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El PSOE denuncia que un sector del PP promueve el desprestigio del Cesid

Marsal mostró ayer su 'extrañeza' por la 'tibia' reacción del Gobierno ante las noticias que implican a Calderón en el golpe de Estado. Tanto el ministro portavoz, Pío Cabanillas, como el de Defensa, Federico Trillo-Figueroa se limitaron el viernes a reiterar el contenido del comunicado difundido un día antes por el Cesid, en el sentido de que las responsabilidades por la intentona golpista ya fueron depuradas, tanto por el Consejo Supremo de Justicia Militar como por el Tribunal Supremo, por lo que es una 'cosa juzgada'.

Ambos miembros del Ejecutivo expresaron además su respeto por el anuncio de Calderón de que se reserva la posibilidad de ejercer acciones legales en defensa de su honor. Pero ninguno de los dos hizo una declaración expresa de respaldo al director general ni una defensa de su inocencia en el 23-F.

Marsal recordó que fue el Gobierno del PP el que nombró a Calderón en 1996, por lo que se supone que cuando lo hizo debía estar convencido de que no tuvo ninguna responsabilidad en el golpe de Estado, independientemente de que se trate de un asunto juzgado, como dijeron los dos ministros, 'lo que constituye una obviedad'. El portavoz del PSOE destacó, además, que las informaciones que ahora se han difundido eran de dominio público desde hace años, por lo que el Gobierno las conocía cuando nombró a Calderón y cuando optó por mantenerle en el cargo.

'La eventual implicación del Cesid en la intentona golpista es algo que corresponde aclarar a los historiadores, pero del Gobierno se espera que respalde a los altos cargos que nombra o que los destituya si no confía en ellos', agregó. 'El Gobierno no puede lavarse las manos y dejarnos a los ciudadanos ante la incertidumbre de si la persona que ha elegido para uno de los cargos más delicados del Estado es absolutamente leal a la democracia'.

El PSOE sospecha que las noticias ahora aireadas no respondan al deseo de aclarar lo sucedido hace 20 años, sino de influir en una decisión que debe tomarse en dos meses: el nombramiento del nuevo director del Cesid. El Gobierno ya ha anunciado que el nuevo responsable del servicio secreto será, por primera vez en la historia, un civil. Marsal no hace causa del carácter civil o militar del nuevo director, pero sí de que se trate de una persona con 'sentido de Estado', que no tenga la tentación de poner el principal centro de inteligencia al servicio de los intereses del partido en el Gobierno.

'Espero que no se esté alentando deliberadamente el descrédito del Cesid desde sectores gubernamentales con el propósito de allanar el camino para el nombramiento de una persona de obediencia partidista', agregó.

El director adjunto de El Mundo Casimiro García-Abadillo publicó el pasado 12 de febrero un artículo bajo el título 'La democracia llega al Cesid' en el que argumentaba que Aznar no pudo democratizar el servicio secreto en la anterior legislatura porque tuvo otras prioridades, no contaba con mayoría parlamentaria suficiente y el entonces ministro de Defensa, Eduardo Serra, no era el hombre adecuado para ello. En el mismo artículo se revelaba un dato secreto que sólo conoce un círculo restringido de personas en el seno del Gobierno: el presupuesto total del Cesid, que asciende este año a 17.640 millones de pesetas. El Mundo acusó el 22 de febrero a Calderón de estar implicado en el golpe de Estado del 23-F. Esa misma noche, en RNE, García-Abadillo anunciaba que un grupo de abogados iba a presentar una denuncia, respaldada en la información de su diario, para evitar que prescribiera, por transcurrir 20 años sin realizarse acusación, el delito supuestamente cometido por el actual director del Cesid. La denuncia, sin embargo, se dirige contra Calderón y Cortina (que ya fue juzgado y absuleto por estos hechos), pero no contra el general Carlos Alvarado, que reconoció en la televisión pública catalana TV3 su participación en el golpe, ni tampoco a los generales Carlos Iniesta Cano y Francisco Dueñas Gavilán, cuya implicación fue denunciada tanto por el general Alvarado como por el ex comandante Ricardo Pardo Zancada, condenado por el golpe.

El Supremo verá mañana el recurso por las escuchas

El Tribunal Supremo estudiará mañana los recursos presentados por el ex director del Cesid Emilio Alonso Manglano y el ex jefe de operaciones del centro Juan Alberto Perote contra la condena de seis meses de arresto y ocho años de inhabilitación que les impuso la Audiencia de Madrid por escuchas ilegales continuadas. La audiencia destacó que Manglano, 'dentro de una política mal entendida de seguridad nacional', grabó conversaciones de altas personalidades del Estado, incluso cuando carecían de interés lo que, según el fallo, es 'indefendible por inconstitucional'. El tribunal que resolverá los recursos lo integran José Antonio Martín Pallín, Joaquín Giménez y Julián Sánchez Melgar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 26 de febrero de 2001

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