Tribuna:EL DEBATE ELÉCTRICOTribuna
i

La espiral intervencionista

Desde la promulgación de la Ley del Sector Eléctrico (LSE), en noviembre de 1997, las normas han desaparecido y han sido sustituidas por la intervención del Gobierno en los asuntos eléctricos... con el consentimiento de las empresas que, a través de esa intervención, confiaban en su propia presencia en las decisiones. Así nació la legislación vigente. Fue el desarrollo del Protocolo Eléctrico, documento pactado entre el Gobierno y las empresas durante los últimos meses y los primeros de 1996 y 1997.

Liberalización y regulación no son conceptos contrarios. Son conceptos complementarios. Ambos se necesitan mutuamente. No puede haber liberalización sin regulación porque la regulación hace posible que los agentes económicos concurrentes (todos) puedan desenvolverse con libertad y certidumbre. La liberalización sin un adecuado marco regulatorio conduce al desarrollo de posiciones de dominio y de prácticas colusivas que limitan la libertad de todos en beneficio de algunos. Quienes defienden la incompatibilidad entre liberalización y regulación no son liberales, sino mercadistas. Son quienes creen en el mercado (y digo bien al decir que creen) como un fin y no como un medio para alcanzar el bienestar. El bienestar, que no es otra cosa, al fin y al cabo, que el equilibrio (en su más amplia y común acepción económica, jurídica, política y social), en la asignación eficiente de los recursos disponibles y generados.

Hay, sin embargo, un concepto que sí es contrario al de liberalización y a su complementario, regulación. Es el concepto de intervención. La intervención sólo es aceptable bajo circunstancias extremas tasadas y ella misma debe estar regulada.

Proclamarse liberal, hoy, más de un siglo después de que en este país se fundara la Institución Libre de Enseñanza, y de los acontecimientos históricos que han mediado, cuando ya el concepto de libertad está incorporado a nuestra cultura como un valor moral es, cuando menos, sospechoso. Viene a ser como una apropiación excluyente típica del pensamiento único. En general (a salvo no pocas excepciones) esas autoproclamas continuas y reiterativas de liberalismo, en estos asuntos de la economía, las hacen los mercadistas, no los liberales, y las hacen para disminuir la presencia de lo público y para aumentar la presencia de lo privado. Para sustituir la regulación por la autorregulación... que siempre es corporativa, aunque se escude en el interés general y en el interés de los consumidores.

Éste no es un Gobierno liberal y en su acción de gobierno no está liberalizando. Lo que está haciendo es disminuir la presencia de lo público en su dimensión regulatoria (que es cosa muy diferente) para poder conducirse sin las ataduras de la norma, mediante la intervención. Es un Gobierno que regula poco y que interviene mucho como los sastres que estereotipan la postura de sus clientes para que el traje les quede bien.

El establecimiento de los costes de transición a la competencia (CTC), sobre la base de cálculos desconocidos; la determinación de la garantía de potencia, que es modificada no de manera discrecional sino arbitraria; la imposición, bajo supuestos inverosímiles, de un precio máximo (6 pesetas por kilovatio por hora) a la energía vendida en el mercado spot de la electricidad; el veto sin condiciones a la OPA de Unión Fenosa sobre Hidrocantábrico y las limitaciones legales a las participaciones públicas en el sector energético (Ley 55/1999 de acompañamiento a la Ley de Presupuestos de 2000) que prohíbe la presencia de accionistas comunitarios con participación pública en el accionariado de las empresas eléctricas españolas, son todos ellos ejemplos claros y determinantes de que la legislación vigente en materia eléctrica es pura intervención que esconde una regulación mediocre y llena de carencias.

No todas, pero sí algunas de las condiciones impuestas por el Gobierno a Iberdrola y Endesa introducían elevados costes y dificultades a la fusión sin aportar ningún beneficio relevante al sector, a la competencia, a los consumidores, al sistema... Eran, por tanto, (esas algunas) inútiles y ociosas. Muchas de las razones dadas a este respecto por Endesa e Iberdrola en su comunicado de desistimiento no están carentes de fundamento. Todo este asunto ha resultado ser la prolongación de un exceso de intervencionismo en cuestiones de ámbito meramente empresarial que deja incólumes las perversiones regulatorias de una liberalización falsa. Al revés de que como deberían haber sido hechas las cosas.

El Tribunal de Defensa de la Competencia, finalmente, ha venido a ser un mal consultor de sastres. Él mismo ha reconocido que la regulación no conduce a la competencia, pero no podía, no quiso o no supo proponer cambios del 'patrón' y acabó aconsejando forzar las posturas para que el traje le quedara bien al cliente. En esas posturas Iberdrola y Endesa se han encontrado incómodas y han optado por prescindir de ese traje que, en este caso, no había sido hecho a su medida, sino a la medida de una regulación mercadista e interventora. Sin duda, hemos asistido a la pérdida de una gran oportunidad que hubiera venido de la mano de una reestructuración corporativa del sector eléctrico, con la incorporación de más de dos operadores al sistema (podrían haber llegado a ser cuatro o cinco), de cambiar el actual sistema regula-torio (insuficiente e inadecuado para la electricidad) y de disponer de una gran empresa, diversificada y multinacional, con sede en España.

Y ahora, este país se enfrenta a riesgos difusos, en este asunto nada despreciable de la industria eléctrica, que vendrán de la mano de las tomas de control por empresas transnacionales de importantes empresas españolas (Iberdrola y Unión Fenosa, además de Hidrocantábrico, y de sus grupos industriales) que podrían aprovechar las oportunidades (aquí perdidas) con centros de decisión alejados y con una implantación industrial nula siempre proclive a estrategias de deslocalización.

Las empresas eléctricas son empresas poderosas por su dimensión industrial, económica y financiera, por su secular cultura monopolista y por prestar un ser-vicio esencial. Sus gestores han actuado en algunas ocasiones (aunque pueda no ser la fusión el caso) más como poderosos hombres de negocios que como empresarios y su instinto de poder (de influencia) se ha sobrepuesto, con frecuencia, a sus intereses empresariales. De este modo se han mostrado partidarios de la liberalización sin ahondar demasiado en consideraciones sobre la inconveniencia que para la industria eléctrica podría suponer dejarla abandonada a la suerte de un mercado en el que la presencia pública regulatoria sería limitada e insuficiente, con el campo abierto, en consecuencia, a las incursiones intervencionistas del Gobierno o de otras entidades administrativas.

No cabe la menor duda de que en el fondo de esas posiciones existía no tanta fe en el mercado como fe en sí mismos, o lo que es lo mismo, un deseo de cambiar la regulación por la autorregulación confiando en una presencia oculta de las empresas tras la intervención. Pero la intervención parece haber adquirido vida propia.

Si así estuviera siendo, el instinto de poder de los gestores eléctricos habría traicionado sus objetivos empresariales que paradójica-mente se verían en situación de tener que ser recuperados por los reguladores, es decir, por los liberales, sea esto dicho en honor de un buen amigo mío economista que también lucha por la recuperación del lenguaje. Por la recuperación del lenguaje, al menos, para no quedarnos mudos.

Jorge Fabra Utray es economista y ha sido presidente de Red Eléctrica de España.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 17 de febrero de 2001.