Los ejecutivos central y vasco se echan la culpa de tener paralizadas las transferencias pendientes

De manera periódica resurge el conflicto sobre las transferencias. Ahora tiene unos tintes más preelectorales que nunca y las posibilidades de resolverse parecen más remotas, sobre todo teniendo en cuenta que el lehendakari convocará los comicios en fecha próxima.

El Consejo de Gobierno, no obstante, mantiene la beligerancia de anteriores ocasiones, en que tampoco se llegó a un principio de solución. Ayer aprobó un acuerdo formal en el que reitera su 'disposición a retomar las negociaciones'. Se trata, en el fondo, de una declaración de intenciones no exenta de sentido político, ya que el texto aprobado recuerda cómo en mayo del año pasado el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, dirigió una carta a la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, en la que decía: 'No te oculto que la actual situación política en tu comunidad autónoma puede repercutir en la fluidez de dicho diálogo'.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, hizo público el contenido de esta misiva y lo utilizó como argumento para, a la vez que pedía retomar las conversaciones 'con total normalidad', criticar 'el poco rubor [del Gobierno central] a la hora de justificar el incumplimiento del Estatuto' de Gernika. 'Planteamos un proceso de negociación abierto y serio, de modo que cualquier negativa sería políticamente inaceptable', anticipó Imaz, quien se preguntó 'cómo puede explicar esto el PP, que habla mucho de Estatuto y luego niega su cumplimiento'. 'Esta situación', concluyó, 'debe ser encauzada'.

Cuatro competencias

La contestación del Gobierno central sigue una línea similar a la de Imaz, en tono reivindicativo. Se ha canalizado a través de dos respuestas parlamentarias en el Congreso a sendas preguntas formuladas por Josu Erkoreka (PNV) y Begoña Lasagabaster (EA). El Ejecutivo central contraataca asegurando que el Gobierno vasco mantiene unas posiciones 'inflexibles'.

En sus contestaciones parlamentarias, el Gobierno afirma haber propuesto 'múltiples alternativas' para negociar las transferencias, pero que 'no ha habido más respuesta que la reiteración por los representantes de la comunidad autónoma de su negativa a la aceptación del traspaso'. El asunto objeto de polémica se refiere a cuatro competencias concretas: el Inem, los centros penitenciarios, la investigación científica y tecnológica y la gestión de las autopistas A-1 (Burgos-Armiñón) y A-68 (Bilbao-Zaragoza) en los tramos que discurren por territorio vasco.

El Gobierno central insiste en que está 'abierto' a retomar las negociaciones 'de manera inmediata', pero dice chocar contra las posiciones cerradas de la otra parte: 'Es imprescindible aportar nuevas propuestas o enfoques que permitan situar la negociación en el marco constitucional y estatutario'. En este sentido, sobre todo en cuanto a la transferencia del Inem, las posiciones de ambas administraciones están enrocadas. El Gobierno vasco pide la posibilidad de crear un Inem propio, mientras que Madrid sólo está dispuesto a ceder las políticas activas, pero no la recaudación de las cotizaciones de los trabajadores. Por eso, el Gobierno central entiende que el Ejecutivo vasco quiere saltarse el actual marco constitucional y estatutario.

Josu Erkoreka tacha esas afirmaciones de 'vacías y falaces' porque, según opina el diputado peneuvista, 'el Estado no opera con lealtad al sistema autonómico' porque no facilita a las comunidades 'los medios que precisan para activar las competencias que tengan atribuidas en sus respectivos estatutos de autonomía'.

Pero hay quejas idénticas en las dos partes. Al igual que hace el Ejecutivo autónomo, el Gobierno central lamenta que, aunque ha ofrecido a la Vicelehendakaritza 'el cauce adecuado para retomar de forma fructífera los trabajos bilaterales', no se ha recibido 'respuesta alguna'.