Varios ganaderos acordaron con Agricultura silenciar durante dos meses la peste porcina

La epidemia afectó a más de un millar de explotaciones ganaderas de seis comarcas leridanas y obligó a sacrificar alrededor de 900.000 cerdos. El brote tuvo un coste para las administraciones públicas de casi 20.000 millones de pesetas.

Aunque públicamente nadie se atreve ahora a explicar los detalles de aquel pacto ni a revelar el nombre de las personas o empresas que lo impulsaron, las mismas fuentes del sector ganadero y veterinario aseguran que el objetivo de la iniciativa era evitar los graves perjuicios económicos que podía acarrear para el sector el reconocimiento de una epidemia de declaración obligatoria como la peste porcina. Esto hubiera supuesto, dicen las fuentes consultadas, el cierre de fronteras a la exportación de porcino durante largo tiempo.

En un principio, cuando a mediados de febrero de 1997 se sacrificaron 1.800 lechones en una granja de Bellvís ante la sospecha de que podían estar infectados, se decidió mantener en secreto el resultado de los análisis porque se pensó que sería un brote aislado y fácil de controlar. Fue entonces cuando un grupo de ganaderos, preocupados por la situación, decidió de común acuerdo con la Administración autonómica, actuar con la máxima cautela a la hora de facilitar información referida a la peste porcina, dicen las citadas fuentes.

Mientras se optaba por dirigir todos los esfuerzos a negar que el resultado de los análisis estaban dando positivo, el virus se iba propagando con tal virulencia entre la cabaña de Lleida -una de las más importantes de España- que el Departamento de Agricultura no tuvo otro remedio que reconocer la existencia de la peste porcina. Marimon ha negado rotundamente que existiera un pacto de silencio en los primeros momentos para ocultar la peste. 'La declaré en el momento en que el laboratorio de referencia del porcino de Algete [Madrid] confirmó que los resultados de las analíticas eran positivos. Curiosamente, cuando nadie sabía con certeza si había peste, fue el sindicato Unió de Pagesos [UP] el que me pidió que no la declarara, y de eso tengo testigos', ha señalado el ex consejero de Agricultura. UP niega haber hecho una propuesta tan irresponsable. 'Si fuera como él dice, no le habríamos denunciado', responde un dirigente de la organización agraria, que recuerda que presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

Un responsable de la empresa leridana Vall-Companys, que representa el 8% de la producción nacional de ganado porcino, ha explicado que de ningún modo puede hablarse de la existencia de un pacto secreto entre el sector y la Generalitat para ocultar la peste, sino de un 'pacto de prudencia' entre todas las partes implicadas 'para no crear una alarma social innecesaria' hasta que los veterinarios hubieran confirmado las sospechas. 'Mantener en secreto durante tanto tiempo una epidemia como la peste porcina clásica hubiera sido imposible y, además, el sector no es tan estúpido como para suicidarse', añadieron estos medios.

Todos los productores de porcino consultados han coincidido en defender a ultranza la actuación de Marimon durante el tiempo que duró la peste. 'Como en un primer momento no se tenía la certeza de que hubiera la peste, Marimon asumió personalmente una responsabilidad y gracias a su eficiente gestión se impidió que la epidemia se propagara a Barcelona y Girona', indicó el directivo de otra importante empresa agroalimentaria. 'Todos, incluso el sindicato que le ha denunciado, debemos estarle agradecidos porque gracias a él se salvó el sector porcino en Cataluña'.

El 23 de febrero de 1998, un año después de detectarse los primeros focos de la peste en Lleida, la Fiscalía de Barcelona recibió la denuncia de UP por los presuntos delitos de prevaricación, imprudencia, daños, tráfico de influencias y omisión del deber de perseguir los delitos. El sindicato agrario señalaba como autor de estos presuntos delitos a Marimon, en calidad de máximo responsable de la política sanitaria del Departamento de Agricultura y único órgano competente para declarar la peste sin perjuicio de que la acusación pudiera ampliarse también a la entonces ministra de Agricultura Loyola de Palacio.