Competencia denuncia 'lagunas normativas' que benefician a las grandes empresas eléctricas

Aunque el dictamen del Tribunal de la Competencia sobre la fusión Endesa-Iberdrola, aconsejando primero que no se aprobara y, después, que si se permitía fuera con fuertes limitaciones, se conoce desde el día 23 de enero (véase EL PAÍS de dicho día), el informe completo que precede al dictamen se hizo público ayer en su totalidad en Internet (www.mineco.es/tdc), 13 días después de la decisión del Consejo de Ministros sobre la fusión.

El informe recoge importantes consideraciones sobre el sector eléctrico. El organismo que preside Gonzalo Solana destaca que 'con ocasión de este expediente, el Tribunal ha constatado que aún moviéndose el sector [eléctrico] en un marco normativo de liberalización, las lagunas, debilidades y vaguedades normativas de determinados aspectos (las medidas y los procedimientos de autorización, la regulación de las restricciones técnicas, las demoras en el acceso a tercero a las redes o la falta de transparencia en la información sobre los clientes), no hacen sino favorecer a las grandes empresas del sector'.

Conclusión

Esta conclusión del Tribunal choca con lo adelantado la pasada semana en el Congreso por el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, quien aseguró que el fracaso de la fusión no supondrá cambios normativos y regulatorios en el sector. Todo lo contrario de lo que pide el PSOE, que, a través de su diputado Jordi Sevilla, ha presentado una interpelación urgente al Gobierno en la que le insta a adoptar un nuevo marco regulatorio.

El informe del Tribunal de la Competencia desvela también que la operación de fusión sólo contó con tres opiniones favorables entre las empresas y asociaciones consultadas: la de las propias compañías en proceso de fusión y la de la asociación empresarial del sector eléctrico, Unesa. Todos los demás consultados (Unión Fenosa, Hidrocantábrico, Gas Natural, Repsol YPF, la Federación de Industrias Químicas, la Asociación de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica y la compañía Enron) cuestionaron seriamente la operación.

Enron puso el acento en los llamados costes de transición a la competencia (CTC), que las cuatro eléctricas españolas cobran desde 1998. En opinión de la compañía estadounidense, recogida en el informe, Endesa e Iberdrola plantearon su fusión para mejorar su posición de dominio 'y para contrarrestar una posible pérdida de ingresos por CTC'.

Sobre las ayudas eléctricas, el Tribunal da una opinión nada favorable. Señala que estas ayudas, cuya fórmula de cobro ha modificado el Gobierno por decreto, desincentivan la entrada de nuevos operadores eléctricos en España. Y ello por dos razones, 'porque impiden que los precios del pool [mercado liberalizado] reflejen la realidad y la transmitan al mercado' y porque imponen 'rigideces tales que incrementan el riesgo percibido por los nuevos entrantes sobre la recuperación de sus inversiones' .