Con referéndum
Hace pocos días, el 27 de febrero, en la Wilaya de Aaiun de los campos de refugiados saharauis, situados en la hamada de Tinduf, la zona más árida del desierto del Sáhara, bajo un cielo tan limpio e intenso que parece que puedes tocar las estrellas con la mano, se celebraba el XXV aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Una celebración de júbilo, tristeza e indignación, a la vez. Una celebración de júbilo para recordarnos que un pueblo oprimido, el saharaui, declara su voluntad de emancipación de las fuerzas coloniales que, durante tanto tiempo, han controlado su destino y decidido sobre su territorio. Una voluntad colectiva de ejercer un derecho reconocido por la ONU y aprobado en sesión plenaria. En efecto, la asamblea general de la ONU en su 149ª sesión plenaria, celebrada el 16 de diciembre de 1966, aprobaba la Resolución 2200 A (XXI), también conocida como Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la cual se reconoce que 'todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación, en virtud del cual determinan libremente su estatuto político' (art. 1.1), así como que 'los Estados participantes de este pacto, incluyendo aquellos que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos, y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho a la autodeterminación' (art. 1.2). Una resolución que en su preámbulo añade que 'estos derechos derivan de la dignidad inherente a la persona humana'. Una voluntad democrática que los saharauis han ejercido como lo han hecho pocos países árabes, con la creación y funcionamiento de las instituciones propias de un Estado democrático: Parlamento, Consejo Consultivo y Consejo Superior de Justicia. Una voluntad ejercida en la igualdad de derechos, entre los que destacan los de igualdad entre hombres y mujeres, tan poco difundidos en el mundo árabe y tan presentes en la sociedad saharaui en el exilio.
Porque, efectivamente, esta celebración de júbilo se encuentra empañada por la tristeza del exilio. Una tristeza provocada por la actitud de dos Estados, España y Marruecos, miembros los dos de la ONU, que con los Acuerdos de Madrid resolvieron la sustitución de una fuerza colonial (España) por otra (Marruecos). La celebración del 25 aniversario de la RASD estuvo empañada por la tristeza de 15 años de guerra desigual, y 10 años más de espera desesperante. Quince años de guerra en la que el ejército marroquí no dudó en bombardear con napalm a la población civil saharaui (febrero de 1976). Y 10 años de espera en la aplicación de un plan de paz de la ONU (1990), aparentemente aceptado por las partes, pero que el gobierno marroquí del rey Hassan, primero, y ahora del tan alabado rey Mohamed, no cesan de boicotear, mientras mantienen en sus cárceles secretas a miles de prisioneros saharauis.
Así, también fue una celebración rodeada de indignación. La indignación de quien está dispuesto a pactar, a ceder por tanto, por recuperar un territorio que ama (el pueblo saharaui), frente a quien le da igual lo que ocurra en él porque en definitiva este territorio nunca lo vivió como propio y sólo lo quiere para explotarlo (el gobierno marroquí). Una indignación provocada por la sensación de impotencia que da ver como institución tras institución (la ONU, el Tribunal Internacional de Justicia, la Organización para la Unidad Africana) reconocen que el problema del Sáhara Occidental es un problema de colonización: la ocupación de territorio con el objetivo de explotar sus recursos, que son muchos. La impotencia de ver cómo se elabora un plan de paz, y todo queda como congelado (con el calor que hace en la hamada argelina), y luego se llega a los Acuerdos de Houston en 1997, y ya han pasado cuatro años más; y ver cómo se tiene ya elaborado el censo electoral y continúa retrasándose una solución que es tan evidente, por democrática: el referéndum que permita al pueblo saharaui decidir libremente su futuro.
Un referéndum que decida, en aplicación del derecho de autodeterminación, el estatus político que desean los saharauis. Un referéndum que está pactado entre las partes, con arbitraje internacional. Un referéndum que hace tiempo que se podía haber celebrado, pero todavía continúa en el limbo de los justos.
Tras 25 años, el pueblo saharaui continúa en el exilio y la República Árabe Saharaui Democrática luchando por el reconocimiento de sus derechos territoriales. Una situación que puede provocar indignación en los saharauis, pero necesariamente ha de avergonzar a los españoles. La responsabilidad del gobierno español es de primer orden, por la dejación de funciones desde hace 25 años. El Estado español ya no es un Estado inestable, ni colonial, como hace dos décadas y los demócratas que nos preciemos de serlo no podemos volver la mirada ante un problema que generó el gobierno español, por muy poco democrático que fuera entonces. Los demócratas que habitamos este Estado español no podemos ceder ante los chantajes del Estado marroquí, de como mínimo dudosa democratización. Ni Ceuta, ni Melilla, ni los bancos de pesca, ni la inmigración, ni los cítricos... pueden convertirse en moneda de cambio de la libertad del pueblo saharaui. Porque éstos son problemas que nada tienen que ver con los saharauis, con los que seguro que España llegaría a buenos acuerdos de pesca, no competirían con nuestros cítricos, y con los que contaría como amigos y socios próximos en el mundo árabe. Cuando aún colean las celebraciones del 25 aniversario de la proclamación de Juan Carlos I como jefe de Estado, España tendría que hacer lo necesario para conseguir que el pueblo saharaui celebre el próximo aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática con júbilo, sin tristeza y sin indignación. Con referéndum.
Pepa Chesa i Vila es vicepresidenta del Bloc.
