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Birulés desvela la tasa

Las operadoras de móvil inician la batalla legal contra el canon por uso de espacio radioeléctrico tras conocer el método utilizado por Ciencia y Tecnología para fijarlo

Anna Birulés, ministra de Ciencia y Tecnología, esperaba una sesión tranquila en el Congreso el pasado martes. Había telefoneado a los portavoces de los grupos parlamentarios, incluido el Partido Socialista, y parecía haber consenso sobre la política de investigación científica. La oposición, con documentos en la mano, abrió un nuevo frente: la tasa. Ciencia y Tecnología había descubierto a los diputados los criterios seguidos para fijar la tasa por el uso de espacio radioeléctrico (las frecuencias por las que discurren las comunicaciones) a las operadoras de telefonía móvil. 'Con tanta arbitrariedad, cualquier recurso que se presente en los tribunales o en Bruselas lo gana cualquiera', advirtió el diputado socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

El Gobierno español concedió el pasado mes de marzo cuatro licencias de telefonía móvil de tercera generación (UMTS) por 87.000 millones de pesetas; semanas después, el Gobierno británico conseguía, por subasta, cerca de 6,3 billones de pesetas; y Alemania, a finales de agosto, recaudó 8,4 billones. La respuesta del Ejecutivo español a las abismales diferencias y a las críticas vertidas desde la oposición fue fijar una tasa a los usuarios del espectro radioléctrico (desde operadoras de móviles a servicios de ambulancia o seguridad, pasando por las cadenas de radio y televisión y las compañías de telefonía fija por radio) de 160.000 millones de pesetas anuales durante los próximos 20 años.

Según el informe del Gobierno, la tasa sigue tres métodos de cálculo y resulta de la media de todos ellos. El primero de ellos tiene en cuenta el precio pagado en Europa por las licencias y el producto interior bruto español. Valora las licencias en 2,092 billones de pesetas, aunque reconoce que la renta per capita en España es inferior a la media, la telefonía móvil está ya muy extendida y la sobrepuja en las subastas europeas (1,67 billones de pesetas se pagaron de más en Alemania, según Lehman Brothers) para fijar la cuantía final de la tasa en 104.600 millones para las operadoras UMTS.

El segundo criterio, que tiene en cuantas previsiones de inflación, deuda y crecimiento de la economía española, fija la tasa en 140.000 millones de pesetas. Sin embargo, para llegar a esa cifra, los técnicos han tenido en en cuanta, entre otros factores, que, según las ofertas presentadas y las inversiones comprometidas, las cuatro operadoras con licencia UMTS obtendrían 6,2 billones de pesetas en 20 años.

La dirección general de Tributos considera que, como sin el espectro que les concede el Estado no alcanzarían ese resultado, la tasa debería suponer el 50% del beneficio esperado. 'La justificación de este importe está en que sin este espectro radioeléctrico, la empresa no tendría actividad, por lo cual parece adecuado que el Estado obtenga el 50% del beneficio', afirma el informe al Congreso. Este razonamiento ha despertado no poca inquietud en todos aquellos colectivos empresariales cuya actividad requiere de concesión administrativa, 'ya que sin ella tampoco tendríamos actividad', afirma un posible afectado.

El tercer capítulo está dedicado a la tasa para otros servicios que usan el espectro y concluye que la tasa para los ganadores de licencias UMTS debería estar entorno a 175.000 millones. Destaca para el resto de actividades la consideración de que habida cuenta de que la radio 'ha experimentado un creciente interés social y económico [...] los recursos radioeléctricos deben incrementar su valor de forma propocional', lo que lleva al Gobierno a multiplicar por 4,23 la tasa para las cadenas de radio.

Las operadoras no se han hecho esperar y han abierto el fuego. El grupo Auna, controlado por Telecom Italia y las eléctricas, ha acudido a la Comisión Europea para quejarse -paso previo a la denuncia- por una tasa que considera arbitraria, contraria a la competencia y a los principios de transparencia y seguridad jurídica que consagra la UE. Mientras, negocian con Birulés para que rebaje la tasa en próximos años.

Problemas de antena

Antenas y teléfonos móviles son ahora asunto prioritario para municipios y comunidades de vecinos. Para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, supone un nuevo quebradero de cabeza. El debate sobre los efectos para la salud de las ondas de radio ha derivado en un cada vez más tenso encontronazo entre las administraciones locales y las operadoras (Telefónica Móviles, Airtel y Amena). Éstas últimas, con el apoyo de proveedores de redes y teléfonos (Ericsson, Nokia, Nortel, Lucent, Siemens, Motorola y Alcatel, entre otros). No hay pruebas científicas de que las ondas de radio que emplea la telefonía móvil tengan efectos perniciosos sobre la salud. Sin embargo, la falta de evidencias en una u otra dirección está siendo el caldo de cultivo para que algunos ayuntamientos y comunidades de vecinos revisen las condiciones en las que se han instalado antenas para la transmisión de señales y las tasas que pagan por ello las compañías operadoras. En algunas poblaciones, la falta de acuerdo, especialmente en lo referido a las cantidades a pagar, ha terminado ya con la retirada de algunas estaciones base (emiten con una potencia máxima de 500 watios frente a los 600 de un microondas o los 100.000 de una estación emisora de televisión, según los datos enviados por Telefónica a los municipios). En medio de la creciente polémica, los ministerios de Sanidad y Ciencia y Tecnología preparan un real decreto que marcará los límites de exposición y otras restricciones a las emisiones radioeléctricas. Las operadoras, con el apoyo de la patronal Aniel, tratan de evitar que se determine dónde pueden o no instalarse antenas (colegios, por ejempo) porque reconocen que, en determinadas circunstancias, puede haber problemas.

'Roma no se construyó en un día, pero estamos seguros de que el UMTS será la tecnología de comunicación dominante tres o cuatro años después de que la primera red se ponga en marcha', afirma UMTS Forum en un intento por rebajar las dudas sobre una tecnología que ha derribado las cotizaciones de las primeras operadoras mundiales y trae de cabeza al sector. ¿Y entretanto? Se da la circunstancia de que España debe ser el 1 de agosto el primer país en lanzar servicios UMTS, que los más optimistas no esperan los teléfonos hasta fin de año y que Xfera, una compañía que ha comprometido inversiones cercanas al billón de pesetas, tiene que cumplir el calendario o pagar fuertes penalizaciones. UMTS Forum recomienda paciencia. Unos 80 operadores tienen licencia en 20 países y aún hay 50 por adjudicar en el próximo año. ¿Podrán soportarlo los mercados?

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