Sólo promesas fiscales

En plena campaña electoral, hace aproximadamente un año, José María Aznar presentó las claves de la que sería la próxima reforma fiscal de su Gobierno. Ya entonces advirtió que los cambios en las dos principales figuras tributarias, el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y el impuesto de sociedades no se llevarían a cabo de forma inmediata. Desde el Ejecutivo se han ido concretando algo más los plazos. El nuevo impuesto de sociedades verá la luz a finales de este ejercicio y será, por tanto, de aplicación a partir del ejercicio 2002. Para conocer el nuevo IRPF habrá que esperar algunos meses más. Su diseño efectivo se retrasará hasta 2002 para entrar en vigor a la hora de realizar la declaración de la renta correspondiente al año 2003.

Los últimos estudios sobre la demografía española han arrojado datos preocupantes. Según la ONU, la población española en el 2050 se habrá reducido desde los actuales 40 millones de habitantes a los 31,2 millones, de los cuales más del 44% tendrán más de 60 años. La media de edad será de 55 años. Bajo este telón de fondo, el presidente del Gobierno aseguró hace unos días, en un acto organizado por el Instituto Español de Analistas Financieros, que la próxima rebaja del IRPF incorporará mejoras en el tratamiento fiscal que se aplica a las familias que tengan dos hijos.

Se confirmó así que habrá rebaja de impuestos y modificación en las deducciones por hijos. Desde entonces no se han concretado estos datos, por lo que las únicas pistas sobre este impuesto siguen estando en el programa electoral del PP.

El esquema general del hipotético nuevo IRPF es similar al vigente. En él se contempla, como punto inicial y básico, la reducción de los tipos marginales. De un mínimo actual del 18% se pasará a otro del 15%. De un máximo del 48%, se llegará al 46%. El resto de los tramos se ajustarán a estos nuevos niveles, respetando siempre la progresividad del impuesto: mayores rentas, impuestos más elevados.

En el impuesto vigente sobre la renta, el mínimo familiar general -rentas exentas, sobre las que no se pagan impuestos, porque teóricamente cubren gastos necesarios de alimentación, vestido, sanidad, etcétera- establecido para los dos primeros hijos es de 200.000 pesetas. Sube a 300.000 pesetas, cuando se trata del tercero, cuarto o siguientes hijos. A estas cantidades, se les suman 50.000 pesetas si los hijos tienen menos de tres años y 25.000 pesetas, cuando su edad está comprendida entre los tres y los 16 años.

Las mejoras fiscales para las familias con hijos anunciadas por José María Aznar se concretarán, siguiendo el modelo dibujado en el programa electoral, en ampliar ya al segundo hijo la deducción general de las 300.000 pesetas. Además, si bien para los hijos entre tres y 16 años, la ayuda podría mantenerse en las mismas actuales 25.000 pesetas, la establecida para los menores de tres años, podría multiplicarse por tres hasta colocarse en 150.000 pesetas anuales.

Según los técnicos, estas modificaciones generales desembocarían en otras que afectarían a los hijos con algún tipo de minusvalía.

Para conseguir el objetivo de reducir la carga impositiva directa, el Ejecutivo también ha planteado modificar la fiscalidad de las rentas del trabajo. En principio está previsto elevar las reducciones por rendimientos del trabajo. Quienes ganen menos de 1,8 millones de pesetas los reducirán en 600.000 pesetas. Como mínimo esa reducción será de 400.000 pesetas, frente a las 375.000 vigentes en la actualidad.

A decir de los expertos, es más que difícil precisar cuál puede ser el impacto que esta hipotética reforma fiscal pueda tener en la recaudación vía impuesto sobre la renta. Según los datos ofrecidos desde el Ejecutivo, dos tercios de los contribuyentes verán reducida su carga impositiva en un 28%. De media, los españoles reducirán, según sus cálculos, un 8% su factura fiscal. Saber cuánto, en importe efectivo, suponen cada una de las partes daría las claves para conocer con cierta precisión la reducción de recaudación fiscal a la que el PP quiere hacer frente.

En la anterior reforma del IRPF, según los datos presentados recientemente por el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez Reyna, el coste real para las arcas del Estado fue de 540.000 pesetas (800.000 millones de renta liberada menos lo que se reingresa a través de otros impuestos y de la Seguridad Social), lo que supuso algo más del 0,6% del producto interior bruto (PIB) en 1999.

A su juicio, la nueva rebaja en el IRPF tendrá un coste cercano al 0,3% del PIB, lo que aproximadamente sumará entre 300.000 y 400.000 millones de pesetas.

La preocupación más inmediata del Ministerio de Hacienda es aprobar una nueva Ley General Tributaria, que contemplará importantes novedades en lo relativo a los sistemas de actuación frente al fraude y a la resolución de las actas fiscales. En ello se está trabajando y parece probable que, al menos, un borrador inicial, estará listo para antes del verano para que se inicie entonces su tramitación parlamentaria. En el marco de esa nueva ley se incluirá la reforma del impuesto de sociedades. El objetivo vuelve a ser rebajar la presión tributaria sobre los beneficios empresariales. Las vías en estudio son dos. La primera, y más sencilla, consiste en la reducción del tipo impositivo, actualmente fijado en el 35%. Países como Alemania, Francia e Irlanda han rebajado recientemente sus impuestos vía reducción de tipos impositivos sobre las ganancias societarias.

Un recorte de dos puntos, hasta el 33% -algo más en línea con la media de la Unión Europea-, cuenta, por el momento, con el mayor número de defensores. La segunda de las fórmulas analizadas por el Ministerio de Hacienda se centra en la ampliación de las desgravaciones aplicables en la base imponible del impuesto de sociedades, especialmente las que afectan a las pequeñas y medianas empresas y las relativas a formación, internacionalización, innovación tecnológica, etcétera.

En una de sus últimas comparecencias públicas, José María Aznar aseguró que la intención de su Gobierno es suprimir el impuesto sobre actividades económicas (IAE) el próximo año. Es ésta una promesa electoral que se contempla desde 1996, pero cuya realización práctica siempre ha chocado con la falta de acuerdo con los ayuntamientos sobre las fórmulas para compensar las pérdidas de recaudación.