¿Por qué se llevan a los niños?

Alrededor de una decena de mujeres y algunos de sus maridos están encerrados desde el pasado jueves, varios de ellos en huelga de hambre, en la sede la Asociación Pro Derechos Humanos de Sevilla para exigir que la Junta de Andalucía les devuelva a sus hijos. Estas personas consideran que la retahíla de miserias que les ha regalado la vida no cesa y que, por pobres, hasta les roban a sus hijos.

Entre las voces de las mujeres y hombres repartidos alrededor de una enorme mesa destaca el lloro de Rocío. A esta mujer los servicios sociales de la Junta de Andalucía le quitaron hace cuatro años a sus dos hijos, de dos años y cuatro meses entonces. Rocío no lo niega e incluso corrobora con una foto que la drogadicción le había llevado a no poder cuidar de nadie. La cara llorosa, pero ahora con carne y color, contrasta con la calavera viva de la foto. Tiene trabajo, cotiza a la Seguridad Social, vive con sus padres y no se pica más. Además, el 25 de julio pasado, la Sala Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla le dio la razón y exigió que le fueran devueltos sus hijos. La orden debía haberse cumplido el pasado 15 de septiembre, pero no fue así, y por eso ayuna.

No es la primera vez en la que las decisiones de la Audiencia de Sevilla y el juez de Familia Francisco Serrano chocan. Los ya famosos casos de la niña de Benamaurel, a la que la Audiencia de Sevilla ordenó regresar con su primera familia adoptiva -tuvo tres-, pero el juez Serrano y la presión social motivaron que se quedara con la familia de acogida, o los de la Colonia Niño Sergio son claros ejemplos de que lo que debería ser una delicada y afinada maquinaria a veces no es más que una torpe máquina que proporciona desgarros y dolor. Los padres no entienden las razones de las administraciones para quitarles a sus niños, pero lo peor es que muchas veces ni los jueces se entienden con los jueces, ni los jueces con los fiscales o los funcionarios locales.

El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, reclamaba ayer que se trabajara más en los niños y en las familias, en el desarrollo o la ayuda integral al núcleo familiar no sólo para preservar los derechos inalienables e indiscutibles de los menores, sino para que éstos se desarrollen, salvo en los casos más extremos, en la forma más natural, que no es otra que junto a sus padres y hermanos.

Las familias encerradas en la sede de Derechos Humanos aseguran que sólo les quitan los hijos a los pobres. El delegado provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Sevilla, Francisco Obregón, se indignaba ayer ante esta acusación y aseguraba que la Administración no es ninguna ladrona, sino que es la 'última protección que tiene un menor que está en peligro'. Obregón afirmaba que sería hipócrita decir que no se han equivocado nunca o que no ha habido abusos, y se ofrecía a que los casos de las mujeres encerradas se vieran uno por uno.

La retirada de un menor viene siempre precedida de una denuncia previa. Según un estudio de la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz de 1999, la mayoría de éstas provienen de los servicios sociales comunitarios (35%), la fiscalía (25%), hospitales (5%) o colegios (2%). Una vez que alguien da la voz de alarma, se inicia una investigación por la Administración pertinente, en la que debería de haber reuniones con los padres e informes de los equipos técnicos. Bastantes veces esto no es así, tal y como han probado los tribunales. Chamizo destaca que los informes que realizan los servicios técnicos de la Administración andaluza en ocasiones dejan mucho que desear. Lo peor es que esos suelen ser los informes en los que se basa la aproximación del juez al caso, y a la familia afectada no le queda más remedio que remar contra esa corriente.

Entre las encerradas en Sevilla está Ángela, que hace unos años pidió ingresar junto a sus tres hijos en una casa para mujeres maltratadas por las palizas e insultos que recibía de su pareja. No había sitio. Entonces decidió entregar a sus hijos a la Junta para que cuidaran de ellos. Ahora los menores viven con dos familias de acogida diferentes.

También están las historias de Dolores, de María del Carmen, de José Manuel... Unos más claros que otros, pero que con esta medida extrema han abierto en Andalucía un debate que puede afinar el mecanismo para que el sistema protector no llegue a convertirse en una fuente de dolor y marginación.