El 25% de preseleccionados alega para evitar su inclusión en el jurado popular
Uno de cada cuatro ciudadanos preseleccionados en primera instancia por la jurisdicción de Alicante para integrar el Tribunal del Jurado presentan excusas o alegaciones, que mayoritariamente son aceptadas por el decanato. De las 490 personas designadas el pasado mes de diciembre como candidatos para integrar los jurados populares en los dos próximos años, 119 formularon reclamaciones, de las que 111 fueron aceptadas.
La mayoría de las reclamaciones, en concreto 63, fue por tratarse de personas mayores de 65 años, que están excluidas por la ley de creación del Tribunal del Jurado. Por tanto, todas ellas fueron admitidas. En el segundo puesto de esta clasificación de excusas, se incluyen las personas que no saben leer ni escribir: 14 en total, que igualmente fueron admitidas. El siguiente grupo de reclamaciones son las relativas a las personas con discapacidad psíquica o física, en total 14 candidatos. Tras éstos, se sitúan los candidatos que excusaron su asistencia por no estar en el ejercicio de su derechos políticos. En esta situación se encontraban 10 de los candidatos preseleccionados. Otro grupo significativo (11 personas) de alegaciones está relacionado con la dificultad para desempeñar la función. De ellos sólo cinco pudieron acreditar esas dificultades, el resto de los que alegaron esta excusa fueron rechazados. Por cargas familiares, alegaron 10 candidatos, de los cuales sólo una no fue aceptada.
El resto de reclamaciones se refiere a personas que están detenidas, procesadas, acusadas o penadas, militares por razones de servicio o por incurrir en las incompatibilidades previstas en la ley. No obstante, superada esta primera fase de preselección, no todas las personas elegidas llegan finalmente a ser miembros de los jurados populares, ya que en la fase anterior a la celebración de la vista oral, hay nuevas cribas, que eliminan a otro importante número de candidatos. Transcurridos cinco años desde la implantación de la Ley del Jurado desde la judicatura reclaman una reforma de la norma para evitar problemas.
