Unos 15.000 andaluces que emigraron a Holanda tendrán que compensar con seguros sus pensiones

Desde el 1 de enero de este año, la Seguridad Social holandesa ha dejado de detraer en las nóminas de los extranjeros que cobran una pensión por invalidez o viudedad, principalmente, la cantidad equivalente a los seguros sociales. Por tanto, la paga de estos trabajadores se ha visto incrementada desde enero con la cantidad equivalente a las retenciones, que oscilan entre las 20.000 y las 50.000 pesetas, aproximadamente, dependiendo del sueldo de cada uno. Sin embargo, cuando estas personas cambien de régimen y sean considerados jubilados, a partir de los 65 años, no figurará en sus cotizaciones las cantidades previstas. De esta forma, su paga por jubilación se verá mermada en un 2% por año, aproximadamente.

El Gobierno holandés ha propuesto a los afectados que suscriban unos seguros voluntarios con una institución que goza de una concesión estatal para compensar el descenso de sus cotizaciones. El coste del seguro alcanza el medio millón de pesetas anual y los pensionistas han debido abonar esta cantidad en un solo pago antes de finalizar el ejercicio de 2000. En los casos en los que los trabajadores que fallezcan antes de cumplir los 65 años, el cónyuge también dejará de percibir pensión alguna si no suscribe el seguro..

Pérdida de un subsidio

La reforma legislativa que ha introducido Holanda, basada en los principios de territorialidad, también supone la pérdida del derecho al subsidio familiar por hijo.

'Estas medidas han sido muy perjudiciales para los jubilados que hemos trabajado en Holanda, que nos hemos visto obligados a desembolsar de golpe y porrazo cantidades muy importantes si queríamos consolidar nuestros derechos sociales, después de tantos años de trabajo', dijo ayer Mariano Chaves, presidente de APER.

Chaves cree que 'muchos' pensionistas se han quedado sin suscribir el seguro voluntario cuando finalizó el plazo, en diciembre de 2000, por lo que van a perder buena parte de los derechos adquiridos.

La Asociación de emigrantes no posee datos exactos sobre cuántas personas han podido quedar al margen de la suscripción del seguro voluntario, aunque calcula, a través de los datos obtenidos en las tres campañas informativas que han desarrollado, que hay unos 15.000 trabajadores andaluces en esa situación, de los que la mitad residen en la provincia de Cádiz.

'La información del Gobierno holandés ha llegado tarde y mal, sólo dos meses antes de expirar el plazo. Hay mucha gente que no se ha enterado y otros que, sin tener información exacta, no han comprendido qué es lo que pasaba', añade Chaves.

Es el caso de Antonio Saucedo, de 58 años, quien durante 30 años trabajó en unos astilleros holandeses. 'Si no me entero a través de la asociación, hubiera perdido hasta la jubilación. Yo no me puedo explicar que ocurra esto en un país que pertenece a la Unión Europea', dice Saucedo.

Los afectados consideran que la medida adoptada supone 'una privatización' de hecho de la Seguridad Social holandesa y 'lesiona' sus derechos sociales.

Defensor

LA APER, que ha recibido apoyo de la Consejería de Asuntos Sociales para llevar a cabo sus campañas por toda la provincia gaditana, se ha dirigido por carta tanto al Gobierno holandés como a la UE. El Ejecutivo de este país no ha respondido a sus quejas, aunque la UE sí les ha informado que está estudiando el caso y tramitando su protesta.

El escrito, remitido al Defensor del Pueblo Europeo, pretende que la Comisión Europea intervenga 'en defensa de los intereses y derechos legítimos consolidados' por estos empleados 'en su condición de trabajador europeo'. Así, recuerdan que la situación económica actual de las familias afectadas 'puede verse gravemente alterada' por la decisión del Gobierno holandés, cuya actuación consideran 'un ataque directo en contra de una cobertura social que se había adquirido desde el mismo momento en que se comenzó a percibir aquellas prestaciones sociales'.

El objeto último de la reclamación de la Asociación Provincial de Emigrantes Retornados es que los organismos comunitarios pertinentes 'insten a la modificación' del decreto, al entender que tal modificación es 'contraria a las directrices establecidas en el Derecho comunitario'.