La crisis de Sintel acampa en la Castellana

El administrador único y presunto dueño de la empresa no tiene despacho y sus trabajadores están acampados a la intemperie en el madrileño paseo de la Castellana. Esta situación puede parecer kafkiana, pero define perfectamente la situación de Sintel, la antigua filial de Telefónica dedicada a la instalación de redes, que atraviesa momentos agónicos: en suspensión de pagos desde junio pasado y con un expediente de regulación de empleo (ERE) encima de la mesa que afecta a 1.201 de sus 1.818 trabajadores.

La crisis de Sintel no es nueva. Arranca casi el mismo día en que Telefónica, entonces una empresa con mayoría de capital público presidida por Cándido Velázquez, decidió vender esta filial al empresario cubano norteamericano Jorge Mas Canosa, que tenía a gala haber participado en el desembarco de Bahía de Cochinos para derrocar a Fidel Castro.

El plan del nuevo dueño, Carlos Gila, concibe un triple acuerdo: Gobierno, Telefónica y sindicatos

La transacción se produjo en abril de 1996, con el Parlamento disuelto tras las elecciones generales, y contó con el beneplácito del PSOE -en el Gobierno en funciones- y el asentimiento del PP, cuyo líder, José María Aznar, coincidía entonces con la visión sobre el futuro de Cuba de su amigo Mas Canosa. Tan sólo IU se atrevió a pedir explicaciones en el Parlamento.

La operación consistió en la venta de Sintel a MasTec, sociedad de Mas Canosa, por 4.900 millones, de los que Telefónica aún no ha cobrado 3.500 millones. La operadora le garantizó además una carga de trabajo de 75.000 millones de pesetas en tres años, hasta 1999.

Fue precisamente al expirar el contrato con Telefónica cuando comenzaron a aflorar los problemas. Coincidiendo con la reducción a una tercera parte de los pedidos de la operadora a su ex filial, Mas Canosa anunciaba la venta de su 87% por 7.900 millones a un grupo de inversores españoles no identificados, que incluía a Juan Antonio Casanova y Ricardo Campos, consejero delegado y vicepresidente, respectivamente, de Sintel. El máximo cargo de la compañía recaía en manos de Jorge Mas Santos, que asumió la presidencia de la empresa tras la muerte del patriarca, en noviembre de 1997.

Con estos precedentes, la historia no podía tener un final feliz. El 9 de junio de 2000 se presentaba en los juzgados de Madrid la suspensión de pagos con un pasivo de 24.000 millones y un activo de 33.000 millones. En el plano laboral no iban mucho mejor las cosas. Tras fracasar en septiembre un primer ERE para deshacerse de 889 empleados, el 22 de diciembre pasado se presentaba el expediente definitivo para 1.201 trabajadores, el 70% de la plantilla, e hizo estallar definitivamente el conflicto social. Por si fuera poco, la crisis de Sintel también tiene una bifurcación judicial. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias al hallar indicios de irregularidades en la venta y gestión de la empresa, tras una denuncia presentada por el comité de empresa que recoge, entre otras presuntas tropelías, el desvío de dinero por parte de los administradores a paraísos fiscales como las Islas Vírgenes.

¿Quién querría hacerse cargo de una empresa en esta situación? La respuesta es Carlos Gila, un ejecutivo de 34 años, presidente hasta hace unos meses de la empresa pública Alicesa y consejero de Ebro Agrícolas, y buenas relaciones en el entorno del PP. Apareció de repente en julio pasado y asumió ser nombrado administrador único. Hace unos días dio el segundo paso al comprar la empresa por dos euros (332 pesetas) a MasTec International, la sociedad tenedora de acciones con sede en Miami, cuyos accionistas últimos siguen siendo una incógnita.

Gila, que se mantiene en el anonimato, ha diseñado un plan de viabilidad que pasa por un acuerdo a tres bandas. En primer lugar, con la Administración (ministerios de Trabajo y de Ciencia y Tecnología), para que apruebe el expediente de regulación y le conceda créditos blandos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En segundo lugar, con Telefónica, para que le garantice pedidos por 30.000 millones de pesetas en los próximos tres años, en los que espera unos ingresos de 46.000 millones. Y en último lugar, requiere un acuerdo con los sindicatos, para que abandonen la acampada, vuelvan al trabajo y acepten no sólo los despidos, sino recortes en sus derechos laborales para mejorar la productividad desde siete hasta 15 millones de pesetas de ventas por empleado y año.

El plan prevé unas necesidades de financiación hasta 2004, excluyendo las que se deriven del futuro convenio de acreedores, de 14.319 millones de pesetas, de los que 2.355 corresponderían a este año.

La situación de partida no es nada halagüeña. Según el balance presentado a los interventores judiciales, las pérdidas estimadas para el cierre del año pasado se elevan a 9.388 millones, con una cartera de pedidos reducida a 2.600 millones, frente a los 28.000 de hace un año.

Pero el punto del plan que se antoja de más difícil asunción es el que se refiere a la plantilla. De los 1.201 trabajadores que recoge el ERE, sólo 700 podrían acogerse a algún tipo de salida negociada (bajas incentivadas, recolocación, etcétera).

Y todo esto, ¿para qué? Carlos Gila lo deja claro en su plan de viabilidad. La solución última es la búsqueda de un socio estable que, una vez saneada la empresa, entre en el capital de la misma, previo pago.

Todos -Gobierno, dirección, sindicatos y Telefónica- dicen que están dispuestos a arrimar el hombro, pero por ahora no han pasado de las buenas intenciones. Los próximos días serán decisivos. La Dirección General de Trabajo debe decidir sobre el ERE; la intervención judicial dictaminará sobre el convenio de acreedores, y la junta de accionistas de MasTec tiene que aprobar la venta de Sintel a Gila.