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La Eurocámara investiga la penetración en la UE del espionaje anglo-norteamericano

Washington y Londres niegan la infiltración de la red Echelon en industrias e instituciones

Washington y Londres niegan que esta red, surgida en 1947 para espiar a la Unión Soviética, se haya dedicado a penetrar en la industria europea a través de satélites, faxes, correo electrónico o sencillamente mediante la interceptación de llamadas telefónicas.

El eurodiputado socialista y vicepresidente del Parlamento Europeo, Gerhard Schmid, ha acusado a la pasada Administración del presidente Bill Clinton de haber practicado impunemente este tipo de acciones en provecho de las compañías estadounidenses.

Schmid, que es el principal ponente de la llamada comisión Echelon, lanzó esta semana en Bruselas un aviso a la industria europea: 'Una empresa tiene que asegurarse de que sus planes futuros, sus sistemas de producción, sus datos financieros y demás información sensible no sean transmitidos vía fax o teléfono'.

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Llámese como se llame, el Parlamento Europeo cree que existe una red mundial de espionaje industrial, aun cuando tal vez haya algo de exageración sobre el grado de actividad. Probablemente, porque no se dispone de todos los datos necesarios. La existencia de Echelon quedó oficializada a principios del año pasado al desclasificar Washington documentos secretos.

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Investigación británica

Duncan Campbell, un investigador británico, alertó el pasado octubre a la Eurocámara del alcance de Echelon pormenorizando varias operaciones en las que supuestamente intervino. Entre ellas una, en 1994, de McDonnell-Douglas, que birló un suculento contrato en Arabia Saudí de 30.000 millones de francos (aproximadamente 750.000 millones de pesetas) a Francia. La francesa Thomson perdió también la pasada década en Brasil otro de 1.400 millones de dólares en beneficio de Raytheon, un fabricante norteamericano de radares.

Actualmente es inmensa la capacidad de penetración a través de satélites y mínimo el rastro. La cobertura exige estaciones en el Atlántico, Pacífico e Índico tal como posee EE UU. En la Unión Europea (UE) sólo disponen de ellas Francia y el Reino Unido.

Echelon ha saltado de nuevo a la actualidad estas últimas semanas tras la sorprendente conducta de un alto funcionario de la Comisión Europea que, voluntaria o involuntariamente, decidió el pasado 6 de febrero revelar muchos detalles de su experiencia al frente del departamento criptográfico del Ejecutivo comunitario.

Desmond Perkins, un británico de brillante historial en la Royal Navy y en el Foreign Office y a punto de jubilarse como eurócrata tras más de 25 años de servicio, quiso deslumbrar a la comisión europarlamentaria confesando, a puerta cerrada, tener muy buenas relaciones con la Agencia de Seguridad Nacional de EE UU (NSA) -un familiar suyo trabajó allí- e insinuando que la NSA revisaba regularmente el sistema criptográfico que utilizaba la Comisión Europea.

Sus palabras levantaron una polvareda que ha ido creciendo hasta el extremo de que el PE se plantea ahora la conveniencia de abrir una investigación sobre el caso Perkins. El veterano funcionario rectificó 48 horas después sus palabras a través de una carta al director general de Asuntos Exteriores, pero arrojó más dudas y una gran descoordinación interna entre diversos departamentos del Ejecutivo europeo.

Sin peligro

Su inmediato superior, el holandés Lodewijk Briet, se devanó los sesos el pasado martes ante la comisión Echelon al reiterar una y otra vez que el sistema criptográfico comunitario nunca ha estado en peligro, ni menos aún descifrado por los servicios secretos norteamericanos o por cualquier potencia extranjera.

¿Por qué creerle?, se preguntaban muchos eurodiputados la tarde del martes. 'Pido perdón por las palabras de Perkins. Son para darle un azote, pero es una persona honrada', decía Briet ante sus señorías. Algunos de éstos piensan que si el veterano funcionario actuó de manera irresponsable debería ser expedientado. Otros, por el contrario, consideran que Perkins no hizo más que sincerarse cuando contó sus buenos contactos con la NSA y explicó haber retado a la agencia a descifrar durante dos semanas los códigos comunitarios sin lograrlo.

El Gobierno francés exigió ese mismo día explicaciones a Bruselas para que aclare si es fiable el sistema de encriptado interno. La Comisión sostiene que el sistema, provisto por la firma alemana Siemens, reúne los niveles de fiabilidad de la OTAN y es el mismo que emplean Francia, Alemania, Reino Unido y Holanda.

Radares del centro de comunicaciones del Gobierno británico en Cheltenham, a 150 kilómetros de Londres.
Radares del centro de comunicaciones del Gobierno británico en Cheltenham, a 150 kilómetros de Londres.EPA

El talón de Aquiles de Europa

La Unión Europea, y menos aún la Comisión Europea, no tienen ni la filosofía ni las capacidades de Estados Unidos en materia de protección de secretos. Ese talón de Aquiles fue uno de los primeros obstáculos que tuvo que afrontar Javier Solana cuando, en octubre de 1999, saltó de la OTAN al cargo de alto representante de Política Exterior y Seguridad de la UE, y tuvo que empezar a poner en marcha los nuevos órganos de defensa de la Unión. El edificio del Consejo de Ministros no reunía las más mínimas condiciones para garantizar la privacidad de las comunicaciones entre esos órganos y la OTAN. La Alianza avisó que no les enviaría ni siquiera una tarjeta navideña mientras no acondicionaran el recinto. Los europeos decidieron entonces trasladar esas nuevas estructuras a otro local que está siendo especialmente habilitado. El despacho de Míster Pesc sigue en Justus Lipsius, la sede del Consejo. El caso de la Comisión es aún peor. Apenas un tercio de sus oficinas de representación en el exterior dispone de medidas de comunicación seguras y se duda bastante que la sede principal -temporal hasta el regreso en 2003 al emblemático edificio de Berlaymont- las tenga pese a las afirmaciones vertidas esta semana en el PE. El Ejecutivo comunitario ha anunciado que va a modernizar su sistema de seguridad ante las nuevas exigencias que reclaman sus mayores competencias en temas de política exterior. Sus portavoces precisan que tal medida estaba ya tomada mucho antes de que estallara el caso Perkins.

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