El PP exige que dimita la Síndic en funciones y anuncia su propósito de cambiar la ley

El Grupo Popular se quedó solo ayer en las Cortes y no logró su propósito de que el catedrátido Bernardo del Rosal, su candidato para sustituir al fallecido Luis Fernando Saura, fuera elegido Síndic de Greuges. Del Rosal no obtuvo los votos necesarios para resultar elegido -dos tercios-, ya que sólo le votaron los diputados populares, mientras que los socialistas votaron en blanco y los de Esquerra Unida no participaron en la votación en protesta por su marginación del proceso negociador. La frustrada elección de ayer ha agrandado la crisis institucional abierta en torno a la renovación del Síndic.

El PP ha quemado de esta forma a un candidato que en otras condiciones podría haber contado con el apoyo de los grupos de la oposición. Si los populares hubieran negociado la candidatura, en lugar de presentarla de forma unilateral, probablemente el resultado habría sido distinto.

Pero el PP se negó a aplazar la votación, como habían solicitado los socialistas, que además proponían una serie de iniciativas para dar un nuevo impulso a la institución del Síndic de Greuges. Entre éstas figuraba la de someter al candidato a Síndic a un examen previo en la comisión de Peticiones de las Cortes, un procedimiento que en el futuro se haría extensivo a otros cargos elegidos en las Cortes, como los del Consell Valencià de Cultura, la Sindicatura de Cuentas, el Consejo Jurídico Consultivo o la Acadèmia Valenciana de la Llengua. El PSPV también condicionaba su apoyo a la aceptación de la comparecencia de la actual Síndic en funciones, Emilia Caballero, para presentar la memoria de la institución correspondiente al año pasado y para explicar su dictamen en torno al proyecto del barrio de El Cabanyal-Canyamelar de Valencia.

Frente a ello, el PP insiste en desvincular la elección del nuevo Síndic de todo lo demás, en especial de la comparecencia de Caballero, que rechaza de plano.La crisis institucional abierta en torno a la elección de un nuevo Síndic de Greuges tiene pocos visos de resolverse de forma satisfactoria porque populares y socialistas mantienen posturas muy alejadas. El principal y casi único motivo de la discordia, que ha llevado a la actual situación de bloqueo, está relacionado con Emilia Caballero, nombrada en su día Síndic adjunta a propuesta del PSPV y titular en funciones de la institución desde el fallecimiento, en octubre pasado, de Luis Fernando Saura. Su informe negativo sobre el proyecto urbanístico de El Cabanyal y las explosivas declaraciones que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, realizó contra Caballero al conocerlo han enturbiado las relaciones entre populares y socialistas. El propio Alejandro Font de Mora, portavoz del Grupo Popular, admitió ayer que el 'principal problema' que ha dificultado las negociaciones con los socialistas es el citado informe, que, afirmó, 'estaba impulsado desde un criterio oportunista para apoyar las tesis de un partido [en referencia al PSPV], cosa que es incompatible con la función neutral que debe desempeñar un Síndic'.

En estas condiciones, si ninguno de los dos grupos cede, la crisis se prolongará hasta que, transcurrido el nuevo plazo de tres meses que concede la Ley del Síndic de Greuges para la renovación de su titular, se llegue a un atolladero del que probablemente sólo se podrá salir mediante una modificación de la ley, una posibilidad que el PP reiteró ayer. Aunque, según Font de Mora, no se trataría 'necesariamente un cambio de mayorías' para poder elegir al Síndic por mayoría absoluta, sino que se podría buscar 'algún mecanismo que facilite a los partidos llegar a un consenso'. Mientras tanto, Font de Mora propuso ayer otra salida, al pedirle a Emilia Caballero un 'acto de generosidad': que renuncie a su cargo 'en aras de que los dos partidos mayoritarios salven el principal escollo de las negociaciones' para elegir al nuevo Síndic.

Una propuesta que el portavoz adjunto del PSPV, Andrés Perelló, tachó de 'patética e impresentable'. Perelló dijo que 'cada vez que alguien discrepa del PP, [los populares] lo consideran fuente de conflictos y establecen una política de purgas', y afirmó que Caballero 'se ha limitado a ejercer su función democrática y legal', a pesar de lo cual el PP cree que debe ser 'purgada'.

'Si lo que ahora plantea el PP es cambiar todas las leyes que exigen consenso, se demostrará clarísimamente cuál es su talante', señaló, por su parte, el portavoz socialista, Joaquim Puig. 'Estamos viviendo en las últimas semanas una especie de contrarreforma en el sentido de radicalización de posiciones autoritarias del PP', agregó Puig, quien mostró su esperanza en que a los populares 'se les pase esta fiebre momentánea' para que las Cortes vuelvan 'a la normalidad democrática e institucional'.