Delitos por naturaleza

Aunque haya provocado la lógica indignación en determinados círculos conservacionistas, el archivo de las diligencias penales, que en su día abrió el Juzgado de Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) a cuenta de la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar era, a juicio de numerosos especialistas, una posibilidad más que previsible. La última reforma del Código Penal mejoró el sistema de protección del medio ambiente, aunque la aplicación de esta vía sigue estando limitada por múltiples dificultades, de manera que este tipo de procedimientos difícilmente prosperan.

Así lo han considerado los expertos que han acudido a las III Jornadas sobre la Protección Penal del Medio Ambiente, convocadas en Madrid por el colectivo Ecologistas en Acción. A juicio de los abogados y fiscales que debatieron esta cuestión, el balance, cinco años después de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, es desolador, como han puesto de manifiesto en las conclusiones del encuentro. 'Las agresiones graves contra el medio ambiente no han hecho sino crecer y, sin embargo, las condenas contra empresas contaminantes, autores de incendios forestales, furtivos o constructores ilegales son muy escasas', advierte el comunicado final de los organizadores.

De los más de 100.000 casos de infracciones ambientales que cada año denuncia el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, alrededor de 3.000 tienen el carácter de atestados, es decir, de presuntos delitos que se remiten a los juzgados o fiscalías correspondientes. A ellos hay que añadir los denunciados por particulares, asociaciones y agentes de medio ambiente de la administración autonómica, o aquellos que se derivan de investigaciones abiertas por las propias fiscalías.

Aunque no es posible saber el número exacto de sentencias condenatorias dictadas, precisa Ecologistas en Acción, 'se puede asegurar que cada año no suponen más que unas pocas decenas'. El resto de los casos se archivan porque el juzgado o la fiscalía no estiman que exista delito o porque no identifica al autor. Estas mismas razones, y la de que no se ha logrado probar la gravedad del peligro para el medio ambiente, 'sirven para absolver a los imputados en el caso improbable de que el proceso penal hasta continuado hasta el juicio oral'.

Los ecologistas se quejan de que el sistema judicial no mide con el mismo rasero a aquellos activistas que participan en acciones pacíficas de protesta, como los clásicos encadenamientos o despliegue de pancartas en edificios. De hecho, sostienen, en un informe que recoge las consecuencias de 50 actuaciones de este tipo se detalla como fueron detenidas unas 70 personas y condenadas a diferentes penas algo más de un centenar. Sin embargo, solo se conocen hasta ahora dos casos de condenas por delito ecológico, ambas en Cataluña, que hayan implicado el ingreso en prisión de los acusados.

'El derecho español', explica Enrique Anarte, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Huelva, 'atribuye a los órganos jurisdiccionales una amplia discrecionalidad para proteger el medio ambiente a través del Derecho Penal, y no es previsible, a la vista de la experiencia acumulada y el derecho comparado, que esta discrecionalidad se traduzca en condenas que vayan más allá del chivo expiatorio o de la periferia económico-empresarial, ni que permitan evaluar la capacidad preventiva de estas normas'.

En realidad, los pocos casos en que la persecución penal es fructífera afectan sólo a supuestos de escasa relevancia y, en suma, precisa Anarte, 'a sujetos que de un modo u otro tienen rasgos de marginalidad política, económica o empresarial, mientras que las grandes explotaciones económicas, industriales o agropecuarias, suelen librarse de condenas y, en menor medida, de actuaciones procesales indagatorias'.

Las cuestiones probatorias, en procesos penales que tienen que ver con este tipo de delitos, suelen exigir una peculiar cualificación de jueces, fiscales y abogados. En numerosas ocasiones, la prueba directa resulta sumamente difícil y poco relevante la prueba testifical, asegura Anarte. Esto hace que, en términos de importancia probatoria, el peso recaiga sobre la prueba pericial, 'pero la experiencia, demuestra que ésta es sumamente costosa, difícil de controlar jurídicamente y bastante manipulable, en muchos caos, por la falta de acuerdo científico'.

Las conclusiones de las III Jornadas sobre la Protección Penal del Medio Ambiente se han remitido a los diferentes grupos parlamentarios, a la Fiscalía General del Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Medio Ambiente. Asimismo, se ha solicitado a las consejerías de las correspondientes comunidades autónomas que colaboren con la Justicia en la persecución de este tipo de atentados.

La exigencia más importante contenida en este documento es la creación de una Fiscalía Especial dedicada en exclusiva a los delitos ecológicos que, a imagen y semejanza de aquella otra dedicada a combatir la corrupción, dependería orgánicamente de la Fiscalía General del Estado y contaría con miembros en todas las provincias.

Se reivindica también que aumente la contratación de ecotoxicólogos forenses y otros técnicos que, adscritos a estas fiscalías, puedan actuar como peritos judiciales. Asimismo, sería necesario reforzar, en personal y medios, a la policía judicial y, en particular, al Seprona, otorgando además esta consideración a los agentes forestales y de medio ambiente que juegan un papel decisivo, por ejemplo, en la investigación de incendios forestales.

Sólo en lo que respecta al primer semestre del pasado año, los más de 700 agentes dependientes de la Consejería de Medio Ambiente llevaron a cabo casi 250.000 actuaciones, de las que 3.000 supusieron actas de denuncia.

La poca sensibilidad de los jueces hacia estos temas, precisa Ecologistas en Acción, 'se podría paliar poniendo en marcha un sistema de formación adecuada para este colectivo, tanto en los aspectos técnicos ambientales como en los propiamente jurídicos'. De esta manera podrían enfrentarse, con solvencia, a casos que, con demasiada frecuencia, incorporan elementos muy complejos.