Los socialistas acusan al Ministerio de Administraciones Públicas de ser 'juez y parte' en el 'caso Zona Franca'

El dictamen de la Dirección General del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) exculpando al dimitido delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro (PP), por la administración de empresas privadas a la que vez que ejercía su cargo público, ha dejado insatisfecho y 'perplejo' al PSOE. Este partido emprenderá acciones legales contra el firmante del informe, al que consideran 'juez y parte' en el asunto, al ser un cargo designado por el propio Partido Popular. El MAP cree acreditado que las empresas -cinco de ellas privadas- de Rodríguez de Castro sólo han servido para la gestión de su patrimonio personal, que es la única salvedad que permite la Ley de incompatibilidades.

Entre las empresas que gestiona, la mayoría constituidas después de acceder al cargo, figuran actividades coincidentes con alguna de las acciones del organismo fiscal, como las del campo de las telecomunicaciones. Otras firmas se dedican a la telefonía móvil y a la promoción inmobiliaria.

'Qué van a pensar los ciudadanos si, a partir de este dictamen, los cargos públicos nos lanzamos a crear empresas concurrentes con nuestras actividades públicas', se preguntó ayer Francisco González Cabaña, secretario del PSOE de Cádiz. 'El dictamen es una afrenta al sentido común y una burla a los ciudadanos y se produce un doble atropello: el de Rodríguez de Castro y el del Ministerio', añadió.

El PSOE va a emprender acciones legales contra el responsable del departamento que emite el dictamen, mientras que la presidenta del PP de Cádiz, María José García Pelayo, considera que con el dictamen se demuestra que el ex delegado 'está limpio' y que todo ha sido 'una estrategia' urdida por el PSOE. 'Es la más clara demostración de la mascarada del PSOE. Se desenmascara [con el dictamen del Gobierno] esta torpe estrategia de acoso y derribo; se han puesto claros los puntos sobre las íes', añadió.