'Mi vida equivale a la suma que debo y si fallo tienen derecho a matarme'

'Prometo pagar la suma de 40.000 dólares [7.400.000 pesetas] a mi tía Iveve y yo (...) declaro que no voy a fallar las normas y que no contaré nada a la policía hasta que esta cantidad sea pagada. Si fallo normas a mi tía Iveve, tienen el derecho de matarme a mí y a mi familia en Nigeria. Mi vida es equivalente a la suma que debo a mi madame. Declaro que este acuerdo es explicado a mí en mi dialecto y que lo comprendo perfectamente y que este documento va a ser destruido cuando pague la suma total'. Éste es el contenido de los 11 contratos, localizados por la policía en un piso de la organización.

El acuerdo -escrito en un castellano deficiente y en inglés- estaba firmado por cada una de las chicas con un representante de la parte contratante. Además, el impreso tenía tanta apariencia de formalidad que incluso llevaba adosada la foto de la mujer que aceptaba tal grado de esclavitud, según la policía.

En los registros de cuatro viviendas de la red -ubicadas en los municipios de Alcorcón (dos), Parla y Móstoles- la policía encontró también un ordenador portátil, numerosos pasaportes falsos, talonarios de pagarés en blanco y cinco pagarés escaneados y cumplimentados a nombre de ciudadanos extranjeros, ocho libretas de bancos y 19 tarjetas de crédito, cinco de ellas falsificadas, según la Dirección General de la Policía.

La Unidad Central de Extranjería, un servicio con jurisdicción en toda España, puso a disposición judicial a los detenidos. Según fuentes policiales, el juez ha decretado el ingreso en prisión de dos de las personas más implicadas en la trama, así como a otras cinco consideradas colaboradoras de la organización. A las mujeres que están irregulamente en España se les ha abierto expediente para proceder a su expulsión. Pero hay otras que tienen permiso de residencia.

Según fuentes de la investigación, las mujeres no eran liberadas por la banda una vez satisfecha la deuda de 40.000 dólares, sino que eran vendidas a otra banda para que siguiera explotándolas. Si las víctimas se quejaban del incumplimiento del contrato por parte de los explotadores, éstos doblegaban su voluntad amenazándoles con prácticas de vudú, lo que haría recaer graves males sobre ellas y sus familias.