La fusión ponía en peligro la rivalidad en el sector
El Tribunal de Defensa de la Competencia abogó por imponer fuertes restricciones a la operación de fusión si el Gobierno decidía aprobarla. Entre ellas, fijar seis meses para vender activos; método de ventas por subasta y limitar al 35% la capacidad de generación de la nueva compañía. Pero, según su informe, tenía razones para ser duro. Así por ejemplo, explica que si se pasara de cuatro operadores en el mercado, con cuotas de entre el 40% y el 5% del mercado eléctrico 'a otra [estructura] de cinco o más agentes fuertes', con cuotas de entre el 40% y el 10% del mercado, 'la empresa resultante de la fusión se convertiría (...) en la única empresa estratégica'. En otras palabras, el supuesto segundo competidor de la que hubiera sido la nueva Endesa-Iberdrola, se habría alejado aún más de lo que ahora están el primer y segundo competidor (Endesa e Iberdrola).
Asimismo, el organismo afirma que el proyecto al que aspiraban ambas compañías habría supuesto una mejora sustancial de su capacidad de generar electricidad. 'La empresa', asegura el Tribunal, 'mantendría una estructura de generación similar a la que tendrían Endesa e Iberdrola si concentrasen todos sus activos'. 'Más concretamente', prosigue, 'la empresa resultante de la fusión incrementaría su capacidad de generación hidráulica en el total de su capacidad del 28% al 40%-45%, reduciéndose la térmica [menos rentable] del 50% al 35%-40% y aumentando ligeramente el porcentaje de generación nuclear del 28% al 20%-25%'.
Con ello, la capacidad de generación habría sido más equilibrada que la que tenía cada empresa separada.
