El Salvador y República Dominicana admiten las acusaciones de EE UU sobre impunidad y abusos

Washington dio a conocer el lunes un informe sobre democracia, derechos humanos y trabajo en América Latina donde critica duramente la corrupción y los abusos policiales que prevalecen en El Salvador y República Dominicana, entre otros países. "No dice nada nuevo, todo lo que dice ya fue dicho por nosotros", dijo ayer el ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Francisco Bertrand Galindo. El ministro Bertrand añadió que la policía está "un paso adelante" de Washington porque el proceso para limpiar la estructura de elementos corruptos y criminales ha avanzado.

Sin embargo, la policía de El Salvador no parece haber avanzado mucho con respecto al uso desmedido de la fuerza cuando este martes dispersó a bastonazos y con bombas lacrimógenas una manifestación pacífica de damnificados por los últimos terremotos que solicitaban alimentos y abrigo. Los agredidos resultaron ser mujeres, niños y ancianos.

El informe de EE UU criticó, entre otros, casos de impunidad como en el del ex vicepresidente de la República y actual diputado derechista, Francisco Merino, quien, estado de ebriedad, amenazó de muerte a un vigilante de seguridad, atacó a balazos a una patrulla policial e hirió una agente. Merino, con la ayuda de los diputados oficialistas, terminó el conflicto a través de una conciliación. Otro escándalo involucra a los directivos de la Federación Salvadoreña de Fútbol en un millonario desfalco.

La policía comenzó a mediados de 2000 un proceso de depuración interna y ya ha expulsado a 1.600 de sus miembros por participar en acciones del crimen organizad tales como secuestros, narcotráfico y asaltos bancarios. Pero el informe señala que también hay corrupción en el sistema judicial, donde se estiman 450 falsos abogados ejerciendo de jueces y fiscales.reconoce que no se cometen crímenes políticos, pero señala casos de asesinatos extrajudiciales por parte de policías.

Policía dominicana

Por otra parte, el Gobierno dominicano se pronunció ayer oficialmente sobre el informe, que entre otras violaciones de derechos humanos achaca a la policía dominicana haber cometido durante el pasado año "al menos 250 asesinatos extrajudiciales". Santo Domingo admitió plenamente la acusación por boca de su ministro Guido Gómez Mazara, quien sencillamente dijo que es imposible "tapar el sol con un dedo; si decimos que no es cierto no estamos siendo sinceros, porque aquí se cometen excesos en todos los niveles".

Gómez anunció de paso que el Poder Ejecutivo se apresta a introducir en el Congreso una ley de reforma de la policía, organismo que, según corrobora Washington, "comete abusos con la tácita aquiescencia de las autoridades civiles". Aunque al actual presidente, el socialdemócrata Hipólito Mejía, sólo le tocó gobernar los últimos cuatro meses del pasado año, el Departamento de Estado destaca que es consciente del problema, aunque "retuvo los servicios del jefe de la policía, Pedro de Jesús Candelier, bajo cuyo mandato el número de muertos a manos de la policía creció significativamente en años anteriores".

También ayer se refirió con contundencia a las denuncias el procurador general (ministro de Justicia), Virgilio Bello Rosa: "Ciertamente la policía nacional acribilla a balazos en las calles a gentes que dice que están enfrentándose a la policía". Para Bello, "todo el mundo sabe que en las mayorías de las veces no son intercambios de disparos, sino que ejecutan a ciudadanos dominicanos y eso nadie lo puede negar; el que lo niegue sencillamente está mintiendo al pueblo".

El Informe sobre Prácticas de Derechos Humanos 2000 advierte en su capítulo dedicado a la República Dominicana un "significativo incremento de las denuncias de abuso" en relación a 1999. Durante el pasado año hubo "al menos 250 asesinatos extrajudiciales" a manos de la policía, una cifra que el Departamento de Estado considera aproximada, ya que "la falta de cooperación de la policía con las autoridades civiles hace muy difícil cuantificar el problema". Por ejemplo, escasean las investigaciones con un mínimo de seriedad en torno a los supuestos "intercambios de disparos", y el cuerpo uniformado impide la participación de los fiscales en las investigaciones.