procedimiento sin concluirlo'.

Más abien, agrega, la 'recta interpretación' supone que la Administración está obligada a tramitar 'en su integridad el procedimiento de que se trate con inclusión, si procede, del dictamen de este consejo'.

Decretos y leyes

La memoria del año 2000 también llama la atención a la Junta de Andalucía de que, con frecuencia, determinadas parcelas del ordenamiento jurídico las regulan mediante decretos, cuando en realidad sería menester contar con una ley previa 'que habilite el posterior desarrollo reglamentario'.

'En estas ocasiones', prosigue la recomendación del consejo, 'se ha indicado a la Administración la conveniencia de aprobar una ley o modificar la existente, a fin de dar cobertura legal al decreto proyectado y dar adecuado cumplimiento a las exigencias de los principios de legalidad'.

El Consejo consultivo emitió durante el año pasado 179 dictámenes, una cifra ligeramente inferior respecto a 1999. Salvo 12 de ellos, todos se emitieron dentro de plazo. La Consejería de Gobernación, con 67 solicitudes, aunque buena parte correspondían a expedientes tramitados por diputaciones y ayuntamientos, fue la que más solicitudes presentó, seguida por la de Obras Públicas y la de Salud, con 26 consultas cada una.

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que asistió a la lectura de la memoria, aceptó las recomendaciones y recordó que este órgano se creó precisamente para controlar todas las normativas y leyes que emanan no sólo de la Junta de Andalucía sino también de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos de la comunidad.

En su intervención ante el pleno del consejo, el presidente andaluz hizo una amplia reflexión sobre el problema del terrorismo y recordó al fiscal jefe, Luis Portero, asesinado por la banda terrorista ETA el 9 de octubre en Granada.

'Los enemigos de la convivencia pacífica y libre', señaló Chaves en presencia de la viuda de Portero, Rosario de la Torre, 'continúan actuando, matando y extendiendo el chantaje a toda la sociedad española y a la andaluza de manera especial en el último año, con la pretensión de que nos demos por vencidos, ya que no por la fuerza de sus razones, por el expeditivo medio argumental del terror que provocan sus atentados'.

'El terrorismo es el mayor peligro de la democracia y la democracia es la única línea de demarcación entre la libertad y la barbarie, entre los justo y lo injustificable, a pesar de los esfuerzos que hacen sus encubridores sociales, políticos e intelectuales', continuó el presidente andaluz.

'Esa es la profunda diferencia', siguió, 'entre el sosegado sentimiento del año pasado por la pérdida del amigo y compañero de este organismo, Jaime García Añoveros, y la indignación y rabia que nos produce a todos los trágica desaparición de Luis Portero'.