Birulés desvela la tasa

Anna Birulés, ministra de Ciencia y Tecnología, esperaba una sesión tranquila en el Congreso el pasado martes. Había telefoneado a los portavoces de los grupos parlamentarios, incluido el Partido Socialista, y parecía haber consenso sobre la política de investigación científica. La oposición, con documentos en la mano, abrió un nuevo frente: la tasa. Ciencia y Tecnología había descubierto a los diputados los criterios seguidos para fijar la tasa por el uso de espacio radioeléctrico (las frecuencias por las que discurren las comunicaciones) a las operadoras de telefonía móvil. 'Con tanta arbitrariedad, cualquier recurso que se presente en los tribunales o en Bruselas lo gana cualquiera', advirtió el diputado socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

El Gobierno español concedió el pasado mes de marzo cuatro licencias de telefonía móvil de tercera generación (UMTS) por 87.000 millones de pesetas; semanas después, el Gobierno británico conseguía, por subasta, cerca de 6,3 billones de pesetas; y Alemania, a finales de agosto, recaudó 8,4 billones. La respuesta del Ejecutivo español a las abismales diferencias y a las críticas vertidas desde la oposición fue fijar una tasa a los usuarios del espectro radioléctrico (desde operadoras de móviles a servicios de ambulancia o seguridad, pasando por las cadenas de radio y televisión y las compañías de telefonía fija por radio) de 160.000 millones de pesetas anuales durante los próximos 20 años.

Según el informe del Gobierno, la tasa sigue tres métodos de cálculo y resulta de la media de todos ellos. El primero de ellos tiene en cuenta el precio pagado en Europa por las licencias y el producto interior bruto español. Valora las licencias en 2,092 billones de pesetas, aunque reconoce que la renta per capita en España es inferior a la media, la telefonía móvil está ya muy extendida y la sobrepuja en las subastas europeas (1,67 billones de pesetas se pagaron de más en Alemania, según Lehman Brothers) para fijar la cuantía final de la tasa en 104.600 millones para las operadoras UMTS.

El segundo criterio, que tiene en cuantas previsiones de inflación, deuda y crecimiento de la economía española, fija la tasa en 140.000 millones de pesetas. Sin embargo, para llegar a esa cifra, los técnicos han tenido en en cuanta, entre otros factores, que, según las ofertas presentadas y las inversiones comprometidas, las cuatro operadoras con licencia UMTS obtendrían 6,2 billones de pesetas en 20 años.

La dirección general de Tributos considera que, como sin el espectro que les concede el Estado no alcanzarían ese resultado, la tasa debería suponer el 50% del beneficio esperado. 'La justificación de este importe está en que sin este espectro radioeléctrico, la empresa no tendría actividad, por lo cual parece adecuado que el Estado obtenga el 50% del beneficio', afirma el informe al Congreso. Este razonamiento ha despertado no poca inquietud en todos aquellos colectivos empresariales cuya actividad requiere de concesión administrativa, 'ya que sin ella tampoco tendríamos actividad', afirma un posible afectado.

El tercer capítulo está dedicado a la tasa para otros servicios que usan el espectro y concluye que la tasa para los ganadores de licencias UMTS debería estar entorno a 175.000 millones. Destaca para el resto de actividades la consideración de que habida cuenta de que la radio 'ha experimentado un creciente interés social y económico [...] los recursos radioeléctricos deben incrementar su valor de forma propocional', lo que lleva al Gobierno a multiplicar por 4,23 la tasa para las cadenas de radio.

Las operadoras no se han hecho esperar y han abierto el fuego. El grupo Auna, controlado por Telecom Italia y las eléctricas, ha acudido a la Comisión Europea para quejarse -paso previo a la denuncia- por una tasa que considera arbitraria, contraria a la competencia y a los principios de transparencia y seguridad jurídica que consagra la UE. Mientras, negocian con Birulés para que rebaje la tasa en próximos años.