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La Policía aplicó a los inmigrantes de Gandía la Ley de Extranjería y no les imputó ningún delito

Los expedientes abiertos por la Policía Nacional de Gandia contra los tres ciudadanos rumanos, una búlgara y un inmigrante ruso se apoyan en infracciones de la Ley de Extranjería. El documento se refiere explícitamente al artículo 53 en sus apartados A y B, que califica estos dos supuestos como sanciones graves. El primero de ellos se refiere a 'encontrarse irregularmente en territorio español', es decir, carecer de permiso de residencia en vigor. El segundo es 'encontrarse en España sin haber obtenido permiso de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar cuando no cuente con autorización de residencia válida'.

El abogado del sindicato Confederación General de Trabajadores (CGT), Vicente Martínez, manifestó ayer que han presentado alegaciones contra la solicitud de expulsión de los cuatro inmigrantes a los que se impuso un procedimiento -los tres rumanos y la búlgara- que sólo habilita 48 horas para presentar alegaciones. Martínez calificó de 'desproporcionado' no sólo el escaso margen para alegar, sino otras medidas como la retirada de pasaporte de los inmigrantes. Además, criticó que se haya optado por la expulsión y no por una multa, opción que contempla la ley.

De forma similar se pronunció Javier Botey, el abogado del Centro de Información de Trabajadores Migrantes de Valencia, organización vinculada a CC OO. Botey mostró su sorpresa por que se pretenda expulsar a los cinco inmigrantes amparándose en que son irregulares y que se haya optado por el procedimiento de urgencia.

Mientras, la Delegación del Gobierno insistió ayer en que el motivo del expediente de expulsión es que los cinco inmigrantes han cometido un delito que no especificaron. Estas fuentes señalaron que existe una operación abierta por la policía que aconseja no ofrecer detalles sobre el supuesto acto delictivo.

En Gandia,la portavoz de la asociación Papers per a totes y tots en La Safor, Cecilia López, lamentó la situación de los cinco inmigrantes. 'No entendemos que se considere un supuesto delito el estar sin papeles', recriminó López. La portavoz de la agrupación de inmigrantes recordó el 'compromiso verbal' de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carmen Mas, quien, tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Extranjería manifestó que no iba a permitir una persecución policial del inmigrante ni expulsiones hasta que acabaran las negociaciones. Los procedimientos abiertos a los cinco extranjeros, demuestran que 'se está criminalizando al inmigrante, sólo por el hecho de carecer de permisos', aseveró López. Desde la asociación Papers per a totes i tots se hizo ayer un llamamiento a la Delegación del Gobierno para que paralice los procesos de expulsión.

En este mismo sentido se manifestaron las agrupaciones locales del PSPV y Nova Esquerra en Gandia. Ambas emitieron ayer un comunicado conjunto en el que se solidarizaban con los inmigrantes expedientados y denunciaban la política 'estricta y rigurosa' de la Ley de Extranjería iniciada por la Delegación del Gobierno en Valencia. Tanto el PSPV como NE se mostraron a favor de desarrollar un proceso de 'negociación y no de ejecución de la ley', y afirmaron que con el inicio de los trámites de expulsión 'el Gobierno no deja margen para la negociación o el pacto social'.

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Los inmigrantes rumanos y el ruso fueron expedientados tras un control policial en la obra en la que trabajaban. La Policía Nacional de Gandia actuó contra ellos por carecer de permiso de trabajo y de residencia (sólo uno de ellos disponía de visado de turista). El sindicato CGT señaló ayer que el empresario para el que trabajaban se comprometió a tramitarles los permisos correspondientes, por lo que les 'engañó'. Además destacó que desconoce que la policía haya actuado contra el responsable de la empresa. La Ley de Extranjería prevé penas de hasta 10 millones de pesetas a las empresas que contraten trabajadores irregulares. La mujer búlgara, de 30 años, disponía de una oferta de empleo, según el abogado Vicente Martínez, y había intentado conseguir los permisos de residencia y de trabajo.

La Policía Nacional de Valencia evitó ayer pronunciarse sobre los motivos de la apertura de los expedientes a los cinco inmigrantes residentes en Gandia, y remitió, para cualquier información, a la Delegación del Gobierno.

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