Los pequeños pueblos adecuan sus planes urbanísticos

Esta amenaza afecta a zonas demandadas como destino turístico de interior en toda la Comunidad Autónoma: La Sierra de Aracena y Picos de Aroche en Huelva; La serranía de Cádiz, la falda sur de Sierra Nevada, Níjar (Almería); la zona de Cazorla en Jaén; y en Málaga, a casi la totalidad de la provincia, pero especialmente a la Serranía de Ronda y La Axarquía.

En Málaga, por el agotamiento de suelo en algunas zonas de costa, la resolución del problema es especialmente urgente. De hecho, algunos pueblos de segunda línea de costa, como Alhaurín de la Torre o Cártama, han llegado a perder su fisonomía por el crecimiento incontrolado registrado en las últimas décadas. Junta, Diputación y Diputación y alcaldes de todas las comarcas malagueñas han iniciado una ronda de conversaciones para agilizar la tramitación de su planificación urbanística.

'Los planes se iniciaron en los años ochenta, pero en muchos casos la planificación se limita al casco urbano y en todo caso a algún equipamiento deportivo, y las normas están tan desfasadas que hay que renovarlas por completo', dice Carlos Hernández Pezzi, arquitecto responsable de la Oficina de Planeamiento de la Diputación de Málaga, creada para agilizar la gestión del planeamiento en aquellos pueblos que carecen de medios técnicos para asumir su elaboración.

Con todo, debido a la cantidad de proyectos pendientes y a la pesada tramitación legal, los procesos se ralentizan, para desesperación de los alcaldes. 'La falta de planificación hace que muchas veces municipios limítrofes tengan distinto tratamiento urbanístico, lo que genera desigualdades y quejas vecinales', afirma Salvador Pendón, vicepresidente de la Diputación malagueña y alcalde de Ardales.

Las principales demandas de los vecinos actualmente se refieren a la edificación de nuevas casas o alojamientos hoteleros; suelo industrial; equipamiento público o viviendas sociales. La misma construcción de una carretera o un acceso no se puede abordar sin tener en cuenta las normas subsidiarias.

Sin embargo, los alcaldes no sólo se enfrentan a las reclamaciones y protestas de los vecinos. También reciben peticiones de promotoras foráneas, generalmente extranjeras, que se han hecho con grandes extensiones de terreno y quieren iniciar la construcción de viviendas a gran escala. Esto supone a corto plazo una fuerte inyección económica: creación de empleo, ingresos para las arcas públicas y demanda de nuevos servicios. Una tentación en la que es fácil caer a menos que se tenga una sólida convicción conservacionista.

'Esas iniciativas hacen más urgente una planificación sostenible', indica Hernández Pezzi, 'porque el impacto que puede suponer la construcción de 350 nuevas viviendas en un municipio de 500 habitantes es tremendo, por muy respetuosas con el paisaje que sean las viviendas. Y no es un problema sólo de paisaje, sino de servicios y de equipamiento'. Pero muchas veces, las constructoras se van haciendo con grandes extensiones de terreno porque las normas son demasiado restrictivas: si un vecino no puede sacar ninguna rentabilidad de un pequeño terreno familiar, lo normal es que termine vendiéndolo al mejor postor.

'Para evitar este tipo de comportamientos', explica Enrique Salvo, delegado de Obras Públicas en Málaga, 'hemos introducido en el planeamiento la figura de la parcela histórica, que permite que alguien que por herencia tenga un terreno rústico que no llegue a la extensión mínima para construir en él, pueda obtener una licencia legal para edificar una vivienda unifamiliar'.

El objetivo, pues, es definir cuanto antes unos parámetros justos de desarrollo sostenible que eviten el crecimiento amorfo y desmesurado de los pueblos sin convertirlos tampoco en decorados intocables que condenen al éxodo a sus habitantes.