El catalán será cooficial en las zonas de Aragón donde es mayoritario

El Gobierno de Aragón presentó ayer el anteproyecto de la Ley de Lenguas de Aragón, norma cuya aprobación supondrá el cumplimiento del artículo 7 del Estatuto de Autonomía. La futura norma da carácter de cooficial al catalán, lengua que es utilizada habitualmente por 70.000 personas en 62 poblaciones de Zaragoza, Teruel y Huesca, y al aragonés, hablado por unas 40.000 personas en 52 localidades de Zaragoza y Huesca.

El proyecto de ley estará dos meses en periodo de exposición pública antes de ser remitido a las Cortes de Aragón para ser aprobado y entrar en vigor este año.

La futura ley incluye la lista de municipios donde se habla el catalán y el aragonés. Es en esas poblaciones donde estas dos lenguas serán cooficiales con el castellano. En Aragón viven 1.186.849 personas y se reconocen como lenguas el castellano, mayoritario; el catalán, que se habla en la Franja, zona fronteriza con Cataluña de unos 20 kilómetros de profundidad que discurre desde los Pirineos hasta el delta del Ebro, y el aragonés. Esta última lengua se habla en 43 pueblos de Huesca y 9 de Zaragoza, y el catalán se utiliza en 32 localidades de Huesca, 25 de Teruel y 5 de Zaragoza.

La norma da cumplimiento al Estatuto de Autonomía, cuyo artículo 7 dice: 'Las lenguas y las modalidades lingüísticas propias de Aragón gozarán de protección. Se garantizará su enseñanza y el derecho de los hablantes, en la forma que establezca una ley de Cortes de Aragón, para las zonas de utilización predominante de aquéllas'.

El consejero de Cultura, Javier Callizo, del Partido Aragonés Regionalista, puso ayer especial empeño en aclarar que el de la lengua debe ser un proyecto que reúna el 'mayor consenso posible y debe durar'. Con estas palabras, Callizo pretendía demostrar que no ha habido retraso, sino prudencia, antes de llevar el anteproyecto de ley al Parlamento. Asimismo recordó que la ley garantiza el derecho a recibir enseñanza en la lengua materna, reglamenta la toponimia y la antroponimia, y crea un órgano que vela por su normalización. El consejero aludió a la Ley de Patrimonio, que obliga a regular la cooficialidad de estas lenguas, y añadió que la futura norma propone que 'la voluntariedad' sea 'su criterio general, no la obligatoriedad. Se reconocen los derechos pero no se impone nada'.

La ley es gradual para que las distintas administraciones puedan adaptarse a la nueva realidad lingüística. Callizo destacó que se ha puesto especial cuidado en 'tratar de hacer compatible la cooficialidad de las dos lenguas sin dejar de reconocer y proteger las variedades vernáculas que se hablan en algunos valles pirenaicos, como el ansotano, el cheso, el belsetano y el benasqués'.