Modus operandi

El Ayuntamiento de Alicante aprobó, el pasado martes, el plan especial de la Ciudad del Cine, que habrá de edificarse próximamente en la zona de Aguamarga, en la salida sur de la capital. Se construirán, en esta Ciudad del Cine, estudios y otras instalaciones donde, aseguran nuestras autoridades, vendrán a filmarse importantes películas y series de televisión, lo que supondrá una gran riqueza para la población de Alicante. Estas instalaciones, se acompañarán con otras edificaciones residenciales y hoteleras que, afirman nuestras autoridades, serán ocupadas por las personas que acudan a trabajar a este lugar.

La aprobación del plan ha estado envuelta en la polémica, como suele ocurrir con frecuencia en estos asuntos de urbanismo. Los partidos de la oposición votaron, naturalmente, en su contra. Los técnicos municipales, por su parte, formularon numerosas objeciones, algunas de ellas de gran calado. No han influido estas objeciones en los concejales del Partido Popular que, una y otra vez, han defendido la importancia que tendrán para Alicante estos estudios y lo necesario de su construcción. Recordemos, para situar al lector, que el plan aprobado supone la calificación de más de tres millones de metros cuadrados de terreno, de los que aproximadamente la mitad corresponden a suelo no urbanizable.

¿Cuáles han sido las objeciones expresadas por los técnicos municipales a este plan? Las objeciones han sido varias, pero las resumiríamos diciendo que, en la opinión de estos especialistas, el plan resulta ambiguo y falto de contenido: 'No sólo carece de una ordenación en las zonas hotelera y dotacional, sino que tampoco define el régimen urbanístico por el que se llevarán a cabo las actuaciones de urbanización y edificación'. Dicho de otra manera, la Consejería de Obras Públicas podrá hacer y deshacer a su gana en esta Ciudad del Cine.

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Alicante desoye a los técnicos. Una situación semejante se produjo, meses atrás, en torno al Palacio de Congresos. En este caso, además, se orilló el informe de la Inspección Técnica de Patrimonio, opuesto a la construcción del edificio en el monte Benacantil y se modificó el Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Especial que protegía al monte. El Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat Valenciana emitió, en su día, un dictamen en el que establecía que la tramitación urbanística se había hecho con absoluta corrección.

El pasado domingo, en estas mismas páginas, el periodista Mariano Sánchez recordaba cómo se construyó, allá por el final de los sesenta, en plena dictadura del general Franco, el Hotel Meliá de Alicante, un edificio singular por aquel tiempo y hoy repudiado por los alicantinos. También entonces fueron consultados los técnicos municipales y su informe resultó negativo: el Meliá no debía edificarse. Naturalmente, el Meliá se construyó. Bastó que la Permanente Municipal manifestara que Alicante precisaba instalaciones hoteleras de categoría, que supondrían un extraordinario beneficio para la ciudad, para que el proyecto se aprobara. Después, la Comisión Provincial de Urbanismo lo consideró edificio especial y el caso quedó resuelto. Todo se tramitó, por supuesto, dentro de la más absoluta legalidad.