Dos directivos del diario 'Córdoba' declaran ante el juez por delito societario
José Javier Rodríguez Alcaide, presidente del Consejo de Administración del diario Córdoba, y Joaquín Pérez Amaro, secretario del mismo, declararon ayer durante más de cuatro horas ante el juez de instrucción número 7 de Córdoba, acusados de dos delitos societarios supuestamente cometidos en la gestión del periódico.
Rodríguez Alcaide y Pérez Amaro, representantes en el diario de la entidad bancaria CajaSur, presidida por el sacerdote Miguel Castillejo, y accionista minoritaria del mismo, son acusados por el Grupo Zeta, que ostenta la mayor parte del capital social del periódico (el 69%), pero no ejerce la gestión del mismo ya que los estatutos de la sociedad reservan a CajaSur la mayoría en el Consejo de Administración.
El Grupo Zeta les acusa, en concreto, de impedir en la junta de accionistas del pasado 21 de noviembre la votación de una serie de acuerdos propuestos por el accionista mayoritario. Rodríguez Alcaide alega que los estatutos le facultan para dirigir el desarrollo de la junta. Esa potestad no le permite, según el Grupo Zeta, decidir qué se vota y qué no.
La querella, admitida a trámite el mes pasado, imputa también estos delitos a Juan Palma, consejero delegado del diario y director de relaciones institucionales de Cajasur, y Juan Peña Amaro. Ambos representaron a la entidad bancaria en la junta de accionistas y respaldaron las decisiones del presidente con el paquete de acciones de CajaSur, el 31%.
En el trasfondo de este conflicto judicial entre los dos accionistas de la sociedad están las desavenencias que mantienen sobre la línea editorial del periódico desde que Grupo Zeta entró en el mismo.
La ruptura definitiva se produjo en octubre del año pasado, cuando los representantes de CajaSur en el Consejo de Administración destituyeron al director nombrado por el Grupo Zeta, José Higuero, y nombraron a Antonio Galán.
El Grupo Zeta calificó de 'sibilina' la interpretación que CajaSur hace de los estatutos de la sociedad y de la ley, y que le permite dirigir el periódico a pesar de su condición de accionista minoritario. Fuentes de la entidad bancaria, por su parte, aseguraron ayer que la querella presentada es infundada y que así le consta a la parte querellante.
