Fracaso generalizado

Estamos fracasando, y estamos fracasando ante el problema no más urgente pero sí posiblemente más importante al que tenemos que hacer frente como país: la inmigración. Las señales del fracaso se vienen acumulando en los últimos meses, están por todas partes y afectan a casi todas las instituciones del Estado.

Está, en primer lugar, el fracaso de las Cortes Generales. Desde que se aprobó la Ley de Extranjería actualmente vigente, que se suponía que iba a poner fin al efecto llamada generado por la ley anterior, no sólo no se ha reducido el tal efecto llamada sino que se han desencadenado otros efectos (encierros en iglesias y universidades, huelgas de hambre), que no se habían producido con la ley anterior.

Está, en segundo lugar, el fracaso del Gobierno, que no está pudiendo cumplir la ley, como tendría que reconocer el anterior ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, en rueda de prensa concedida al día siguiente de su entrada en vigor y cuya posición de aparente firmeza se está viendo desbordada por la magnitud del problema. Vamos a ver cómo consigue salir del lío en que se ha metido con los viajes de ida y vuelta de los inmigrantes ecuatorianos y de las consecuencias que esa iniciativa puede tener de cara al futuro. Hay soluciones que son pan para hoy y hambre para mañana, y me temo que ésta es una de ellas. Enrique Fernández-Miranda está empezando a comprobarlo.

Está, en tercer lugar, el fracaso del PSOE, que ha sido incapaz de articular una única respuesta al problema. Estoy de acuerdo con la posición inicial de José Luis Rodríguez Zapatero de que la inmigración no es un problema que deba abordarse a través de un recurso de inconstitucionalidad, sino a través de negociaciones políticas con el Gobierno, pero tenía que convencer a su partido de ello y está claro que no lo ha conseguido. La abstención del PSOE en el Parlamento vasco y la votación del PSC a favor de interponer un recurso de inconstitucionalidad en el mismo día es difícilmente justificable.

Está, en cuarto lugar, el fracaso del Estado autonómico. Si hay un terreno en el que tendría que producirse la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas es en éste. Y sin embargo, no sólo no hay cooperación sino todo lo contrario. Utilizar la inmigración como arma arrojadiza entre los distintos entes territoriales es un disparate.

Está, en quinto lugar, el fracaso del Defensor del Pueblo, que no ha sido capaz de explicar convincentemente su posición respecto de la ley y que le ha faltado el instinto para jugar el papel pacificador que podía haber desempeñado. No soy partidario del recurso de inconstitucionalidad. Creo que la Ley de Extranjería debería llegar al Tribunal Constitucional por la vía de la cuestión de inconstitucionalidad y no por la del recurso.

Pero, tal como estaba el patio, el recurso era inevitable y, en ese caso, tal vez lo menos malo hubiera sido que el Defensor del Pueblo hubiera decidido interponer el recurso y solicitar a los demás legitimados para hacerlo que no lo hicieran. Un recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo tiene una carga política mucho menor que el interpuesto por cincuenta diputados o senadores o por Gobiernos o Parlamentos autonómicos. Facilita que continúe la negociación política entre los partidos, aunque la ley esté recurrida, algo que no ocurre en los otros casos.

En estas circunstancias de fracaso institucional generalizado no es de extrañar que se haya producido un incidente xenófobo en la Mesa del Parlamento de Andalucía, otro en Girona con ocasión de un mitin de Marta Ferrusola, una justificación injustificable de dicho mitin por el conseller en cap y el president de la Generalitat o las declaraciones de Heribert Barrera en forma de libro primero y en diversos medios de comunicación después. Hemos perdido el norte en este asunto y cuando esto ocurre el espectáculo que se acaba dando es siempre lamentable.