Quince años en espera de una tarjeta de residencia

Una sentencia le dio la razón tras nueve años de litigio pero la Administración le sigue negando su derecho desde hace más de seis. El ciudadano británico Ronald James Everett lleva en total unos 15 a la espera de la tarjeta de residencia comunitaria. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que preside Eduardo Calvo, estimó en 1993 el recurso contra el Ministerio del Interior interpuesto por Everett, a quien reconoció el derecho a obtenerla. Al no sostener la abogacía del Estado el recurso de casación, se declaró firme el fallo el 4 de noviembre de 1994.

Como quiera que sigue sin obtener el documento, la Audiencia Nacional ha impuesto una 'multa coercitiva de 100.000 pesetas, para que cumpla lo ordenado' al subdelegado del Gobierno en Málaga, Carlos Rubio Basabe, a ver si así se aviene a cumplir sus órdenes.

El calvario para la ejecución de la sentencia comenzó en 1994. Tras más de cuatro años sin lograrlo, Everett recurrió en 1999 a la sala, que en marzo de ese año ordenó a la Administración que le entregara el documento. Ante el incumplimiento de la orden, dos meses después la sala se dirigió al subdelegado del Gobierno en Málaga para que, 'sin más dilación, proceda a expedir tarjeta de residente comunitario al recurrente'.

En marzo de 2000, la propia sala preguntó si se había ejecutado la sentencia. Además de responder negativamente, el letrado de Everett, José Luis Mazón, pidió que la sala recabara la tarjeta para su entrega ulterior al interesado. La Audiencia Nacional acogió tal pretensión el 7 de abril de 2000, pero al seguir sin ejecutarse la sentencia seis meses después, el 24 de octubre de 2000 acordó valorar 'la actuación y paciencia que ha mostrado la representación' del afectado 'y el incumplimiento de los mandatos que se han hecho al subdelegado de Málaga', por lo que le requirió para que, 'en el plazo de 10 días y bajo prevención de que puede incurrir en delito de desobediencia, presente la tarjeta de residencia en la secretaría de esta sala'.

Ante el nuevo incumplimiento de esta orden, con base en problemas burocráticos, la Audiencia Nacional notificó a Rubio en febrero de 2001 que debía 'limitarse a cumplir lo ordenado por la sala' y le impuso una multa de 100.000 pesetas, a la vez que le ordenó que depositara la tarjeta en la sala en el plazo de 20 días 'con los apercibimientos legales'.

El 'paciente' letrado de Ronald James Everett cree inminente la entrega de la tarjeta de residencia solicitada por su cliente en 1985.