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Editorial:

Caerse de la Roca

La Roca ha surgido de nuevo como un obstáculo insalvable entre Madrid y Londres. Ante las afrentas de Londres, que responde con el silencio a las propuestas de diálogo, y de los llanitos, que están preparando una nueva Constitución que les lleve a la autodeterminación, el Gobierno de Aznar, finalmente, se ha caído de la higuera. Se ha percatado de que no puede haber relaciones normales entre España y el Reino Unido mientras persista este hecho colonial, para cuya solución el amigo Blair no ha movido un solo dedo.

El Gobierno del PP quebró una línea fija de la política exterior española y pretendió aislar el problema del Peñón para desarrollar las relaciones con los británicos en los demás campos, ayudadas por las afinidades personales y familiares entre Blair y un Aznar que también buscaba en este contacto una pátina centrista. Es posible que esa política pueda dar algún día resultados positivos en el contencioso del Peñón. Pero el Tireless, que insultantemente sigue en el puerto de Gibraltar sometido a reparaciones mientras la parte española mira a distancia, y ahora las pretensiones de los gibraltareños han echado un jarro de agua fría sobre esa estrategia y conducido al Gobierno a una rectificación que ya apuntó el ministro de Exteriores el pasado 8 de febrero. Esta rectificación cuenta con el apoyo de la oposición socialista, cuyo secretario general se ha negado a viajar a Londres mientras el submarino de la discordia siga en la colonia.

Pero la gota que ha colmado el vaso, lo que puede constituir un 'acto hostil de gravedad', en palabras de Piqué, ampliadas ayer por Aznar, es la pretensión de los gibraltareños de adoptar lo que llaman una nueva Constitución que, en un supuesto acto de autodeterminación, les situara en el mejor de los mundos: pleno autogobierno (no independencia) y mantenimiento de todas sus ventajas como paraíso fiscal del que, todo hay que decirlo, se aprovechan no pocos ciudadanos españoles en busca de evadir sus impuestos. Tal propósito de descolonización, no digamos ya la independencia, es contrario al Tratado de Utrecht de 1713, por el cual el Reino Unido tomó posesión del Peñón, con la condición de que cualquier cambio en la soberanía llevaría a retrotraerla a España. Los gibraltareños, sin que Londres haya frenado de momento esta ilusión, pretenden así deshacer lo poco andado desde el acuerdo de Bruselas de 1984, por el que Londres y Madrid se comprometían a dialogar sobre la soberanía del Peñón. Las posteriores pretensiones de Abel Matutes en 1997 o, más recientemente, de Piqué de reanudar y avanzar en este diálogo han caído en oídos sordos.

El contencioso de Gibraltar no es un asunto puramente bilateral, pues ha frenado en el pasado diversos acuerdos europeos y sigue impidiendo la puesta en marcha de un espacio aéreo común, al negarse Gibraltar a aplicar la convención de 1997 sobre la gestión conjunta del aeropuerto del Peñón, instalado en tierra usurpada al margen del Tratado de Utrecht.

En estos años, el Gobierno ha perdido el tiempo y ha dado algunas muestras de ingenuidad que las autoridades gibraltareñas están intentando exprimir. Las buenas relaciones existentes con Londres pueden ser un punto de partida beneficioso para los intereses españoles en Gibraltar, pero en el caso de que Blair gane las elecciones de mayo habría llegado la hora de intentar rentabilizarlas para desbloquear un contencioso que va camino de cumplir tres siglos. Al menos para que Londres retire su respaldo sistemático a cualquier pretensión de los gibraltareños, por incompatible que resulte con el tratado. La solución, a largo plazo, sólo puede pasar por la soberanía, o al menos cosoberanía, española sobre el territorio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de marzo de 2001