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Tribuna:LA REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Tribuna
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La solución sindical al problema de las pensiones

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Puesto que las pensiones afectan al bienestar de la gran mayoría de ciudadanos, es muy importante que la opinión pública esté bien informada sobre cuál es la magnitud real del problema al que se enfrenta la sociedad española y sobre la naturaleza de las distintas propuestas que se propugnan para hacer frente al mismo. Por ello, los que llevamos tiempo reclamando un debate público informado sobre la pensiones, nos congratulamos de que este debate avance, como ponen de manifiesto los artículos sobre este tema publicados recientemente en las páginas de EL PAÍS.

Al principio se desacreditaban los estudios que señalan que la sociedad española tendrá que enfrentarse a la financiación de un mayor gasto en pensiones diciendo que la previsión económica en el largo plazo es poco fiable, que el margen de error de dichos estudios es muy grande y que los que plantean este problema sólo buscan aumentar los beneficios de las entidades financieras, favoreciendo la transición hacia un sistema privado de capitalización. Últimamente, aunque todavía hay quien recurre a desafortunados e inútiles juicios de intenciones, son más frecuentes las discusiones sobre cifras y hasta algún sindicato ha hecho sus cuentas sobre la evolución futura del gasto en pensiones (véase el documento de CC OO El sistema de Seguridad Social español en el año 2000. La renovación del Acuerdo de Pensiones).

Puestos a discutir sobre cifras, la primera tarea consiste en identificar las fuentes de las discrepancias. El gasto en pensiones aumenta con el envejecimiento de la población y con la pensión media, y disminuye con la tasa de empleo. A estas alturas del debate, existe un consenso bastante amplio sobre el factor demográfico. Resulta incontestable que la población española mayor de 65 años aumentará notablemente en las próximas décadas. En esta apreciación están de acuerdo estudios aparentemente tan dispares como el de CC OO, citado anteriormente, y los denostados estudios de FEDEA (para más detalles, véase El sistema español de pensiones: Previsiones de gasto y medidas de reforma, Hacienda Pública Española, 1/2000, enero 2001). Al fin y al cabo, salvo que se produzcan avances médicos inesperados que produzcan aumentos espectaculares en la esperanza de vida, el margen de error de las previsiones a 25 o 50 años sobre el tamaño de la población mayor de 65 años es muy inferior al de, por ejemplo, las previsiones a un mes sobre la cotización del Ibex 35. Ante este envejecimiento demográfico, ni siquiera la consecución del pleno empleo en el escenario más optimista relativo a la recuperación de la tasa de fecundidad y a la llegada de inmigrantes podrá evitar que a mediados de este siglo la relación entre pensionistas y cotizantes sea mucho más baja que la actual.

No obstante, el principal factor que genera las discrepancias entre las distintas estimaciones sobre el gasto futuro en pensiones es la evolución de la pensión media. Bajo el sistema actual, la cuantía de la pensión depende del historial laboral de los trabajadores y los datos sobre estos historiales no están disponibles para los investigadores externos al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Por ello, para estimar la evolución futura de la pensión media hay que realizar supuestos aproximados que producen márgenes de estimación amplios y cambios de las estimaciones en el tiempo. (Hablando de cambios de estimaciones, no nos podemos resistir a citar una anécdota que se atribuye a Keynes. Parece ser que W. Churchill dijo en una ocasión: 'El problema con los economistas es que dos de ellos dan tres opiniones distintas, y dos de estas opiniones son de Keynes'. A lo que Keynes le replicaba: 'Señor, cuando cambian los datos yo cambio de opinión y usted, ¿qué hace?'.)

Algunos estudios concluyen que, bajo el sistema actual, la pensión media aumentará rápidamente, porque los futuros pensionistas tendrán historiales de cotización más completos y con bases de cotización más altas. Alternativamente, CC OO y UGT sostienen que, si el PIB crece a una tasa media anual del 2,5% durante el periodo 2000-2050, se podrá pagar una pensión media de 200.000 pesetas mensuales (en pesetas del año 2000) y, al mismo tiempo, controlar el gasto en pensiones por debajo del 12% del PIB. Esta propuesta parece loable y la gran mayoría de los pensionistas actuales estarían muy satisfechos si pudieran alcanzar ese nivel de prestaciones. No obstante, lo que en realidad están proponiendo CC OO y UGT es una reducción de los derechos de pensión de los futuros pensionistas y su empobrecimiento relativo.

En efecto, a finales de 2000, la pensión media (1,25 millones de pesetas al año) era de alrededor del 31% de la remuneración media por asalariado (unos cuatro millones de pesetas anuales). El objetivo de CC OO y UGT es que en el año 2050 la pensión media sea inferior al 16,5% de la remuneración media por asalariado de dicho año (una pensión media de 2,8 millones de pesetas al año, suponiendo 14 pagas mensuales al año, frente a una remuneración media por asalariado que, creciendo a la misma tasa que la productividad, sería de alrededor de 17 millones de pesetas). En otras palabras, si se cumplen las previsiones sindicales, durante el periodo 2000-2050 el PIB se multiplicará aproximadamente por 3,5, mientras que el objetivo sindical es que la pensión media se multiplique sólo por 2,24. Por otra parte, no han explicado, por ahora, las modificaciones de las normas de cálculo de las pensiones que son necesarias para alcanzar su objetivo de pensión media del año 2050. ¿Se va a proponer un aumento del periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral? ¿O una disminución de la tasa de sustitución de las pensiones, es decir, de la relación entre la pensión y el salario del último año de vida laboral?.

Parece, pues, que para CC OO y UGT es prioritario mantener el principio de reparto del sistema de pensiones, aunque la renta relativa de los futuros pensionistas disminuya y la desigualdad de la renta aumente. Hay otras soluciones que pueden proporcionar mejores resultados.

José Antonio Herce es director de FEDEA y profesor titular de Economía en la Universidad Complutense de Madrid. Juan F. Jimeno es investigador de FEDEA y profesor titular de Economía en la Universidad de Alcalá.

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