El 82% de los españoles prefiere evitar la justicia porque es muy lenta

El 46% de los españoles cree que la Administración de Justicia funciona mal o muy mal y que tiene una imagen más anticuada que moderna. Pero es tan lenta que llegan al 82% los españoles que creen que lo mejor es evitarla. El último Barómetro de Opinión confirma que la Justicia continúa a la cola del aprecio ciudadano, junto a los partidos y los políticos. Al presentar estos datos, la vocal Elisa Veiga prefirió fijarse en el 65% que cree que, con todos sus defectos, la justicia constituye la 'garantía última de defensa de las libertades'.

A la vista los datos del Barómetro de Opinión encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la vocal encargada de Estadística, Elisa Veiga Nicole, destacó que la justicia merece un 'suspenso' como servicio público, aunque consigue el 'aprobado' si se la considera como estructura de defensa del Estado de Derecho. La vocal significó también que la confianza que inspira la justicia es de 2,7 en una escala de 1 al 5, y ha subido tres décimas en el aprecio ciudadano.

Según los datos del Barómetro, realizado por Demoscopia del 18 de septiembre al 9 de octubre entre 1.200 entrevistados, el ciudadano valora adecuadamente la independencia, imparcialidad, honradez, competencia profesional y responsabilidad de los jueces. El 51% considera que la justicia 'tiene la imagen que se merece'. El 39% cree que los jueces 'suelen actuar con total independencia', y el 49% opina que los tribunales 'suelen ser muy o bastante imparciales en su actuación', y que los jueces 'actúan con honestidad y honradez'.

La competencia profesional de los jueces es valorada por el 58% de los ciudadanos, que, sin embargo, cree que 'cuando un juez comete un delito es juzgado más benévolamente' que los demás justiciables. En cambio, los ciudadanos evalúan negativamente el acceso a la justicia: un 83% cree que 'el lenguaje y los procedimientos de los tribunales son excesivamente complicados y difíciles de entender para el ciudadano medio'. Y alrededor de la mitad dice 'haberse sentido intimidado o incómodo' o 'haber sido atendido de forma claramente impuntual'. El 60% de los justiciables asegura que no ha llegado a hablar personalmente con el juez.

Lentitud e ineficacia

Con todo, el punto flaco sigue estando en la lentitud y en la ineficacia. El 82% asegura que la justicia es tan lenta que más vale evitarla, y el 78 % opina que la lentitud perjudica a los más débiles e indefensos. El 56% cree que los jueces no se preocupan de las sentencias que dictan.

Las causas de la lentitud son atribuidas por un 80% de los encuestados a la actitud de alguno de los litigantes para retrasar el proceso. Para el 66%, los procedimientos están anticuados yel 56% cree que los jueces no trabajan lo que debieran. En lo que todo el mundo está de acuerdo (el 94%) es que es urgente la adopción de medidas que agilicen la justicia.

Elisa Veiga aseguró que el perfil de bajo rendimiento que se tiene de los jueces no se corresponde con la realidad estadística, ya que, sin contar los autos, el promedio de sentencias es de 400 por juez al año. La vocal destacó también el 'gran protagonismo' de la justicia en los últimos 15 años, en que se han duplicado las demandas y conflictos ante los tribunales. El pasado año 2000 entraron en los tribunales 6,3 millones de asuntos, y quedaron terminados por resolución judicial 1,8 millones.

El barómetro de duración de los procesos señala un dato calificado por Elisa Veiga como 'inasumible' por cualquier sistema judicial. El 43% de los pleitos, desde la primera instancia hasta la casación en el Tribunal Supremo, tardan un promedio de ocho años. Por jurisdicciones, en la civil, un pleito de menor cuantía tarda entre 8 y 14 meses; un juicio verbal, entre 5 y 7 meses; una separación matrimonial contenciosa, unos siete meses, plazo que se reduce a dos meses si es de mutuo acuerdo. El asunto civil tarda un promedio de dos años y medio en quedar resuelto en la Audiencia Provincial.

Pero el auténtico tapón está en la Sala de lo Civil del Supremo, donde la media es de cinco años antes de quedar resuelto. Veiga subrayó que no es un problema de productividad, sino que se trata de una Sala con 9 magistrados que 'es imposible que dé respuesta' a todos los asuntos que le entran. La vocal opinó que el dato pone de relieve la necesidad de reformar el recurso de casación, en línea con lo anticipado por el CGPJ el pasado año.

En la jurisdicción penal, un juicio de faltas tarda un promedio de cuatro meses; un asunto viene a durar cinco meses en un juzgado de lo penal, seis meses en la Audiencia Provincial, y un año y tres meses en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En lo contencioso, los asuntos viene a estar resueltos en los recién creados juzgados entre 6 y 8 meses. Pero en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) superan los 3 años, y otro tanto o más en el Supremo.

En lo social, los plazos son más razonables: en los juzgados de lo social los asuntos tardan entre 4 y 7 meses; en los TSJ, un año, y en la Sala de lo Social del Supremo, entre 10 meses y un año. Pasan a la fase ejecución el 15% de las sentencias, el promedio de tiempo de ejecución es de 18 meses, pero sólo se cobran una de cada tres pesetas otorgadas por los jueces en la sentencia.

[Agustín Corrales Elizondo fue nombrado ayer magistrado de la Sala Militar del Supremo en sustitución de José Francisco Querol Lombardero, asesinado por ETA en Madrid].