Las trabas técnicas dificultan la conexión a la red eléctrica de las instalaciones solares

'Tenemos la sensación de que nos están tomando el pelo. Y lo que es peor, el entusiasmo de los primeros tiempos se está convirtiendo en desmotivación', dice Francisca Guerola, directora del colegio Celestí Bellera de Granollers (Barcelona) en una carta de queja por los intentos frustrados de que FECSA (filial de Endesa) compre la energía fotovoltaica que genera el colegio. La profesora añade que la instalación ha servido de modelo para otros colegios. Cada día reciben consultas de empresas o particulares que ven con buenos ojos la instalación y la quieren copiar. 'Creo -concluye- que si en lugar de entusiasmo transmitimos agotamiento, las expectativas levantadas sobre este tipo de energía habrán sido vanas'.

Quejas así llegan por docenas y desde toda España a la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF). 'Para que la energía fotovoltaica se desarrolle no necesitamos que los usuarios sean héroes', dice el representante de uno de los mayores fabricantes de placas solares en España, país que se ha aupado al primer puesto europeo en la producción de placas solares. No así en la lista de usuarios.

Desde octubre del año pasado toda la energía solar producida por tejados o instalaciones fotovoltaicas de una potencia inferior a los 5 kilovatios se puede verter a la red sin ninguna limitación, siempre que se cumplan determinadas especificaciones técnicas. Los propietarios de estas instalaciones, públicos o particulares, tienen derecho a cobrar de la compañía eléctrica de su zona a la que vierten y 'venden' energía: 60 pesetas por cada kilovatio/hora (si la instalación es de una potencia superior a los 5 kilovatios esta prima se reduce a 30 pesetas), más el precio medio establecido por el 'pool eléctrico' que viene a ser de unas seis pesetas por kilovatio/hora.

Eso es así en teoría. De hecho, si ya costó años que el Ministerio de Industria y Energía aprobara las reglas de conexión, los promotores e instaladores se encuentran con tales barreras burocráticas que desisten o acaban regalando su producción.

Los primeros obstáculos aparecen en las comunidades autónomas. Según Ignacio Rosales, presidente de ASIF, carecen de funcionarios entrenados en autorizar estas instalaciones por lo que el trámite se prolonga innecesariamente o se relega. A continuación topan con las compañías eléctricas que son las que dan el visto bueno a las instalaciones de conexión y compran (como intermediarias del sistema eléctrico) la energía.

Desbordados

La relación de documentos, certificaciones y homologaciones que exigen es tan copiosa como disuasoria. 'No pedimos nada que no figure en el decreto de Industria', responde José Luis Serrano, encargado de Iberdrola para este área en su sede central de Bilbao, donde se gestionan los contratos. Serrano desmiente que sean las eléctricas las culpables de las demoras: 'Estamos desbordados por las solicitudes que nos llegan de toda España. Tanto es así, que se ha decidido descentralizar esta gestión y en breve se podrá tramitar en cualquier oficina de la compañía'. Añade que la exigencia de homologaciones persigue garantizar la salud de los consumidores y evitar que puedan electrocutarse por una inadecuada instalación. También previene de posibles alteraciones en la red por el vertido de la energía fotovoltaica.

Aunque España fabrica el 10% de los paneles solares del mundo, la energía instalada sólo alcanza 9 megavatios de potencia, el 0,021% de la que produce el país.