CC OO defiende en el Supremo que la sentencia de los funcionarios trata sólo de una cuestión de personal
La disputa sobre la congelación salarial de los funcionarios llega esta semana al Tribunal Supremo. Comisiones Obreras presentará mañana ante el Supremo su oposición a la admisión a trámite del recurso de casación del Gobierno sobre la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la congelación salarial de los funcionarios. El sindicato replica a los argumentos del abogado del Estado, que defendió elevar recurso de casación por considerar que la congelación no es meramente una cuestión de personal sino que afecta directamente a la política económica del Gobierno al contradecir la Ley de Presupuestos de 1997.
CC OO argumenta que no pudo contradecir aquella ley, pues presentó su recurso antes de que se aprobara, que recurrió ante el Supremo, y que fue la Administración quien entonces pidió que se trasladara la causa a la Audiencia.
El Ejecutivo espera que en los próximos días el Supremo le reclame la formalización del recurso. A partir de esa fecha, el abogado del Estado tendrá un mes para formalizar el recurso del Gobierno.
Tres son las cuestiones básicas que deberá dilucidar el Supremo para decidir si admite o no a trámite el recurso de casación del Gobierno contra la sentencia que anula la congelación salarial recogida en la Ley de Presupuestos de 1997: la primera es si la congelación fue una cuestión de personal o una, más amplia, de política económica. La segunda es si el recurso presentado en su día por Comisiones introducía un debate sobre la Ley de Presupuestos de 1997 y si la sentencia anula de alguna forma aquella norma. La tercera es si el anuncio de la congelación que hizo el entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, ante los sindicatos fue un acto administrativo o lo superó por tener vocación normativa.
CC OO defiende que la congelación salarial para 1997 y el incumplimiento del acuerdo de 1994 fue un asunto de personal y no de política económica. Afirma que, en su día, 'así lo entendió el Supremo al remitirlo a la Audiencia Nacional' y añade que la jurisprudencia del alto tribunal avala que las retribuciones de los empleados y el respeto a los acuerdos son siempre materia de personal. CC OO subraya que, durante todo el proceso, el abogado del Estado no planteó en ningún momento que se estuviera tratando ninguna cuestión de política económica. Aún más, que fue la Administración quien pidió al Supremo, al principio del proceso, que éste se tramitase en la Audiencia por tratarse del incumplimiento de acuerdos fruto de la negociación colectiva.
El segundo eje de las alegaciones se refiere a si la sentencia es un recurso indirecto a la Ley de Presupuestos de 1997. Comisiones alega que planteó su recurso contra la congelación el 21 de octubre de 1996, mientras que la Ley de Presupuestos se aprobó el 31 de diciembre de ese año; por ello, cree que 'difícilmente se puede recurrir lo que no existe'. CC OO también niega que la sentencia decida nada sobre aquella Ley de Presupuestos: 'Se limita a reconocer la eficacia de los acuerdos firmados y a declarar que la congelación de 1997 fue ilegal por no respetar los acuerdos firmados'.
